La biopiratería enfrenta las primeras trabas en Brasil. Una organización no gubernamental (ONG) francesa denunció a la empresa Channel por utilizar un árbol en extinción, mientras otra asociación puede ser expulsada de la Amazonia por apropiarse de conocimientos indígenas.
Selva Viva, fundada por Ruediger Von Renighaus, ciudadano de origen suizo, es la ONG sometida al primer proceso judicial por biopiratería en el país, acusada de vender datos sobre raíces, cáscaras y semillas de Acre, un estado del noroeste brasileño, a la industria farmacéutica extranjera.
La justicia de Acre podría en cualquier momento determinar su cierre, respondiendo a una acusación formal efectuada por las fiscalías federal y estadual.
En cuanto a Channel, la famosa fábric de perfumes franceses, se la acusa de que estaría contribuyendo a la extinción del "palo rosa", un árbol amazónico cuyo nombre científico es Aniba Rosoeodora.
El perfume más vendido del mundo, Channel 5, estaría elaborado con un aceite extraído de ese árbol, según la ONG Robin des Bois (Robin Hood), que propuso un boicot internacional a la empresa.
Las denuncias que llevaron a la Fiscalía de Acre a enjuiciar a Selva Viva partieron del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), de la Iglesia Católica y de la Unión de las Naciones Indígenas do Acre (UNI-AC).
Informaciones recogidas de los propios indígenas, a los cuales la ONG ofrecía medicamentos y ayuda financiera, habrían sido comunicadas a grandes empresas transnacionales farmacéuticas, como Ciba-Geigy, Hoechst, Sandoz, Lilly y Johnson & Johnson, según el CIMI.
Esos casos se agregan a numerosas denuncias, algunas comprobadas pero sin consecuencias penales, de que conocimientos y recursos genéticos de la Amazonia han sido apropiados principalmente por laboratorios internacionales.
"Por primera vez los poderes públicos actúan efectivamente e incluso la Policía Federal inició investigaciones de campo", saludó David Hathaway, un consultor en cuestiones ambientales y agrícolas para organismos internacionales y no gubernamentales.
Las autoridades brasileñas siempre "hablaron mucho de soberanía nacional en la Amazonia", pero casi nada hicieron para contener la biopiratería en la región, señaló.
Los dos casos en cuestión son distintos, observó.
En uno se trata de conocimientos desarrollados por comunidades indígenas o campesinas de los que se adueñan empresas o personas, que podría patentarlos usurpando un derecho. En otro, está en cuestión la extracción de un recurso natural que puede provocar daños ambientales.
El estado de Acre se convirtió en centro de una batalla contra la piratería. Su Asamblea legislativa aprobó el 2 de julio una ley estadual de protección a la biodiversidad, imponiendo duras condiciones a los extranjeros que pretendan acceder a los bosques amazónicos.
La Ley de Biodiversidad busca poner fin al "neocolonialismo, a la invasión que no deja ningún beneficio para la región", argumentó el diputado Edvaldo Magalhaes, autor del proyecto y miembro del Partido Comunista de Brasil.
El proyecto, que parlamentarios piensan extender a otros estados amazónicos, provocó reacciones encontradas.
Criticado por el ex presidente de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia Sergio Ferreira, que lo consideró ineficaz, fue defendido por el geógrafo y ambientalista Aziz Ab Saber, según el cual puede contribuir a reforzar la lucha contra la "alarmante situación" de la Amazonia, ante la destrucción y robo de sus recursos.
Hathaway lamentó que la iniciativa, además de limitada, fue precipitada, al carecer de la amplia discusión que exige la cuestión.
Una mejor solución puede nacer, según él, del proyecto de ley nacional presentado por la senadora Marina Silva para reglamentar la Convención de Biodiversidad firmada en la Cumbre Ambiental de 1992 en Rio de Janeiro.
La legislación de Acre se inspiró en la propuesta inicial de la senadora, modificada tras aportes del Senado en dos años de debates.
Un tema en discusión, por ejemplo, es el derecho de comunidades indígenas o campesinas a proteger los conocimientos que acumularon a lo largo del tiempo. Es un problema mundial.
Las leyes sólo reconocen patentes de personas o empresas, no un derecho intelectual comunitario, señaló Hathaway.
Lo que se busca es una fórmula que asegure a los indígenas un derecho no comercializable sobre los conocimientos, reglamentando su usufructo y el acceso a ellos de forma compartida o remunerada.
De todas formas, el experto considera positiva las reacciones contra una biopiratería que gozaba de total libertad de acción hasta el momento.
En Acre actuó Chico Mendes, destacado e internacionalmente respetado ambientalista, en tanto líder de los "pueblos de los bosques" amazónicos, que ahora protagonizan la lucha contra la biopiratería, dijo Hathaway. Mendes fue asesinado en 1988. (FIN/IPS/mo/dg/en/97
