Importantes revelaciones ha comenzado a entregar el proyecto Consumidores y Servicios Públicos en América Latina (CONSUPAL), iniciado en octubre pasado a iniciativa de la Oficina Regional de Consumers International.
El aspecto más sorprendente de las cinco investigaciones que se realizan en Brasil, Colombia, México, Perú y Chile en el marco de ese proyecto, es la ausencia casi total de mecanismos que aseguren la representación de los intereses de los consumidores domiciliarios en la regulación de los servicios básicos de telecomunicaciones, electricidad y agua potable.
Consumers International es una federación mundial de organizaciones de consumidores con sede en Londres y oficinas regionales en Malasia, Zimbabwe y Chile.
En la mayoría de los países evaluados por el proyecto, los entes gubernamentales que están a cargo de la defensa de los intereses de los consumidores no tienen atribuciones para involucrarse en el tema.
Ese es el caso del Servicio Nacional del Consumidores en Chile (SERNAC) y de la Comisión de Protección del Consumidor en Perú (INDECOPI).
En Brasil, el Grupo Ejecutivo de Protección al Consumidor (PROCON), presumiblemente tendría facultades para ello.
El proyecto de ley que crea la Comisión de Servicios Públicos de Electricidad (Sao Paulo) lo menciona al hacer referencia a la participación de un organismo de defensa del consumidor, según Andrea Botto, cooordinadora de CONSUPAL.
Sin embargo, agrega que "la ausencia de representación de los consumidores en la discusión de dicho proyecto de ley genera algunas dudas en torno a la percepción del concepto de participación".
La nueva ley de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, como también la regulación del sector telecomunicaciones en Perú, han previsto alguna modalidad de participación de representantes de usuarios, dice Botto.
Pero "lamentablemente, en ambos casos la participación prevista es limitada y fraccionada lo que afecta su efectividad".
En Colombia, los usuarios de los servicios básicos pueden participar a través de los "Comités de Desarrollo y Control Social", figura definida por la ley con atribuciones muy específicas a nivel de control y fiscalización de las empresas.
En Perú, en tanto, se ha previsto la participación de un representante de los usuarios en el Consejo Asesor del Ente Regulador del sector (OSIPTEL) que se reúne una vez al mes.
"Si bien esta previsión constituye un adelanto en relación a otros entes reguladores, la falta de acceso a información de la empresa prestataria, así como de recursos técnicos y humanos, impiden una representación efectiva de los intereses de los consumidores", añade Botto.
Los artífices de los sistemas regulatorios en la región "se han olvidado de promover y facilitar un elemento básico para su buen funcionamiento, la existencia de una representación efectiva e independiente de los intereses de los consumidores", según la misma fuente.
Al privatizar las empresas de servicios públicos domiciliarios, muchas de las cuales son por naturaleza monopólicas, el Estado busca controlarlas y proteger los intereses de los consumidores mediante el establecimiento de marcos regulatorios.
Estos establecen los mecanismos para fijar los precios de los servicios, actualizarlos y revisarlos, los estándares mínimos de calidad, seguridad y otras obligaciones y derechos de las empresas.
Entre las funciones de los entes reguladores está el resguardo de los intereses de los consumidores.
No obstante, explica Botto, "cuando las entidades reguladoras toman sus decisiones, lo hacen considerando el interés público que no necesariamente coincide con los intereses de los consumidores".
Por ello, añade, "es necesario tener una opinión independiente que vele por esos asuntos y que contrarreste las presiones y argumentaciones de las empresas prestatarias cuyo único objetivo es lograr un mayor lucro".
De esta manera, cuando el ente regulador tome una decisión, lo hará luego de haber escuchado los argumentos de todas las partes involucradas.
Los resultados que ha ido entregando el proyecto CONSUPAL de Consumers International indica que la existencia de agencias reguladoras, así como de marcos regulatorios claros y adecuados, no bastan para asegurar una efectiva regulación, de acuerdo a la coordinadora del proyecto.
La complejidad del tema, la influencia de las empresas, la cooptación de técnicos de las agencias reguladoras por parte de las compañías, las dificultades de la fiscalización, entre otros factores, impiden una regulación efectiva y transparente.
Esta situación es confirmada por algunas informaciones recogidas en las investigaciones que lleva a cabo el proyecto CONSUPAL de Consumers International
En este contexto, para Andrea Botto "se torna imprescindible la existencia de una representación de los intereses de los consumidores independiente y efectiva que asegure que su voz ha sido escuchada antes de la toma de cada decisión que afecte directa o indirectamente su acceso a servicios básicos de calidad y a precio justo".
Sin esta participación, concluye, "la regulación de los servicios públicos domiciliarios está destinada al fracaso". (FIN/Consumers International-IPS/97
