Las 112 comunidades amazónicas de Ecuador que mantienen un juicio contra la trasnacional petrolera Texaco por daños socioambientales apelarán hoy el fallo de nulidad del proceso que emitió la justicia de Estados Unidos.
El juicio se complica cada día más "en perjuicio de más de 30.000 indígenas de la amazonía ecuatoriana" que han iniciado la demanda hace tres años, dijo este lunes Cristóbal Bonifaz, representante legal de las comunidades demandantes.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos, donde se juzgó el caso, tendrá que revisar el recurso de los litigantes y en caso de aceptarlo se abrirá un nuevo proceso, "lo que podría durar, por lo menos, un año más", explicó Bonifaz.
Texaco extrajo 1.400 millones de barriles de petróleo de la selva amazónica de Ecuador entre 1968 y 1992, año en que suspendió sus actividades.
La demanda de las comunidades indígenas se presentó en 1993 en territorio estadounidense, valiéndose de una vieja ley de ese país – del siglo pasado- que admite querellas extranjeras por daños que resulten de una violación de leyes internacionales.
Los indígenas exigen 1.500 millones de dólares em indeminzaciones por los daños ambientales y sociales que la petrolera produjo durante su presencia en la selva amazónica.
El jueves pasado Jed Rackoff, juez del distrito sureste del Estado de Nueva York, donde se ventila el caso, declaró improcedente la participación del Estado ecuatoriano en el juicio como parte demandante, y la nulidad del proceso.
El juez argumentó que durante el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-96) el Estado ecuatoriano suscribió un acuerdo con Texaco para la reparación de los daños ambientales.
Posteriormente, según su informe, en el gobierno de Abdalá Bucaram (1996-97), el Estado ecuatoriano mantuvo dos posiciones: una de apoyo a los indígenas y otra contraria a participar en el juicio por considerar que era un asunto de soberanía nacional.
Por último, el gobierno de Fabián Alarcón (surgido tras la destitución de Bucaram en febrero pasado) decidió intervenir en el juicio como parte litigante.
Para Rackoff, la inconecuencia de las autoridades ecuatorianas hace que su participación en el juicio sea descartada de antemano y la existencia de un acuerdo vigente entre ese país y la petrolera es motivo suficiente para declarar la nulidad del proceso.
La actuación de Rackoff "es incoherente", dijo a IPS Sergio Uchim, dirigente de una de las comunidades litigantes. "El fue quien insistió para que el Estado ecuatoriano tomara una posición en el caso, bajo la amenaza de declarar nulo el juicio".
Para Bonifaz, el juez "nunca debió pedir que el Estado ecuatoriano defina una postura frente al caso", pues la demanda "fue presentada por las comunidades indígenas contra la petrolera".
"Nosotros decidimos apoyar a los indígenas en un juicio externo, porque no podemos seguir el proceso en Ecuador", ya que "existe un acuerdo entre Texaco y el Estado, que fue firmado erróneamente por una administración anterior", reconoció a su vez el fiscal general Milton Alava.
"El gobierno definirá en estos días si apoya la apelación del juicio o si se mantiene al margen", agregó.
En este proceso intervienen "muchas presiones políticas del gobierno de Estados Unidos, pues es un caso donde existen grandes intereses económicos en juego", dijo por su lado Bonifaz.
"Nosotros tenemos el apoyo internacional y la razón de nuestra parte", concluyó el abogado. (FIN/IPS/mg/dg/ip-pr-en/97
