La escena se desarrolla en la Corte Judicial del Condado de Broward, en el sur de Florida, Estados Unidos. Danielle Gallimore, de 21 años y procedente de Jamaica, comparece ante el juez Daniel Futch.
Su rostro refleja temor. Sus manos sudorosas sostienen la Biblia. Acaso espere que la Biblia, su juventud y las lágrimas ablanden el corazón del juez Futch y le aparejen una sentencia más leve de la prevista. Pero eso quizá haya sido una posibilidad en otro tiempo y en otro lugar.
Los legisladores de Florida dejaron a los jueces pocas opciones. La sentencia mínima obligatoria por tráfico de drogas en el estado más meridional de Estados Unidos es de 15 años en prisión y una multa de 250.000 dólares.
Y los prisioneros deben cumplir 85 por ciento de la sentencia antes de tener derecho a libertad bajo palabra.
La corte halló a Danielle culpable de narcotráfico este mes. Habían pasado once meses desde que cargó tres botellas de lo que suponía licor. Su novio le había pedido que la llevara de Jamaica a unos parientes en Florida.
Los funcionarios aduaneros practicaron los análisis de rigor y descubrieron que, en lugar de la bebida, en las botellas había cocaína líquida.
Danielle y su abogado defensor, Johnny McCrary, no pudieron convencer al jurado de que ella no sabía que la botella tenía otra cosa de lo que las etiquetas indicaban.
John Atkins, cónsul general de Jamaica en Florida, no sabía lo que le había sucedido a la joven cuando IPS le pidió un comentario. Sin embargo, conocía muchísimos otros casos similares.
Atkins no pudo brindar cifras concretas, pero dijo que en los siete años que lleva al frente de la misión jamaiquina en Miami percibió un persistente incremento en la cantidad de jamaiquinos arrestados en Florida por tráfico de drogas. Y el número de mujeres en esa situación crece a un ritmo mayor.
El diplomático está convencido de que existen muchos casos que no han llegado siquiera al buzón de su oficina.
Aunque las autoridades de Estados Unidos están obligadas a informar al consulado tan pronto como determinen que un detenido es de nacionalidad jamaiquina, "eso no se hace con frecuencia". Ni siquiera los propios arrestados toman contacto con la misión.
Pero Atkins tampoco podría hacer mucho en este tipo de caso más allá de tomar nota, porque no dispone de presupuesto suficiente para suministrar asistencia legal a sus compatriotas.
Las pocas excepciones que se registraron se debieron a incumplimientos de los procedimientos legales por parte de las autoridades estadounidenses.
Atkins mencionó el caos de una mujer que se negó a someterse a una inspección corporal interna a menos que fuera efectuada por un médico. Los agentes la detuvieron. El consulado recibió la denuncia, presentó una protesta y la mujer fue liberada.
"Debemos ser cuidadosos cuando intervenimos, pues no podemos aparecer como interfiriendo con el sistema de justicia de Estados Unidos. Tenemos que ser muy diplomáticos al respecto", explicó a IPS.
A fines de junio, Atkins entrevistó a 15 jamaiquinas que cumplen condenas por tráfico de drogas en el sur de Florida. Entre ellas figuraba una diabética de 61 años de edad que desde su encarcelamiento se convirtió en dependiente de la insulina.
"Cuando salí a la calle me sentía destruido", recordó el diplomático. Y también cuando debió visitar otras jamaiquinas en la misma situación en prisiones de Texas y Louisiana, pues su consulado cubre los 14 estados sureños de Estados Unidos.
Hace poco, un niño de tres años pasó algún tiempo en su oficina. La madre estaba en la cárcel porque los funcionarios aduaneros detectaron cocaína en su equipaje. Las autoridades estadounidenses y la aerolínea Air Jamaica cooperaron para que el niño volviera a la casa de su abuelo en Kingston.
Muchos jamaiquinos en Florida consideran que los funcionarios de Estados Unidos a cargo de la lucha contra el narcotráfico los hostigan injustamente.
Los familiares de Danielle insisten en que ella es inocente, que la acusación en su contra fue débil y que un jurado constituido en exclusiva por blancos originarios de Estados Unidos la condenó porque es negra y jamaiquina.
Atkins no quiere participar en ese debate. "Toda comunidad de extranjeros se considera sometida a un hostigamiento injusto", dijo. Pero "las autoridades prestan especial atención a los pasajeros de Air Jamaica porque, en su opinión, nuestro país es un centro del narcotráfico", explicó.
Esta creencia "lleva a los jamaiquinos, por lo general, a sentir que los acosan sin necesidad y sin justicia", agregó.
McCrary, el abogado de Danielle, es un negro estadounidense de todos modos, admitió que "el color tiene influencia en la mayoría de los juicios". "En el caso de Danielle, creo que el fallo fue resultado de una combinación de raza y nacionalidad", sostuvo.
Uno de los argumentos de la apelación que prepara McCrary es la exclusión a instancias de la fiscalía de un aspirante negro a integrar el tribunal.
A pesar de que confía en una apelación exitosa, el abogado no dejará pasar ninguna de las opciones que el sistema de justicia le ofrece, y presentará una petición de deportación al gobernador de Florida.
Si la apelación y la petición fracasan, Danielle, quien viajó a Florida para hacerse cargo de la crianza del hijo de un familiar y, quizás, ingresar a una universidad estadounidense, pasará por lo menos 11 años más en la cárcel.
La misma semana que recibió su condena, dos mujeres fueron arrestadas en el Aeropuerto Internacional de Miami pues los funcionarios a cargo descubrieron cocaína guardada en sus complicados peinados. (FIN/IPS/tra-en/cr/ps/cb/mj/ip pr/97
