En Chile aumentan las denuncias de delitos sexuales contra menores gracias a nuevas leyes y a la acción de las autoridades, pero el fenómeno en sí de maltratos y violaciones de infantes tampoco parece disminuir.
El abogado Carlos Verdejo, experto del Servicio Nacional del Menor (Sename), señala que para este año se prevén 4.365 denuncias de abusos sexuales en el país, lo cual indica que el número real de casos debe ascender a 30.000.
El profesional explicó que por cada denuncia formal existen otros seis o siete delitos que no se hacen públicos y quedan reducidos a la categoría de subnotificaciones en cuarteles de la policía o en los centros hospitalarios.
Verdejo fue uno de los expositores en un seminario que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) organizó el día 21 para un centenar de educadoras de párvulos que trabajan para esta entidad gubernamental.
Las "tías" de la Junji, y en general las educadoras y asistentes de jardines de infantes, deben constituirse en un activo agente de prevención y detección de los maltratos a menores, de acuerdo a la estrategia gubernamental.
Chile es uno de los países en que la violencia doméstica contra la infancia adquiere caracteres más masivos, según estudios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas estableció que Japón y Alemania son las naciones donde, de acuerdo a estadísticas disponibles y confiables, más se maltrata a los niños y ubicó a Chile en un poco honroso tercer lugar.
Una de las manifestaciones más graves del fenómeno en este país se produce en el campo de los delitos sexuales, en que más de 50 por ciento de las víctimas corresponden a menores de 18 años y la mayoría de los casos ocurren en sus propios hogares.
En el seminario de Junji el Sename destacó que durante 1996 hubo 3.020 denuncias de delitos sexuales en la Región Metropolitana, que incluye fundamentalmente a la ciudad de Santiago, con más de cinco millones de habitantes.
De ese total correspondieron 1.715 casos a menores de 18 años, con 1.026 denuncias de abusos deshonestos y 689 de violaciones sodomíticas, con un porcentaje de 83,7 por ciento de mujeres como víctimas.
El estudio del Sename estableció que 24,4 por ciento de las víctimas de delitos sexuales tenían entre 13 y 15 años y 18,3 por ciento entre cuatro y seis años.
En 29 por ciento de los delitos (497 casos) el agresor sexual cohabitaba con la víctima, siendo en la mayoría de las ocasiones el padre.
Desde el punto de vista de los autores de las denuncias, 1.149 fueron efectuadas por la madre de la víctima, 154 por el padre y 140 por la propia niña o niño.
Lo más preocupante es que sólo 122 denuncias (siete por ciento del total) condujeron al agresor a procesos judiciales, lo cual es visto por los expertos como demostrativo de la impunidad en que quedan la mayoría de los delitos.
En muchos de los casos de agresiones sexuales cometidas fuera del hogar la víctima no puede identificar a su agresor, pero también en un alto porcentaje las menores violadas y sus familias callan por vergüenza o temor a represalias.
El bajo número de denuncias que desembocan en procesos muestra igualmente desestimientos de las víctimas ante la justicia, ya sea por procedimientos de conciliación con los agresores o por iniciativa de la propia familia en casos de abusos en el hogar.
"Una tendencia muy marcada es que los familiares directos nieguen la agresión de que son víctimas los menores", advirtió María Eugenia Jaña, secretaria regional ministerial de Justicia.
Lionel Grez, pediatra del Servicio Médico Legal, indicó que muchos de los casos de abusos sexuales contra menores no llegan a los centros de atención de salud o se intenta disfrazarlos de accidentes para ocultar a los culpables.
Jaña subrayó que el maltrato infantil y las agresiones sexuales a menores constituyen fenómenos transversales en la sociedad chilena, presentes en todos los estratos de ingresos y no sólo entre los más pobres, como se tiende a considerar.
La atención a los padres es otro de los aspectos fundamentales en el enfrentamiento del problema, ya sea en calidad de victimarios o como parte de la familia afectada por el abuso sexual contra una o un menor, planteó Grez.
A menudo, las posibilidades de asistencia a los progenitores estarán determinadas por sus grados de ingresos e instrucción, en cuanto a las posibilidades de cambio de conductos y de manejo intelectual de las situaciones, señaló el médico.
En todos los aspectos de tratamiento del problema, las educadoras infantiles pueden desempeñar un papel de primer orden, en tanto conocen no sólo al niño, sino a través de él las características de sus familias y de sus padres.
La observación metódica de las conductas de los niños puede conducir a clarificar casos ocultos de maltrato, como igualmente la clarificación de episodios en que los menores, por ejemplo, intenten justificar como consecuencia de accidentes lesiones que provienen de abusos. (FIN/IPS/ggr/ag/hd-pr/97
