El gobierno de Nepal, constituido por comunistas y monárquicos, planea imponer una ley antiterrorista que, según activistas de derechos humanos y dirigentes de pequeños partidos izquierdistas, se aplicaría para acallar a la oposición política.
El parlamento recibirá en breve un proyecto del gobierno que apunta a la guerrilla maoísta inspirada en Sendero Luminoso, de Perú, y que dará al gobierno mayores potestades para investigar, efectuar arrestos sin garantías hoy de rigor y encarcelar a sospechosos sin juicio.
Activistas, abogados e intelectuales constituyeron el denominado Movimiento para Salvar los Derechos Democráticos con el fin de rechazar una iniciativa que, afirman, conspirará contra la independencia de los poderes legislativo y judicial.
"Tanto el proyecto como la vigente Ley de Seguridad Pública contradicen el espíritu y los ideales de la constitución de Nepal", dijo Padma Ratna Tuladhar, coordinador del movimiento.
El ministro del Interior y viceprimer ministro, Bamdev Gautam, replicó que la propuesta permitirá abatir a los rebeldes "senderistas" que declararon la guerra al gobierno en más de una docena de los distritos más empobrecidos de Nepal.
Estas guerrillas cuentan con el respaldo con dos movimientos políticos legales que profesan en público su solidaridad con Sendero Luminoso e integran una amplia coalición de pequeños partidos maoístas.
Un centenar de personas murieron en hechos de violencia registrados desde el estallido insurgente en enero de 1996. Los medios de comunicación afirman que la persistencia de la guerrilla revela la incapacidad del gobierno para atacar las causas profundas de la rebelión maoísta.
"El proyecto es solo una excusa para encubrir la ineficiencia de las agencias de seguridad", declaró Tuladhar, quien renunció a su puesto en la gubernamental Comisión de Derechos Humanos, junto con otros siete funcionarios, en protesta contra la iniciativa.
Los renunciantes, entre ellos un ex ministro de Justicia y uno de los principales redactores de la constitución vigente, afirman que esta ley será aun más represiva que la de Seguridad Pública aplicada por el régimen denominado Panchayat (1962-1990).
La dictadura utilizó la norma para abatir toda actividad de los partidos políticos nepalíes antes del retorno a la democracia en 1990.
El Movimiento para Salvar los Derechos Democráticos reclamó a la coalición de gobierno de Nepal, constituido por monárquicos e izquierdistas, que no envíe su proyecto al parlamento y que promueva la derogación de la Ley de Seguridad Pública.
"El problema del maoísmo es político y debe ser resuelto por medios políticos, a través del diálogo", dijo un integrante del movimiento.
Ninguno de los partidos con representación parlamentaria en Nepal tiene simpatía por los maoístas armados.
El cogobernante Partido Comunista Marxista Leninista Unido de Nepal (PCU) abandonó la lucha armada con el establecimiento de una democracia multipartidaria hace siete años, al igual que los principales sectores de oposición.
El gobierno consideraba a la insurgencia hasta septiembre de 1996 un mero problema de ley y orden. Las autoridades establecieron un programa de desarrollo en los bastiones maoístas a un costo de un millón de dólares, que aún no han comenzado a implementar.
La pobreza y el desempleo son masivos en Nepal, uno de los países menos industrializados del mundo. Programas de desarrollo impuestos a lo largo de cuatro décadas no lograron cubrir las necesidades básicas de dos tercios de la población de más de 21 millones de habitantes.
Ante la carencia de oportunidades reales en sus comunidades, los empobrecidos agricultores son reclutados con facilidad por los radicales maoístas.
Hace un año, el entonces primer ministro Sher Bahadur Deuba, del Partido Nepalí del Congreso presentó sin éxito un proyecto de ley para investigar las actividades de los maoístas en los distritos montañosos.
El líder comunista, Man Mohan Adhikari, bloqueó en esa ocasión la aprobación de la iniciativa por considerarla "antidemocrática". (FIN/IPS/tra-en/rl/an/mj/ap ip/97
