El Parlamento Latinoamericano instó hoy a los gobiernos de la región a promover la ratificación y aplicación práctica de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en favor de los indígenas.
La resolución de la Comisión de Asuntos de Pueblos Indígenas y Etnias recuerda que la convención establece "medidas educativas, económicas, políticas y sociales para garantizar la participación y la toma de decisiones" por parte de las comunidades autóctonas.
Reunida en la sede del Parlatino, en Sao Paulo, el viernes y sábado, la comisión manifestó también su condena a la muerte de Galdino Jesus dos Santos, indígena pataxó brasileño, quemado vivo en Brasilia en abril por jóvenes de la clase media local.
La autonomía de las comunidades indígenas, prevista en la convención de la OIT, dificulta su aprobación en algunos países, como Bolivia y Costa Rica, dijo a IPS el presidente de la Comisión, el diputado nicaragüense Leonel Pantin Wilson.
El concepto suscita temores a movimientos independentistas, explicó, especialmente en paises con mayoria indígena. En Bolivia, por ejemplo, los pueblos aymara y quechua componen 60 por ciento de la población y ocupan extensa parte del territorio.
Nicaragua fue el primer país en conceder autonomía a los principales grupos indígenas -misquitos, sumos, creoles e ramas, en un proyecto aprobado en 1987 y en vigor desde 1990, señaló el diputado.
El estatuto concede a las comunidades autonomía administrativa, con sus Consejos Regionales y Junta Directiva, pero no tan amplia como en España, donde se extiende a las relaciones externas, explicó.
La enseñanza es bilingüe, en la lengua propia y español, valorando la cultura local, pero "sin segregación", buscando la integración con el resto del país, añadió Pantin Wilson.
Ese proceso produjo un gran aumento de la representación indígena en el parlamento, en desmedro del Frente Sandinista que apoyó la autonomía y tuvo que negociar una nueva relación con la nueva fuerza política.
Países como Brasil, con pequeña proporción de población indígena, no tendrían problemas para respetar los derechos individuales y colectivos de sus comunidades autóctonas.
Pero hay preocupación por la cuestión nacional, especialmente en relación a pueblos fronterizos, como los yanomami, divididos entre el norte de Brasil y el sur de Venezuela.
Brasil sólo tiene unos 330.000 indígenas, divididos en 220 etnias y con más de 170 lenguas, según el antropólogo Elias dos Santos Bigio, de la Fundación Nacional del Indígena, órgano gubernamental encargado de la protección a esa población.
Aprobada en la Cámara de Diputados, la Convención 169 espera ahora la ratificación en el Senado y cuenta con el apoyo del presidente Fernando Henrique Cardoso, informó el funcionario a la Comisión del Parlatino.
El aspecto principal, segun él, es el reconocimiento de la diversidad étnica que incluye no sólo a los indígenas, sino a otros pueblos tradicionales, como los gitanos.
Pero la diputada Regina Lino, del cogobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño, criticó la inoperancia del gobierno en definir una nueva política para los indígenas del país. Una comisión interministerial creada hace más de tres años para ese fin, nada hizo.
La diputada destacó la biopiratería que extranjeros practican en su estado, Acre, en el noroeste amazónico de Brasil, donde se denunció que material genético de una tribu indígena fue ilegalmente llevado al exterior. (FIN/IPS/mo/ag/ip-pr/97
