HONDURAS: Se agrava crisis en el sistema penitenciario

Un quinto amonitamiento ocurrido hoy en la cárcel de la oriental ciudad de Danli, fronteriza a Nicaragua, agravó la crisis en los centros penales de Honduras.

En la prisión de Danli, más de 300 presidiarios se amotinaron este miércoles en protesta por el hacinamiento, la mala alimentación y el trato inhumano y se sumaron a la petición de otros reclusos por un indulto general.

El ministro de Gobernación (Interior), Efraín Moncada, admitió la existencia de la crisis en los centros penales y dijo que se debe al abandono en que ha estado el sistema penitenciario en los últimos 50 años.

Este martes el gobierno creó dos comisiones especializadas. Una atenderá los aspectos relativos a la seguridad en las cárceles, que será reforzada con soldados del ejército, y la otra elaborará una propuesta para el descongestionamiento de los presidios.

La crisis comenzó en el sureño departamento de Choluteca, donde 570 reos se amotinaron y quemaron el viejo presidio de la zona hace dos meses.

Los reos, por el intenso calor que prevalece permanentemente en la zona, dormían en el patio y durante el día eran colocados en pequeñas habitaciones, uno sobre de otro.

Tras ese motín, los 100 presos de la cárcel de Nacaome, también en el sur de Honduras, quemaron el presidio y se evadieron, pero fueron recapturados y enviados a la Penitenciaría Central en Tegucigalpa.

El domingo último, 10 reos se escaparon de la cárcel de Santa Bárbara, al occidente del país. La adopción de medidas disciplinarias por las autoridades llevó a un motín que culminó con el incendio de la prisión y la huida de más de 400 prisioneros, que en su mayoría fueron recapturados.

El lunes, 216 detenidos en la cárcel de Trujillo también se rebelaron e incendiaron las instalaciones de la deteriorada prisión.

En Honduras hay 23 centros penales que contienen a 9.567 presidiarios, de los cuales 8.107 carecen de condena.

El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares, dijo que el responsable de esta crisis es el sistema judicial "lento e injusto". Los jueces demoran años en resolver los casos, pero mientras tanto los acusados van a parar a la cárcel, señaló.

Por otra parte, el número de prisiones es insuficiente y las existentes están en pésimas condiciones, ya que -excepto la de Tegucigalpa- se trata de viejas casas utilizadas como presidios.

A fines de 1996, el gobierno aprobó un decreto para liberar a los reos sin condena acusados de delitos menores.

La disposición comenzó a aplicarse a principios de este año, pero sólo algo más de un centenar de detenidos fueron liberados.

Los reos de la Penitenciaría Central serán próximamente trasladados a la Penitenciaría Nacional, situada en Tamara, a 30 kilómetros de la capital, que ha sido ampliada y reequipada.

La reconstrucción de esta cárcel fue iniciada en 1993 pero suspendida durante meses en razón de irregularidades administrativas.

Los 2.807 detenidos de la Penitenciaría Central, encabezados por el coronel retirado Rolando Mejía, acusado de tráfico de cocaína, piden un indulto que beneficie a los reos sin condena.

Moncada respondió que para promulgar un indulto se requiere una reforma a la Constitución y cumplir con una serie de requisitos legales.

El fiscal general del Estado, Edmundo Orellana, sostuvo que el indulto no puede ser una medida precipitada, porque este procedimiento se contempla en la Constitución como una gracia del gobierno por delitos menores y se otorga por lo general al entrar en funciones una nueva administración.

Jorge Maradiaga, diputado del gobernante Partido Liberal, dijo que los reos están aprovechando el año político, al aproximarse las elecciones generales del 30 de noviembre, para lograr concesiones del gobierno.

El Ejecutivo cedió a las presiones de los empleados públicos, magisterio y médicos para incrementar los salarios a partir de 1998 y enfrenta la presión de las siste comunidades indígenas para que se les entreguen tierras en propiedad y se realicen en sus territorios obras de infaestructura, salud y educación.

El presidente Carlos Roberto Reina señaló que carece de capacidad económica para atender todas las demandas. (FIN/IPS/tm/dg/ip-hd/97

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