El enjuiciamiento en la Organización Mundial de Comercio (OMC) a leyes locales de Estados Unidos que desalientan las inversiones en Birmania generaron críticas hacia esa institución, en especial entre los sindicatos.
Líderes de 11 sindicatos de Estados Unidos reclamaron al presidente Bill Clinton que "defienda con vigor" una ley de Massachusetts que prohíbe al gobierno de ese estado contratar a empresas que hagan negocios con Birmania.
Esa norma es cuestionada por la Unión Europea (UE) y Japón, que presentaron una queja ante la OMC pues la consideran una violación de convenios y tratados internacionales por parte de Estados Unidos.
Otros 11 gobiernos locales, además del de Massachusetts, aprobaron normas similares, denominadas "de compras selectivas", la más reciente en la ciudad de Nueva York, votada el 30 de mayo.
En una carta a la representante comercial de Estados Unidos, Charlene Barchefsky, los sindicatos exhortaron al gobierno de Clinton a "proteger el derecho de estados, condados y gobiernos municipales a decidir sus compras".
Barshefsky intentará una solución al conflicto con la UE y Japón antes de que se constituya un panel de la OMC que consideraría el caso, informaron a IPS allegados a la funcionaria. El panel se formaría en octubre si las partes no alcanzan un acuerdo el próximo mes.
El Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos había intentado persuadir al Congreso y la gobernación de Massachusetts de derogar esa norma, pero las autoridades del estado reivindicaron su derecho a controlar sus propias compras.
Desde entonces, Washington respaldó la medida. Clinton, incluso, prohibió en abril la radicación de nuevas inversiones en Birmania, para lo que invocó la situación de los derechos humanos y el tráfico de drogas en esta nación del sudeste de Asia gobernada por una junta militar.
El caso ha alimentado las críticas a la OMC en Estados Unidos, tanto desde la derecha como de la izquierda, con el argumento de que la organización internacional amenaza la soberanía y los principios constitucionales del país, entre ellos los derechos de estados y otros gobiernos locales.
"Si el pueblo de Massachusetts no quiere que su dinero se gaste en productos de compañías cómplices en torturas y represión, es su derecho", dijo Kenneth Zinn, coordinador para América del Norte de la Federación Internacional de Sindicatos Químicos, Energéticos y Mineros (ICEM).
"La OMC no tiene derecho a decirle a los contribuyentes lo que deben y lo que no deben comprar", agregó Zinn.
La UE, que condena las violaciones de derechos humanos en Birmania, se opone a la ley de Massachusetts pues entiende que viola un acuerdo internacional de 1994 que prohíbe a gobiernos nacionales y locales hacer consideraciones políticas al decidir sus compras y contratos.
El bloque europeo se arriesga a "contradecir el espíritu de sus propias sanciones" contra Rangún, argumentó Zinn, quien rechazó acusaciones de discriminación contra Massachusets pues la prohibición, dijo, se aplica a todas las empresas que comercian con Birmania sin importar su origen.
Estas compañías "han brindado respaldo y sostén a la dictadura y, por esa causa, la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi y la opositora Liga Nacional para la Democracia pidieron a los inversores que retiren sus fondos de Birmania", reza la carta de los sindicalistas.
La ICEM cuenta con 20 millones de afiliados en 113 países. La mayoría de los sindicatos que firmaron la carta a Barshefsky adhieren a la federación.
La misiva acusa a compañías petroleras, entre ellas las estadounidenses Unocal, Atlantic Richfield Company (ARCO) y Texaco y la francesa Total, de "alentar al régimen militar, pues le suministran grandes cantidades de divisas extranjeras".
Junto a acciones dispuestas por organizaciones de derechos humanos, las leyes estatales y locales "de compras selectivas" cumplieron un papel importante contra el "apartheid", régimen de segregación racial institucionalizada vigente en Sudáfrica hasta la democratización en 1994.
Los activistas aspiran a que sus medidas tengan un efecto similar en Birmania, aunque algunos analistas no están de acuerdo con los resultados.
Apenas un puñado de compañías estadounidenses retiraron sus inversiones de Birmania, pues una cláusula del decreto firmado por Clinton en abril permite mantenerlas.
Al mismo tiempo, Estados Unidos se convirtió en el destino de casi dos tercios de las exportaciones birmanas de vestimenta, según el Comité Nacional Sindical, un grupo de defensa de los derechos laborales con sede en Nueva York.
Las empresas se han nucleado en poderosas coaliciones como el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC) y USA Engage para oponerse a lsa sanciones unilaterales de Washington.
Representantes de ambas alianzas concertan con legisladores estadounidenses y diplomáticos europeos estrategias contra sanciones unilaterales y extraterritoriales, tales como la ley Helms-Burton, que desalienta la inversión en Cuba, y la "de compras selectivas" en Massachusetts. (FIN/IPS/tra-en/aa/mk/mj/if hd ip/97
