Las comunidades situadas sobre dos ríos de Guyana en los que hace dos años se virtieron desechos tóxicos de la minería, incluyendo cianuro, aún viven temerosos de los efectos del desastre en su salud.
Residentes en asentamientos como Riverview, 114 kilómetros río abajo del sitio del accidente tienen tanto miedo que se niegan a aventurarse en el mayor río del país, pese a declaraciones según las cuales ahora todo está bien.
"Ahora caminamos más de tres kilómetros dentro de la selva para obtener agua de los riachuelos", dijo Leo Fernández, uno de los 700 residentes en el área. "Tenemos miedo de tomar el agua o nadar en el río", agregó.
Mientras Fernández y otros continúan con el trauma causado por el envenenamiento, grupos ambientalistas en Guyana y Canadá están dispuestos a asegurar que la empresa responsable se haga cargo de las consecuencias del desastre.
El 19 de agosto de 1995, el lago artificial de una mina operada por Omai Gold Mines se derramó al ser reparado tras 100 horas de trabajo, desparramando en los ríos Omai y Essequibo cuatro millones de metros cúbicos equivalentes a 30 meses de desechos con cianuro.
El derrame mató vida marina y otros animales unos 80 kilómetros río abajo, y alteró la vida de unos 30.000 residentes.
El Essequibo corre a lo largo de casi la totalidad de este país sudamericano de 215.000 kilómetros cuadrados, y es el mayor de Guyana, y uno de los más transitados.
La mina se mantuvo cerrada durante cinco meses tras el derrame.
Ambientalistas respaldan a miles de personas que iniciaron acciones legales contra Cambior Inc., propietario mayoritario con sede en Canadá de Omai Gold Mines. Golden Star Resources de Colorado, Estados Unidos, y el gobierno de Guyana también son accionistas.
Esta semana Researchers International, organización voluntaria con sede en Quebec, reunió a personas interesadas en llevar a Cambior ante la corte. El grupo envió un experto en derechos humanos para examinar el sistema judicial de Guyana y hablar con expertos legales.
El profesor de la Universidad de Quebec William Schabas se encuentra en Georgetown para luchar contra lo que considera un esfuerzo del representante de Cambior por trasladar a Guyana un juicio ahora en manos de una corte canadiense.
En Guyana las multas son mucho menores y no hay una historia de acciones legales civiles contra empresas locales o extranjeras.
El juicio exige al a compañía el pago de unos 3.000 dólares por daños a los 23.000 litigantes. Además, se presentaron unos 200 reclamos de pescadores, taladores y otros cuyas vidas se sumieron en el caos tras el desastre ambiental.
Omai ya se enfrentó a reclamos de algunos pescadores por pérdida de ingresos. La compañía admitió la responsabilidad por daños en una declaración pública que tomó una página de la prensa, poco después del derrame.
El anuncio se refirió a lo que la compañía consideró una disculpa pública. (FIN/IPS/tra-en/bw/cb/lp/en/97
