Miles de refugiados e inmigrantes africanos en Kenia evitan aventurarse a sus lugares habituales de encuentro en esta capital, aterrorizados por los arrestos masivos efectuados por la policía en busca de genocidas de Ruanda.
"Es demasiado riesgoso ir allí en estos días. La policía puede arrestarte aunque tengas un permiso de residencia válido", dijo a IPS Adam Abdi, refugiado somalí en Nairobi.
Njuguna Mutahi, de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHC), atribuyó la nueva campaña policial, que comenzó el 18 de julio, a un pedido expreso del vicepresidente y hombre fuerte del gobierno de Ruanda, Paul Kagame.
Kagame, quien visitó Kenia el 16 de ese mes, reclamó al presidente keniata, Daniel Arap Moi, la entrega de ruandeses involucrados en el genocidio sufrido en su país entre mayo y julio de 1994.
Murieron entonces más de un millón de personas, en su mayoría integrantes de la minoritaria etnia tutsi y moderados de la comunidad hutu, mayoritaria en el país, a manos de las milicias extremistas hutu.
Dos días después de la visita, siete hutus fueron detenidos en Kenia, entre ellos el ex primer ministro Jean Kambanda, la ex ministra Pauline Nyiramasuhuko y Hassan Ngeze, ex editor de la revista Kangura, que publicó material que incitaba al genocidio, según organizaciones de derechos humanos.
Los siete arrestados, que huyeron a Kenia poco después de la caída del régimen del fallecido presidente Juvenal Habyarimana, fueron puestos a disposición del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra para Ruanda, instalado en Arusha, Tanzania.
Luego de las detenciones, las vigilancia comenzó a incluir a refugiados de otras procedencias "que se convirtieron en víctimas inocentes de las operaciones policiales", dijo Mutahi.
La policía de Kenia admitió el arresto de unos 600 extranjeros sospechosos de ser inmigrantes ilegales. Ochenta personas de varias nacionalidades fueron transportadas al campamento de Kakuma, en el noroeste, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Kenia alberga a más de 230.000 refugiados procedentes de Burundi, la República Democrática de Congo (antiguo Zaire) Eritrea, Etiopía, Ruanda, Somalía y Sudán.
"Lo más triste de esta situación es el sufrimiento de las mujeres, niños y ancianos que no pueden resistir las duras condiciones de las prisiones keniatas", sostuvo Mutahi.
Connie Ngondi, directora ejecutiva de la filial keniata de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), condenó los arrestos de refugiados ruandeses, que tienen el objetivo de "cumplir con exigencias políticas".
"Preocupa el hecho de que el gobierno sepa todo acerca de estas personas, incluso sus domicilios, y no haya hecho nada antes. Si son culpables ahora, también lo eran antes, y el gobierno es cómplice de esa culpa", advirtió Ngondi.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional lanzó el mes pasado un alerta internacional para impedir que las autoridades de Kenia deporte a inocentes o refugiados hutu de buena fe a Ruanda.
El gobierno de Uganda transmitió al de Kenia una protesta formal la semana pasada. El embajador exigió a Arap Moi por orden de su ministra de Relaciones Exteriores, Rebecca Kadaga, la acusación de los 100 detenidos ugandeses o su inmediata liberación.
Las operaciones generaron pánico entre las comunidades de refugiados en Nairobi, acostumbradas a encontrarse en la calle para intercambiar noticias o puntos de vista sobre sus lugares de origen.
"Ya no voy más a la avenida Kenyatta a encontrarme con mis amigos", dijo un refugiado sudanés que reclamó reserva sobre su identidad por razones de seguridad.
Un alto funcionario del gobierno afirmó, por su parte, que Kenia "está lleno de espías extranjeros y criminales disfrazados de refugiados". (FIN/IPS/tra-en/mn/pm/mj/hd ip pr/97
