Grupos comunitarios y organizaciones ambientalistas de la capital de El Salvador se oponen a la construcción de un incinerador de residuos, adjudicada por la municipalidad a una corporación canadiense.
En 1995, el entonces alcalde Mario Valiente contrató a la empresa Continental Waste Conversion/Global Waste & Energy (CWC) para construir el incinerador que, instalado a mitad de camino entre dos barrios de bajos ingresos, procesaría los residuos de los 500.000 habitantes de San Salvador.
CESTA, un grupo ambientalista salvadoreño, arguye que el incinerador agravará la mala calidad del aire de la ciudad. "El aire aquí ya es asesino. La principal causa de muerte entre niños y niñas son las enfermedades respiratorias", advirtió el activista y médico Ricardo Navarro.
Navarro mencionó un estudio de la Sociedad Respiratoria Europea, que comparó la incidencia del asma en distintas naciones. "No es sorprendente que haya muchos casos de la enfermedad en El Salvador. El país casi no impone límites a las emisiones de vehículos e industrias", sostuvo.
El debate sobre el incinerador se intensificó en marzo, cuando el nuevo alcalde, Héctor Silva, desaprobó el proyecto. La iniciativa "no tiene sentido, si se consideran los riesgos para la salud y el ambiente" que puede acarrear, declaró Silva al diario Prensa Gráfica.
La corporación canadiense exige el cumplimiento del contrato y amenaza con demandar a la municipalidad ante la justicia si se cancela el proyecto. "Construiremos el incinerador o reclamaremos el pago de 10 millones de dólares. Nos da lo mismo", dijo Birger Munck, presidente de CWC.
La compañía ya habría gastado "millones de dólares en un estudio de impacto ambiental y otras medidas previas", aseguró.
Silva se manifestó dispuesto a negociar con CWC la construcción de un centro de reciclaje de residuos en lugar del incinerador. Pero Munck subrayó que todo nuevo plan deberá incluir el incinerador, aún en el caso de se sumaran métodos alternativos de procesamiento de residuos.
"Nuestro interés principal reside en la energía que producirá la planta de incineración, pues recibiremos un porcentaje sobre su venta", explicó Munck.
"Muchas naciones en desarrollo con problemas económicos y sociales similares aportaron soluciones creativas, que serían posibles si CWC accediese a negociar, en lugar de dificultarnos las cosas", dijo por su parte el alcalde.
Su proyecto consiste en obtener fertilizantes orgánicos del reciclaje de residuos urbanos.
Los ministros de Ambiente y Salud también expresaron reservas acerca del incinerador proyectado. Pero la decisión final corresponde al concejo municipal de San Salvador, que históricamente favoreció todas las iniciativas relacionadas con la inversión extranjera.
"Estamos considerando las consecuencias que tendría una demanda judicial para la ciudad, y no descartamos la construcción del incinerador", declaró a Prensa Gráfica un portavoz del concejo municipal.
Mientras, las organizaciones ambientales y comunitarias intensificaron sus críticas contra CWC. "Con la amenaza de una demanda judicial, la empresa ejerce una gran presión sobre el concejo", denunció CESTA.
"¿Es posible que una corporación extranjera tenga más poder sobre el destino de una ciudad que el propio alcalde? ¿Puede admitirse que una poderosa empresa arriesgue la salud y el ambiente de una población pobre en nombre del lucro?", se preguntó el grupo.
El incinerador sería destino de un mínimo de 50 por ciento de los residuos que genera diariamente San Salvador, informó CESTA.
"Otras ciudades tienen una variedad de maneras para procesar los residuos, como el reciclaje y el relleno de terrenos con basura. En cambio, nosotros llevaremos a incineración la mayor parte de nuestros desechos", señaló el grupo.
La incineración de tres toneladas de residuos urbanos libera una tonelada de cenizas tóxicas al aire, según cálculos de la organización ambientalista Greenpeace.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la ceniza generada por los incineradores contiene niveles tóxicos de plomo, dioxinas y cadmio, junto a otras sustancias peligrosas como arsénico, monóxido de carbono, níquel y mercurio.
Un estudio de 1994 de la estadounidense Agencia de Protección Ambiental reveló que las dioxinas son carcinógenas y pueden causar defectos congénitos, afectar el desarrollo y provocar alteraciones en los sistemas endocrino, reproductor e inmunológico.
No existen en El Salvador las restricciones técnicas y legislativas necesarias para prevenir la contaminación ambiental por incineración de residuos, destacó CESTA.
A mediados de enero, Greenpeace/América Central y ecologistas salvadoreños invitaron al científico ambiental Paul Connett a exponer en conferencia pública el impacto de las plantas de incineración de residuos sobre la salud y el ambiente.
Connett ofreció pruebas del peligro que la incineración implica para la salud, y criticó el estudio de impacto ambiental realizado por CWC, que la compañía canadiense aceptó realizar sólo después de meses de presión de la opinión pública.
"Es el peor estudio que vi en más de 11 años de trabajo", aseguró Connett.
El estudio tendría que haber sido realizado por un instituto independiente y externo, y antes de la firma del contrato para construir el incinerador, sostuvo el experto. (FIN/IPS/tra- en/dk/mk/aq-ff/en/97
