La Iglesia Católica de México advirtió hoy al gobierno que no acatará una norma que prohibe a sacerdotes y ministros de cultos expresar críticas contra leyes, instituciones políticas y estrategias económicas.
A pesar de leyes y reglamentos, sanciones y amenazas, la Iglesia seguirá denunciando injusticias, como los programas económicos del gobierno, aseguró el secretario general del episcopado, Ramón Godínez.
La prensa informó a principios de esta semana que el gobierno de Ernesto Zedillo ha preparado un proyecto de reglamentación de la ley que establece sanciones para religiosos que se involucren en política o cuestionen las estructuras jurídicas y económicas vigentes.
Para los católicos, "el ejercicio de la libertad es más importante que la letra de la ley", señaló Godínez.
"Seguiremos haciendo críticas", en conversaciones privadas y también a través de los medios de comunicación, añadió.
Según el proyecto, redactado por la Secretaría de Gobernación (Interior), los ministros de las iglesias no podrán, ni expresa ni tácitamente, dar respaldo o cuestionar ideologías, plataformas o propuestas políticas. Tampoco podrán hacer proselitismo partidista.
Las sanciones previstas van desde advertencias y multas hasta la clausura de templos y el retiro definitivo del permiso de operación de la iglesia involucrada. La iniciativa podría ser aprobada antes de fin de año, según fuentes oficiales.
El proyecto busca reglamentar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, promulgada en 1992, el año en que el gobierno de México y el Vaticano reestablecieron relaciones diplomáticas después de más de un siglo de interrupción.
En los últimos cinco años, la Iglesia Católica y religiosos protestantes expresaron en múltiples ocasiones duras críticas a las instituciones del Estado, el sistema político, los proyectos económicos del gobierno y los dirigentes de los partidos.
Portavoces oficiales amenazaron en octubre con cerrar templos y multar a religiosos con más de 30.000 dólares por realizar declaraciones que calificaron de "netamente políticas".
La advertencia fue dirigida específicamente al arzobispo católico de la capital, Norberto Rivera.
Rivera había dicho en una ceremonia religiosa que "cuando la autoridad se sale del marco legal no hay obligación de tributarle obediencia, y si se opone a los derechos fundamentales, hay que negarle obediencia".
"Siendo la Iglesia la continuadora de Jesús en la historia, podemos concluir que puede y debe meterse en política", afirmó Rivera en esa ocasión.
Un año antes del rechazo oficial de las expresiones del arzobispo, el gobierno había expulsado del sureño estado de Chiapas, asiento de la guerrilla zapatista, a varios sacerdotes extranjeros, a quienes acusó de realizar proselitismo político.
La última polémica entre la Iglesia Católica y el gobierno se registró en junio, cuando el periódico de la arquidiócesis de la capital, Nuevo Criterio, criticó abiertamente al gobernante Partido Revolucionario Institucional y a sus dirigentes.
Los editores de Nuevo Criterio, un periódico que en el pasado cuestionó programas económicos y acciones presidenciales, exhortaron a la población a apoyar a los candidatos opositores en las elecciones parlamentarias, municipales y estaduales del 6 de julio.
El proyecto de reglamentación que promueve el gobierno indica que las sanciones contra los religiosos serán decididas por una comisión que estará integrada por cuatro funcionarios de la Secretaría de Gobernación y tres asesores de otras instituciones del Estado.
Además, podrán participar sin voto en ese comité un representante de la Comisión de Derechos Humanos, un representante del Instituto Nacional de Migración y el director de la Asociación de Radio, Televisión y Cinematografía.
La Iglesia Católica está en total desacuerdo con el proyecto oficial y si es aprobado no lo acatará, insistió el secretario general del episcopado.
Godínez indicó que la Iglesia Católica pugna por una reforma de la Constitución que permita a los sacerdotes participar en elecciones, poseer medios de comunicación y tener una mayor presencia en el sistema educativo. (FIN/IPS/dc/ff/ip cr/97
