Un tercio de los conscriptos convocados esta primavera boreal al servicio militar en Rusia sufren problemas de drogadicción, alcoholismo, de salud o de conducta, o incluso poseen antecedentes criminales.
Sin embargo, las autoridades han manifestado su satisfacción por el resultado de la convocatoria. Más de 214.000 personas acudieron y 85 por ciento de los puestos fueron cubiertos. Pero 31.000 conscriptos no respondieron al llamado.
La satisfacción de las autoridades militares oculta problemas aun más profundos. Un tercio de los conscriptos llegaron a los centros de reclutamiento con bajo peso, y algunos con problemas con la justicia y adicciones.
Al mismo tiempo, aumentan los objetores de conciencia (jóvenes que se niegan a cumplir el servicio militar). Solo en San Petersburgo, fueron 5.000. Aunque el artículo 59 de la nueva constitución reconoce el derecho a efectuar servicios alternativos, la Duma (parlamento) aún no legisló el punto.
El gobernador de San Petersburgo, Vladimir Yakovlev, propuso crear un "batallón experimental" de objetores de conciencia cuyas tareas se extenderían por tres o cuatro años en lugar de los dos del servicio militar corriente. Podrían residir en sus domicilios y trabajar en mejoras urbanas o en hospitales.
Cada vez más rusos creen que la seguridad del país no puede depender más de las convocatorias al servicio militar y que es necesario establecer un ejército profesional. El Ministerio de Defensa presentará al gobierno un programa de reformas al sistema de reclutamiento.
La intención de constituir un ejército profesional es, de todos modos, solo parte de un cambio mucho más profundo que ya está en curso. Luego de cinco años de debate, Rusia ha asumido una reforma a gran escala y de largo plazo con un decreto emitido por el presidente Boris Yeltsin el día 16.
Entre los cambios propuestos, las fuerzas de misiles estratégicos y las ofensivas y de defensa espaciales se combinarían en una entidad única denominada Fuerzas Estratégicas Misilísticas. La fuerza de defensa aérea, en tanto, se fusionaría con la fuerza aérea.
También habrá cambios en las fuerzas de tierra, entre ellas la supresión del puesto de comandante en jefe.
Los cortes afectarán en total a unos 500.000 efectivos. El gobierno entiende que el tamaño ideal de un ejército profesional es de 900.000, 0,6 por ciento de la población rusa.
El gobierno estimó que el ingreso de 61 por ciento de los soldados rusos no cubren sus necesidades y que 29 por ciento viven debajo de la línea de pobreza. La mayoría de los oficiales creen que la situación no mejorará y planean abandonar sus puestos cuando expiren sus contratos.
Los comandantes de pelotón (tenientes) ganan 112 dólares por mes, los comandantes de compañía (capitanes), 158 dólares, y los comandantes de batallón (tenientes coroneles), 206 dólares. Estos salarios no se ajustan desde abril de 1995, período en que el salario mínimo civil se cuadruplicó.
Los salarios, que en ocasiones se atrasan meses, son la única fuente de ingresos de las familias de los oficiales, pues se les prohibe por ley tener otro trabajo y es difícil que sus esposas los obtengan en las áreas donde se ubican las anidades. Unos 100.000 oficiales no cuentan con vivienda propia.
Apenas 10 por ciento del personal del ejército recibe los uniformes obligatorios. Solo 48 por ciento posee ropa de abrigo y nueve por ciento con botas altas. El Ministerio de Defensa no compra ropa hace dos años.
Las existencias de emergencia han salvado a los soldados del frío y del hambre. Pero 90 centavos de dolar al día no son suficientes para alimentar a un muchachón de 18 años. El año pasado se previó raciones diarias de 1,9 dólares, pero esa cifra se redujo a la mitad.
Yeltsin pidió a sus subalternos a proponer medidas específicas para financiar las reformas, entre ellas de protección social a los efectivos, incluso provisión de viviendas.
Parte de las finanzas necesarias para eso se obtendrán por la privatización de organizaciones como las tropas de construcción, así como de la venta de propiedades inmuebles y de equipos militares excedentes.
Más de 100 organizaciones del complejo de construcciones militares serán privatizados de acuerdo con otro decreto presidencial firmado el día 8.
El general Alexander Kosovan, viceministro de Defensa y responsable de construcción de barracones y alojamiento de tropas, supervisa el pasaje del complejo a compañías mixtas, en las que el estado se reservará el control de entre 25,5 y 51 por ciento del capital.
El gobierno, que redujo el presupuesto militar de 18.900 millones de dólares a 15.100 millones, no pudo pagar al Ministerio de Defensa siquiera esa cifra reducida al mínimo. Las partidas destinadas a alimento duraron apenas nueve meses. (FIN/IPS/tra- en/ai/jmp/mj/ip/97
