La violencia desatada por los grupos armados irregulares de Colombia en la etapa previa a las elecciones del 26 de octubre ha generado un estado de zozobra, y golpeado con particular fuerza a los integrantes de los grupos guerrilleros que han firmado acuerdos de paz.
En al menos 50 municipios (que representan cerca de cinco por ciento de las localidades de este país) no habrá elecciones porque la guerrilla prohibió la inscripción de candidatos. En otros tantos son los grupos paramilitares de derecha quienes anuncian que impedirán el libre ejercicio del sufragio.
Los dos bandos armados irregulares buscan controlar los comicios en los que los colombianos elegirán gobernadores, alcaldes, diputados y concejos municipales para consolidar y ampliar su poder en los municipios, opina Alfredo Rangel, ex asesor de paz del presidente Ernesto Samper.
En opinión de Rangel, el propósito de la guerrilla es coadministrar los municipios con los alcaldes y concejales "formalmente elegidos en elecciones aparentemente libres" y el de los paramilitares sustraer de la influencia guerrillera un grupo de localidades para establecer un corredor estratégico.
La zona que pretenden dominar los grupos paramilitares va de la Guajira (norte de Colombia) hasta Uraba (noroeste), que tiene puertos estratégicos para la entrada de armas y salida de narcóticos y posee las tierras más valiosas para la agricultura.
Un senador del gobernante Partido Liberal, Jorge Cristo, asesinado el 8 de agosto por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), 17 alcaldes muertos y más de 50 amenazados por guerrilleros o paramilitares, constituyen el saldo parcial de esta disputa por control político y territorial.
En este escenario de violencia, fueron también asesinados este año más de 80 exguerrilleros de grupos desmovilizados, blanco de lo que Carlos Franco, dirigente de la izquierdista Alianza democrática M-19, califica como "la intolerancia, la impunidad y los intereses de quienes no desean la paz".
En julio, la Corriente de Renovación Socialista (CRS), que abandonó las armas en 1994 tras haber firmado un acuerdo de paz con el gobierno, denunció que no participará en las elecciones en algunas localidades del Norte de Colombia por falta de seguridad.
La CRS retiró los candidatos inscritos para cargos de elección popular en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar por las amenazas de que han sido objeto.
Los dos últimos militantes de la CRS fueron asesinados en Sucre el 14 de agosto, presumiblemente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pues en sus cuellos colgaron un aviso que los señalaba como delatores.
Según denuncias de la CRS, las FARC han desatado desde 1995 una persecución a sus militantes a los que señalan de ser colaboradores de grupoos paramilitares.
"Estamos atemorizados y no queremos quedar a nuestro cargo sólo con viudas y huérfanos" dijo a IPS León Valencia, ex guerrillero de la CRS y aspirante al senado por esa agrupación política.
También en los departamentos de Bolívar y Sucre, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), ex guerrilleros desmovilizados en 1990, no pudo inscribir candidatos porque todos sus líderes locales han sido asesinados.
Según fuentes del gubernamental Programa de Reinserción, en lo que va de este año han sido asesinados entre los desmovilizados 40 miembros de las llamadas "Milicias Populares" (con posibles nexos con la guerrilla), 16 del Ejército Popular de Liberación (desmovilizado en 1992), 23 de la CRS y 13 del M-19.
Para Tomás Concha, director del Programa, la ola de violencia desatada contra estos grupos desmovilizados afecta no sólo el libre ejercicio democrático sino otros posibles procesos de paz.
Gloria Quiceno, presidenta del M-19 (desmovilizado en 1990) afirmó que a la falta de garantías para la defensa de la vida que se da en Colombia se suma el que "tampoco existen condiciones transparentes para el ejercicio de la democracia".
En opinión de Franco, "ni a la guerrilla le interesa" que los procesos de paz sean exitosos "ni el régimen tolera una oposición fuerte y prefiere comprarla o eliminarla".
No obstante, este martes las FARC en un comunicado a medios de prensa afirmaron que están dispuestas a buscar un acuerdo de paz con el gobierno pero "con plenas garantías" que incluirían el retiro militar de varios municipios.
Franco considera que la falta de solidaridad también contribuye a la escalada de violencia que se ha desatado contra los grupos guerrilleros desmovilizados.
"En el país cada uno protesta por sus propios muertos, no por la violación del derecho a la vida". La muerte indigna escandaliza "pero no se construye ninguna opción colectiva para detenerla", afirmó Franco. (FIN/IPS/yf/jc/ip-hd/97
