La mayor central sindical de Venezuela convocó a un paro nacional de 12 horas el miércoles contra la negativa del sector privado a incrementar los salarios pese a las alzas en las tarifas de los servicios y la gasolina.
El secretario general de la Confederación de Trabajadorse de Venezuela (CTV), Carlos Navarro, dijo a IPS que la medida respondió a una exigencia de 16 de las 22 regiones del país y también busca frenar una escalada de despidos en el mismo sector privado.
Desde este jueves se hará efectivo un aumento de 27 por ciento en el precio promedio de la gasolina, para situarlo en unos 14 centavos de dólar, lo que va a tener una incidencia directa en los otros productos y se suma a alzas en las medicinas y los servicios.
Navarro dijo que la protesta también exigirá un plan de emergencia nacional para el empleo que reduzca la economía informal, donde trabajan en la actualidad la mitad de los nueve millones que componen la población económicamente activa.
El gobierno, por su parte, desestimó adoptar por decreto el incremento salarial en el área privada, durante el Consejo de Ministros de este miércoles. Pero dio plazo al gremio empresarial hasta el viernes para presentar pruebas de que se han producido los incrementos salariales.
La ministra de Trabajo, María Bernardoni, consideró que "se prodría desactivar" el paro de 12 horas si los patronos muestran esas pruebas en el previsto encuentro de la Comisión Tripartita, integrada también por la CTV y el gobierno.
"Estamos dando una oportunidad para que la Comisión Tripartita muestre su bondad", dijo Bernardoni, dando a entender que de no suceder el gobierno pudiera forzar de alguna manera los aumentos salariales.
El movimiento general de las escalas salariales formó parte de los compromisos que facilitaron la flexibilización del régimen laboral, acordado en una negociación tripartita y que eliminó el cálculo en forma retroactiva de los derechos adquiridos por los trabajadores.
El sector privado había insistido en que una vez eliminada esa pesada cláusula laboral procedería a incrementar los muy represados salarios venezolanos entre 40 y 60 por ciento.
El presidente de la Federación de Cámaras Empresarias, Francisco Natera, insistió en que ha habido aumentos desde que se hizo operativo el acuerdo de cambio de régimen laboral el 19 de junio.
Pero otros directivos patronales plantearon que esos aumentos sólo incluyeron la "salarización" de los bonos con que hasta la flexibilización de las condiciones laborales se sostuvo el ingreso, evitando su incidencia en las prestaciones acumuladas por el trabajador.
También plantearon que el gobierno es el que ha impulsado la idea de que el sector privado no está cumpliendo los compromisos salariales para tapar su responsabilidad en establecer un innecesario incremento de la gasolina, exigido por el Fondo Monetario Internacional y rechazado por empresarios y sindicatos.
En la actualidad el salario mínimo, el único fijado por el gobierno, está en 150 dólares mensuales, al ser "salarizados" los bonos. Para los 1,5 millones de empleados públicos el gobierno lo colocó en 198 dólares.
El valor de la cesta alimentaria duplica el del salario mínimo, y el de la cesta básica, que suma otros rubros de primera necesidad, lo triplica.
El ingreso real del venezolano se depreció en forma muy acentuada en los tres años y medio del gobierno de Rafael Caldera, dentro de una tendencia que lo hizo caer en dos tercios en los últimos 18 años, según cifras de la industria petrolera.
En 1996, cuando se produjo el segundo ajuste estructural tras el de 1989, la inflación trepó hasta 103,6 por ciento y este año se duda que se pueda cumplir la meta pactada por el gobierno con el FMI de 35 por ciento, tras el avance de los precios en julio.
Esta es la primera ocasión en que un paro general se convoca contra los patronos privados más que contra el gobierno en un país en que este tipo de recurso no es habitual. La última jornada de parálisis total se produjo en mayo de 1989, también por 12 horas.
En Venezuela, donde viven 22 millones de personas, se calcula que en el área informal están ocupados sólo la mitad de los nueve millones de activos, y el desempleo abierto es de 12,6 por ciento, según cifras oficiales.
El sector sindicalizado sólo representa un tercio del total de la población activa y tiene especial incidencia en el área pública. (FIN/IPS/eg/dg/if-lb/97
