Las autoridades de Ecuador, en coordinación con organizaciones ambientalistas nacionales y extranjeras, preparan una nueva ley de protección para las islas Galápagos, que podría representar la última oportunidad para rescatar a patrimonio natural de la humanidad.
Con el proyecto, que será presentado a fines de septiembre, se pretende encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación de los recursos naturales del archipiélago.
"Esta ha sido la gran paradoja: optar por el desarrollo económico del país y la población de las islas por medio del turismo o por la conservación de los recursos ambientales", dijo a IPS Flor Valverde, ministra de Medio Ambiente de Ecuador.
"El espíritu de la nueva ley es establecer normas que permitan armonizar el desarrollo de los asentamientos humanos en concordancia con los elementos de conservación", comentó.
Sin embargo, a pesar de que todos los sectores involucrados coinciden en que la única solución a la situación de crisis ambiental que vive Galápagos es encontrar un modelo de desarrollo sostenible hasta ahora en la práctica una opción de ese tipo no ha surgido.
Galápagos, una de las 21 provincias de Ecuador, a 1.000 kilómetros del territorio continental, brinda 60 por ciento de los ingresos que el Estado obtiene por concepto de turismo.
Esta situación ha provocado que las islas mantengan la mayor tasa de crecimiento poblacional del país, ya que miles de familias han decidido radicarse en ellas en busca de un mejor nivel de vida, pues los salarios son 75 por ciento más elevados que en cualquier otro lugar de Ecuador.
Un reciente informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Fundación Natura de Ecuador señala que el incremento de la pesca ilegal, del turismo y del flujo de inmigrantes son los problemas más graves que enfrenta el archipiélago.
De las 1.900 especies y subespecies únicas que existían en las islas, 74 están en peligro de extinción y otras 19 ya han desaparecido.
"Las leyes poco pueden hacer si no existe una comprensión de todos los problemas, tanto ambientales como sociales, políticos y económicos", señaló Linda Cayot, investigadora de la Estación Científica Charles Darwin. "Sólo de esta manera podremos llegar a una verdadera solución", advirtió.
En 1959 el gobierno de Ecuador creó el Parque Nacional Galápagos, que comprende 97 por ciento de la superficie de las islas, en la primera medida de protección adoptada por el Estado respecto al archipiélago.
En 1974 las autoridades del Parque establecieron un límite anual de 12.000 turistas. Pero en 1978 se decidió aumentar la cifra a 25.000 con la condición de que se ejercieran estrictas normas de control de las actividades de los visitantes.
Este año se espera que viisten Galápagos unos 60.000 turistas, ya que desde 1991 no existe un límite establecido.
Unos 20 años después de la creación del Parque, las islas fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por Naciones Unidas.
Desde entonces el objetivo fue encontrar un modelo de desarrollo económico sostenible que incluyese al turismo como la actividad principal pero cuyo eje fuese la preservación de los recursos.
En 1995 el parlamento aprobó una ley especial para Galápagos, por medio de la cual se controlaba el flujo de inmigrantes y la pesca artesanal y se prohibía la construcción de nuevas obras públicas.
Pero esta ley fue vetada por el presidente Sixto Durán Ballén (1992-96) ante la presión de los habitantes del archipiélago.
En mayo último el Ejecutivo decretó una ley de emergencia para Galápagos, que establece que ningún ciudadano ecuatoriano o extranjero podrá permanecer en las islas sin el carné de residencia, a excepción de los turistas.
Esa medida fue criticada por especialistas que consideraron que la ley era un golpe de efecto, pues se adoptó pocos días antes de la visita de una comisión de la ONU, que llegaba con el objetivo de resolver si las islas eran incluidas dentro de la lista de patrimonio en peligro.
"Yo no mantengo esperanza en la ley, porque ese no es el problema", apuntó Eliécer Cruz, director del Parque Nacional Galápagos.
"Cuando comprendamos que sin la biodiversidad de las islas ya no habrá recursos económicos, ni turismo, ni trabajo, entonces creo que habrá un verdadero cambio", concluyó. (FIN/IPS/mg/dg/en/97
