La crisis cambiaria registrada en el sudeste asiático provoca reacciones encontradas en Brasil, pero las autoridades económicas descartan una extensión del problema a América Latina.
En Brasil -coinciden analistas oficiales y privados- las privatizaciones, que atraen fuertes capitales extranjeros, son la principal arma para neutralizar efectos graves de un posible contagio.
Directores del Banco Central llegaron incluso a prever repercusiones positivas para la región. Las inversiones que dejan Asia podrían ser transferidas a Brasil, sostuvieron Gustavo Franco, del área internacional del Banco, y su colega del Departamento Económico, ltamir Lopes.
La reacción del mercado indica, sin embargo, que esta nueva crisis "regional", iniciada en Tailandia hace dos semanas, puede afectar en alguna forma la confianza en todos los mercados emergentes, como reconocieron Franco y el ministro de Hacienda, Pedro Malan.
Las Bolsas de Sao Paulo y de Rio de Janeiro habían caído 7,9 y 5,7 por ciento respectivamente al medio de la tarde de este martes, sumándose a los resultados negativos de 3,46 y 3,52 por ciento del lunes.
El pesimismo, que las autoridades consideran pasajero, no se debió solamente al llamado "ataque especulativo" a las monedas asiáticas, que amenaza extenderse a Europa oriental. El mismo lunes el Banco Central brasileño divulgó cifras preocupantes de la balanza de pagos.
El déficit de las cuentas corrientes acumuló 15.621 millones de dólares en el primer semestre, correspondiente a 4,19 por ciento del producto interno bruto (PIB), un deterioro sensible en relación a 1,88 por ciento de un año atrás.
Las reservas cambiarias brasileñas, otro factor de tranquilidad, se redujeron en 1.664 millones de dólares en junio, aunque se mantuvieron en el cómodo nivel de 57.615 millones de dólares, equivalente a un año de importaciones.
El ministro de Hacienda consideró muy distintas las situaciones de Tailandia y de Brasil.
El país asiático tuvo tres años seguidos un déficit equivalente a ocho por ciento del PIB en sus cuentas corrientes, casi el doble de Brasil, argumentó.
Pero Malan admitió estar preocupado por el crecimiento del déficit brasileño, que pasó de 2,5 por ciento en 1995 a 3,3 en 1996 y llegaría a 4,5 por ciento este año.
Cuando estalló la crisis financiera mexicana, a fines de 1994, también se habían destacado diferencias entre ese país y Brasil.
Sin embargo, Brasil sufrió reflejos del "efecto tequila", tuvo que retroceder en su apertura económica y por eso enfrenta hasta hoy quejas de sus socios comerciales, incluso en el Mercado Común del Sur (Mercosur).
Economistas de oposición, como Paulo Nogueira Batista Junior, señalan el deterioro de las cuentas externas como factor de crisis a largo o mediano plazo y, por ahora, de limitación del crecimiento económico del país.
La dependencia de capitales externos y el esfuerzo por controlar el déficit manteniendo la moneda nacional sobrevaluada para contener la inflación no permiten una expansión mayor de la economía y obligan al gobierno a eventuales medidas de contención de la demanda, argumentan los críticos.
Para combatir la pobreza y el desempleo en el país sería necesario un crecimiento de por lo menos seis por ciento del PIB, evalúa a su vez el Banco Interamericano de Desarrollo.
Para este año se prevé que el país crecería algo por encima de tres por ciento, contra 2,9 en 1996.
Pero hay un relativo consenso en que las repercusiones de la crisis Tailandia no provocarán ninguna situación alarmante en Brasil.
Además de las elevadas reservas, las privatizaciones programadas para este y los dos proximos años en los sectores de telecomunicaciones y energía deben generar más de 80.000 millones de dólares de ingresos.
De ese total, cerca de 40 por ciento vendrá del exterior, estima el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que ejecuta el programa de desestatización. Se trata de aportes de capital no volátil, al contrario de los que provocan los "ataques especulativos".
La explotación de telefonía celular en Sao Paulo, por ejemplo, fue adquirida por un consorcio encabezado por la estadounidense Bellsouth por 2.450 millones de dólares, 4,4 veces el precio mínimo fijado por el gobierno.
La concesión de ese servicio, distribuido en diez áreas, sólo se otorga a consorcios en que tenga participación alguna gran empresa extranjera con experiencia comprobada en la operación de millones de teléfonos celulares.
Ello asegura buena parte de divisas extranjeras entre los ocho a nueve mil millones de dólares que pueden aportar las operaciones de privatización que concluirán antes de fines de este año. (FIN/IPS/mo/dg/if/97
