Las autoridades de Karachi, la capital comercial de Pakistán, destruyen asentamientos irregulares en nombre de intereses empresariales, denunció la organización no gubernamental (ONG) Eviction Watch Asia.
La decisión, que afecta a miles de personas, es contraria a la declaración de Estambul sobre Derechos de Vivienda y viola también la legislación de Pakistán, según la ONG.
Karachi necesita 90.000 viviendas nuevas por año, pero sólo se construye la tercera parte, destacó Eviction Watch Asia, que preparó su informe junto con la Coalición Asiática de Derechos de Vivienda, de Bangkok, y el Centro de Recursos Urbanos, de Pakistán.
Los pobres no pueden obtener crédito ni otro sistemas de construcción de viviendas y están a merced de grupos organizados que, con la complicidad de autoridades corruptas, ocupan tierras públicas en forma ilegal para venderlas luego a la población de menores recursos, advirtió la ONG.
La inmigración convirtió a Karachi en una de las mayores ciudades de Asia. Al crearse Pakistán, en 1947, contaba con 500.000 habitantes, y hoy tiene más de 12 millones en su área metropolitana, y su superficie creció de 83 a 3.500 kilómetros cuadrados.
La mayoría de sus pobladores son inmigrantes de India, y también alberga a vietnamitas y oriundos de Sri Lanka, además de paquistaníes llegados de otras zonas.
Un tercio de los 1,2 millones de viviendas de la ciudad están construidas en terrenos públicos, apropiados por la mafia de la tierra.
Las autoridades toleran la actividad de esas organizaciones ilegales, pero proceden a la demolición de las viviendas cuando las empresas constructoras piden esos terrenos.
"No recibimos aviso del desalojo. La operación fue repentina y era un día laborable. Utilizaron grúas en lugar de motoniveladoras, rompiendo puertas, ventanas y techos, que podríamos haber vuelto a usar si el procedimiento hubiera sido otro", dijo Muhammad Jameel, un carpintero desalojado.
Jameel vivía desde hace 15 años en un asentamiento irregular con sus seis hijos y otros familiares, que ahora han perdido su hogar.
"Compré el terreno por 700 dólares, gasté la misma cantidad para la construcción de una habitación y el baño y 600 dólares más para obtener electricidad, agua y conexión de gas. Nos castigaron porque somos pobres", se lamentó.
Una vecina que también perdió su vivienda en la misma operación de desalojo calificó el hecho de "invasión". "Nos trataron como si fuéramos sus enemigos", declaró.
Las demoliciones se realizan en día laboral, cuando la mayoría de los habitantes adultos del asentamiento escogido están en su trabajo, lejos de su vivienda.
Si la operación encuenta resistencia, los asentamientos son incendiados, mientras las autoridades corruptas y las mafias inmobiliarias siguen con sus negocios, aseguró Eviction Watch Asia.
Las autoridades de Karachi demolieron el último año 9.606 casas y comercios, y 1.986 viviendas fueron incendiadas. Siete menores de edad murieron y unas 200 personas resultaron heridas en enfrentamientos con la policía, según la información del Centro de Recursos Urbanos.
Arif Hasan, de la Coalición Asiática de Derechos de Vivienda, calculó que los pobladores desalojados perdieron 23 millones de dólares, a causa de la destrucción o el incendio de sus casas.
El gobierno califica los asentamientos irregulares de invasión de tierras públicas y afirma estar en su derecho cuando envía a las cuadrillas de demolición sin previo aviso a los residentes.
Farooq Zahid, del Centro de Recursos Urbanos, destacó que la erradiación de asentamiento urbanos irregulares beneficia a los inversionistas, ya que determina el aumento del precio de la tierra.
Tras adquirir terrenos adyacentes a los asentamientos irregulares, los empresarios de la construcción presionan a las autoridades para lograr la demolición de esas viviendas, explicó Zahid. (FIN/IPS/tra-en/am/an/aq-ff/hd/97
