El gobierno de Bolivia iniciará en septiembre una ofensiva para eliminar las plantaciones de coca, en una guerra declarada a más de 30.000 familias de campesinos que ya anunciaron una fuerte resistencia.
La medida busca destruir hasta el 31 de diciembre próximo 3.500 hectáreas de coca del Chapare, zona roja de producción de coca y cocaína en el centro del país, y evitar la temida "descertificación" de Estados Unidos.
En este año, sólo fueron erradicadas 3.500 hectáreas de cultivos de coca de la meta anual de 7.000 hectáreas establecida en las leyes bolivianas y fijada por Washington como condición para apoyar la lucha antidrogas en este país andino.
Hasta el año 2002, cuando concluya el mandato del presidente Hugo Banzer, Bolivia deberá eliminar las aproximadamente 33.000 hectáreas de coca del Chapare que dan ocupación e ingresos a unas 30.000 familias de campesinos.
El tema cobró actualidad por la firma, el miércoles pasado, de un nuevo convenio bilateral entre Bolivia y Estados Unidos por el cual Washington comprometió un apoyo financiero de 45,4 millones de dólares para el año fiscal 1997-1998, 16 por ciento más que el año anterior.
De los 45,6 millones, sólo seis millones se destinarán a programas de desarrollo que ofrecerán alternativas productivas a los campesinos. El resto será utilizado en tareas de interdicción, reducción de cultivos de coca y participación de las Fuerzas Armadas y la policía.
El nuevo acuerdo ha sido calificado por el sindicalista Filemón Escóbar, asesor de los productores de coca del Chapare, como el anuncio de la erradicación forzosa, el final del desarrollo alternativo y el próximo derramamiento de sangre en esa región.
Escobar aseguró que los campesinos tratarán de evitar por todos los medios la erradicación forzosa a través de "comités de autodefensa", aunque admitió que será una tarea muy difícil.
Los campesinos del Chapare -que tienen un nivel de vida superior al promedio en Bolivia, saben que el gobierno de Banzer hará todo lo imposible para erradicar los cultivos de coca.
La principal razón para ello radica en que una eventual "descertificación" de Estados Unidos privaría al país de más de 2.000 millones de dólares en los próximos cinco años, debido al veto de los representantes de Washington en los organismos multilaterales de crédito.
"Podemos estar de acuerdo o no con esa política (de certificación)", dijo el vicepresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, "pero es plata del gobierno norteamericano y la da o no la da, su voto en el BID (Banco Interamericano de Desarrollo lo da o no lo da, su voto en el Banco Mundial lo da o no lo da".
Además, el gobierno de Banzer necesita demostrar a Estados Unidos su voluntad de acabar con la coca, pese a contar como principal aliado con el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) del ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993).
Paz Zamora y otros ocho dirigentes del MIR no reciben visas de ingreso a Estados Unidos por sus presuntos vínculos que en el narcotráfico.
Por último, la comunidad internacional no estaría dispuesta a continuar apoyando la lucha antidrogas de Bolivia, si continúa la misma política de erradicación de cocales desarrollada en los últimos 10 años.
Mientras los campesinos recibían una compensación económica de 2.500 dólares por cada hectárea de coca destruida voluntariamente, en forma simultánea plantaban en otros lugares. De esta manera, en la última década fueron erradicadas 40.000 hectáreas, pero se plantaron 50.000 hectáreas nuevas.
La embajada de Estados Unidos en Bolivia propuso al gobierno de Banzer que reduzca la compensación económica de 2.500 dólares.
El circuito de coca y cocaína en Bolivia mueve anualmente unos 300 millones de dólares, según estimaciones gubernamentales. (FIN/IPS/jcr/ag/ip/97
