La preemergencia ambiental que afectó a Santiago durante seis días finalizó el martes 29, pero dejó lanzada una intensa controversia acerca de las medidas de descontaminación decretadas por el gobierno de Chile.
Esta capital de cinco millones de habitantes vivió desde el miércoles pasado el más prolongado período de crisis ambiental de su historia, obligando a las autoridades a hacer más drástica la normativa para adoptar medidas de descontaminación del aire.
Pero una vez superada la crisis, al menos parcialmente, el Colegio Médico, parlamentarios y grupos ecologistas renovaron sus críticas al carácter y la efectividad de las últimas resoluciones gubernamentales.
Un grupo de diputados anunció que promoverá una masiva manifestación "por un aire limpio en Santiago", similar a la realizada en junio de 1996, y que iniciará acciones legales en demanda de medidas más efectivas para proteger a la población.
Tras la preemergencia que significó el lunes la paralización forzada de 60 por ciento de los automotores sin catalizador (250.000 de un total de más de 400.000), este martes se volvió a la restricción vehicular habitual de 20 por ciento.
También se autorizó la reanudación de actividades de 89 fuentes fijas de emisión de contaminantes, incluyendo a calderas industriales y chimeneas de incineradores y equipos de calefacción en edificios y establecimientos de servicios.
La suspensión de actividades de la enseñanza básica y preescolar, ordenada el lunes, se mantuvo este martes, como medida de prevención ante posibles brotes epidémicos de afecciones respiratorias virales.
La contaminación ambiental es propicia para la expansión de bronquitis, neumonías y otras enfermedades, como se ratificó durante la preemergencia en que los hospitales pediátricos públicos atendieron de urgencia a unos 10.000 menores.
El levantamiento de la preemergencia se resolvió luego de que todas las estaciones de medición de la calidad del aire, instaladas en diversos puntos de la capital, registraran índices de contaminación inferiores a 100.
Según la nueva normativa que el gobierno del presidente Eduardo Frei puso en vigencia desde el viernes último, al índice de 200 corresponde el estado de alerta ambiental, con una restricción de 40 por ciento para vehículos no catalizados.
Los índices se determinan según la cantidad de partículas contaminantes, medidas por microgramos, por metro cúbico de aire, atribuyéndose la calidad de "bueno" a un registro de hasta 150 partículas, que corresponde al índice 100.
En Santiago se realizan mediciones desde mediados de la década del 80 y nunca se ha registrado el índice de máxima emergencia ambiental, a partir de 500, que refleja la presencia de 330 partículas por metro cúbico de aire.
Las nuevas normas mantuvieron la preemergencia para los índices de 300 a 400, pero aumentaron a 60 por ciento en este caso la prohibición de circular para automotores sin catalizador, que utilizan gasolina con plomo.
El intendente de la Región Metropolitana, Germán Quintana, advirtió que los índices de mala calidad del aire pueden volver a aumentar en la medida de que se restablezcan la circulación de automotores y las actividades industriales suspendidas.
Quintana, principal autoridad gubernamental en la región que cuenta con 35 municipios, señaló que la situación ambiental podría mejorar si se materializan las esperadas lluvias previstas por algunos meteorólogos para este miércoles.
Los colegios profesionales de médicos y profesores insistieron en que persisten riesgos para los estudiantes y criticaron al gobierno por no ampliar la suspensión de actividades a los estudiantes de la enseñanza media.
Los médicos y grupos ecologistas insistieron en que Chile debe adoptar los estándares de países industrializados, donde la preemergencia ambiental se adopta a partir del índice 200 y calificaron como un "parche" la creación del estado de alerta.
Enrique Accorsi, presidente del Colegio Médico, advirtió que las normas implantadas desde la semana pasada son "tímidas" con respecto al Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana que el gobierno formuló en 1996.
Sara Larraín, de la Red Nacional de Acción Ecológica, y Manuel Baquedano, de Instituto de Ecología Política, insistieron en una estrategia de descontaminación a largo plazo que considere el negativo impacto del modelo de libre mercado.
En ese sentido, plantearon que el gobierno debe impulsar la descentralización del país y adoptar medidas efectivas para desalentar y racionalizar el uso del automóvil, y promover un transporte masivo eficiente y no contaminante.
La "bancada verde", que reúne a diputados de diversas corrientes políticas, impugnó la decisión gubernamental de establecer un sistema de tarificación vial, que gravará el uso de ciertas avenidas y calles por automovilistas particulares.
Los diputados dijeron que ese mecanismo, en lugar de contribuir a la descontaminación, operará en la práctica como "una licencia para contaminar" en favor de los sectores de altos ingresos que podrán pagar los respectivos peajes o tarifas.
Señalaron que la restricción vehicular castiga igualmente a los estratos de menores ingresos, que no son propietarios de los 280.000 automóviles con convertidor catalítico, que corresponden a la renovación del parque automotor desde 1992. (FIN/IPS/ggr/ag/en/97
