La discriminación racial contra los pueblos indígenas persiste en numerosas regiones del mundo y su cultura y su identidad histórica se encuentran amenazadas, alertó un organismo especializado de las Naciones Unidas (ONU).
El Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, que concluyó esta semana su último período anual de sesiones, constató que los pueblos indígenas se han visto privados de sus derechos humanos y de sus libertades individuales.
Los colonos, las compañías comerciales y las empresas estatales se han apoderado de las tierras y de los recursos de las poblaciones autóctonas, denunció el organismo.
El Comité se ocupó en su última sesión de la situación de los pueblos autóctonos en varios países y formuló reconvenciones expresas a México, Argelia, Argentina, Filipinas, Suecia, Suriname y Guyana.
Al gobierno de México le recomendó mayor vigilancia en la defensa de los derechos fundamentales de los autóctonos y de otros grupos vulnerables de la sociedad, víctimas frecuentes de intimidación, violencia y graves violaciones de derechos humanos.
Las autoridades competentes deben perseguir en forma sistemática a los autores de esas infracciones, sean miembros de milicias privadas o del Estado, dijo el organismo en sus observaciones finales al informe sobre México.
Tambien recomendó que se encuentren soluciones justas a los problemas de demarcación, distribución y restitución de tierras. Asimismo, pidió que México asegure la enseñanza multicultural a todos los grupos autóctonos residentes en su territorio.
En el caso de Argelia, además de apuntar los perjuicios que ocasiona a la población el clima de violencia reinante, el Comité pidió informes sobre los indicadores sociales que describen la situación de los grupos étnicos, incluidos los bereberes.
La transferencia de tierras y dominios ancestrales a las comunidades autóctonas de Argentina enfrenta grandes dificultades creadas con frecuencia por los terratenientes que retrasan las cesiones, comprobó el Comité.
Algunas comunidades radicadas en Argentina han sido víctimas de intimidación y "habrían sufrido presiones para que renuncien a sus reivindicaciones sobre las tierras".
El Comité pidió al gobierno argentino que en su próximo informe consigne informaciones sobre el número y la situación de los refugiados y los inmigrantes asentados en el país y también sobre el régimen legal que se les aplica.
El organismo de la ONU invitó a Argentina a declarar delitos punibles según la ley a todas las formas de discriminación racial.
Los atentados dinamiteros antisemitas perpetrados en Buenos Aires en 1992, contra la embajada de Israel, y en 1994, contra la sede de una sociedad mutual judía, merecieron la atención del Comité de la ONU.
El organismo pidió a las autoridades argentinas que adopten todas las medidas en su poder para activar los procedimientos en curso vinculados con los dos atentados.
En relación con Filipinas, el Comité expresó preocupación porque del gran número de desaparecidos que se registra en el país asiático, la mayoría miembros de las comunidades autóctonas y de los musulmanes.
Al gobierno de Suecia, el Comité demandó que apruebe medidas suplementarias para asegurar a los miembros de la comunidad Sami la posibilidad de emplear su lengua en la vida pública.
Los gobiernos de Suriname y de Guyana merecieron recriminaciones del Comité por su mora en la presentación de los informes.
En los dos casos, la existencia de comunidades autóctonas en sus territorios otorga mayor importancia al cumplimiento de la Convención Internacional sobre Discriminación Racial, dijo el organismo.
En otro plano, el Comité declaró su inquietud por la aparición en Noruega de publicaciones de grupos racistas hostiles a la inmigración y por una estación de radio que transmite en forma sistemática ideas sobre la superioridad racial.
En Polonia, observó el organismo con preocupación, se registran numerosos casos de violencia de origen racista ejercida contra las minorías judía y gitana.
El Comité manifestó alarma por las informaciones recibidas sobre la desaparición de numerosos refugiados en la República Democrática de Congo y por la continuidad de violaciones de los derechos humanos en la región este del país.
El organismo expresó también su deseo de que pueda cumplir con su mandato el nuevo grupo investigador enviado a la República Democrática de Congo por el secretario general de la ONU, Kofi Annan.
Sin embargo, el presidente del Comité, el británico Michael Parker Banton, declaró sus reservas sobre el procedimiento de designación de la nueva comisión investigadora, que implicó el relegamiento de la misión anterior también nombrada por la ONU.
Parker Banton manifestó en rueda de prensa que no dudaba de la imparcialidad del informe presentado por el relator especial de la ONU para los derechos humanos en el ex Zaire, el chileno Roberto Garretón.
Las conclusiones de Garretón, que implicaban al actual presidente de Congo, Laurent-Désiré Kabila, en las matanzas de refugiados ruandeses, precipitaron la exclusión del jurista chileno de la misión investigadora.
Parker identificó a Burundi como el país de todo el mundo donde se cometen más violaciones a la Convención sobre Discriminación Racial. Actos de violencia y matanzas se perpetran todavía entre etnias diferentes en Burundi, dijo el Comité.
El organismo se declaró preocupado por la interpretación de la delegación oficial de Burundi, en el informe escrito y en la exposición oral, acerca de las nociones de "raza" y de "origen étnico".
El Comité volverá a reunirse del 2 al 20 de marzo próximo para tratar los casos de urgencia y los informes periódicos de Armenia, Camboya, Camerún, República Checa, Holanda, Israel, Libia, Líbano, Rusia, Suiza, Ucrania y Yugoslavia. (FIN/IPS/pc/ag/hd/97
