El gobierno de Uruguay aumentó el control militar en la frontera con Brasil ante la proximidad del Movimiento de los Sin Tierra (MST), mientras la ocupación ilegal de terrenos en Montevideo se ubicó en el centro de la preocupación de las autoridades.
Varios centenares de militantes del MST, un combativo grupo surgido en Brasil hace dos décadas, que reclama la reforma agraria, están próximos a la frontera con Uruguay, en el estado brasileño de Río Grande del Sur.
Hacendados uruguayos expresaron al gobierno de Julio María Sanguinetti su inquietud ante la eventual "invasión" de sus propiedades, lo que dio lugar a acciones inmediatas.
"Decidimos tomar medidas extraordinarias con la participación de las Fuerzas Armadas, lo que se comunicó al gobierno brasileño para evitar malos entendidos", dijo este miércoles el Ministro de Defensa Nacional, Raúl Iturria, tras una reunión con Sanguinetti.
Dionilso Marcón, que encabeza el grupo del MST próximo a la frontera uruguaya, aclaró esta semana que su organización no tiene la intención de entrar en Uruguay.
Pero Marcón sostuvo que, si el gobierno de Sanguinetti teme la invasión de haciendas, es porque "la tierra está sobrando"y "tiene que hacer una redistribución agraria".
También admitió que el MST mantiene contactos con organizaciones de campesinos de Uruguay y Argentina, porque el Mercosur (Mercado Común del Sur) "no existe sólo para que la burguesía haga negocios. Los trabajadores también tienen que organizarse".
Centenares de hectáreas han sido compradas por terratenientes brasileños en los departamentos uruguayos de Cerro Largo y Rocha, situados 400 kilómetros al este de Montevideo y limítrofes con Brasil.
Lo mismo ocurre en el oeste de Uruguay, en la frontera con Argentina, donde empresarios argentinos adquirieron grandes extensiones de tierras que aumentan progresivamente su precio ante la inminente construcción del puente Colonia-Buenos Aires, que unirá a los dos países, sobre el Río de la Plata.
Uruguay, con 178.000 kilómetros cuadrados de superficie, es el menor de los cuatro países del Mercosur, integrado también por Argentina, Brasil y Paraguay.
El diputado uruguayo José Mujica, un ex guerrillero tupamaro, señaló esta semana que su grupo político dejó en el pasado su demanda de reforma agraria, aunque respalda las demandas del MST en Brasil.
Pero los tupamaros, incorporados a la actividad política legal en 1985, apoyan la invasión de terrenos en Montevideo, realizada por pobladores sin vivienda.
Más de 30.000 personas habitan hoy en 100 asentamientos irregulares en la capital uruguaya, poblada en total por 1,4 millones de personas, según un informe el Instituto Técnico para la Promoción del Desarrollo Integral que conoció IPS.
Los asentamientos irregulares aumentaron a una tasa anual de 9,4 por ciento en la última década, de acuerdo con el informe.
A juicio de los expertos, el núcleo de esos asentamientos no es creado por migrantes del interior, sino por "marginados de Montevideo expulsados de la estructura urbana formal por la mecánica socioeconómica de la capital".
Su respaldo a esos sectores parece haber dado a los tupamaros un buen rédito político, un hecho que preocupa a la centrista coalición de gobierno conformada por los partidos Colorado y Nacional.
"Es necesario impedir la explotación política de esta situación e impedir que se forman microestados dentro del Estado, porque en algunos asentamientos sus habitantes imponen sus propias reglas", dijo un asesor del Poder Ejecutivo.
Con esa base, el gobierno impulsa una serie de medidas destinadas a desarrollar "un activo plan" de políticas sociales "focalizadas", para superar la situación.
Mientras, el gobierno municipal de Montevideo, a cargo de la coalición de izquierdas Frente Amplio, de la que participan los tupamaros, anunció este miércoles que en 1998 dará "prioridad" en materia financiera a la atención de los asentamientos irregulares.
Técnicos de la municipalidad de Montevideo buscarán privilegiar "los barrios periféricos" y dar marco legal a las tierras que fueron ocupadas en forma irregular.
Patricio Rodhé, director de Planificación Municipal de Montevideo, advirtió que la regularización no será posible en el caso de algunos asentamientos, pero se buscarán para esos casos "soluciones alternativas". (FIN/IPS/rr/ff/pr/97
