Un tribunal de apelaciones de Uruguay rechazó hoy la posibilidad de que la justicia investigue la desaparición y eventual remoción de cadáveres de unos 30 ciudadanos secuestrados durante la dictadura militar sin que previamente intervenga el Poder Ejecutivo.
El fallo unánime del tribunal establece que debe cumplirse la ley de punto de final de 1986, que en dos de sus artículos establece como condición "exclusiva y excluyente" que sea el gobierno el que determine si las denuncias están o no comprendidas en ese texto.
A juicio del tribunal, no existe ninguna otra posibilidad de que la justicia investigue si militares y policías violaron los derechos humanos entre 1973 y 1985.
Con este fallo se anula la decisión previa de un juez que había acogido una denuncia del senador Rafael Michelini para averiguar el paradero de los cuerpos de unos 30 desaparecidos en Uruguay.
Esas personas habrían sido enterradas en dependencias militares y sus cadáveres cambiados de lugar tras el retorno a la democracia, en marzo de 1985.
Rafael Michelini es hijo del ex senador Zelmar Michelini, secuestrado y asesinado en Buenos Aires en 1976. Cerca de 120 uruguayos desaparecieron en Argentina en los años setenta en épocas de la dictadura militar en ese país (1976-1983).
Según la ley que puso "punto final" a las investigaciones sobre desapariciones, torturas y asesinatos cometidos durante la dictadura, ratificada por un plebiscito popular en 1989, el Poder Ejecutivo dispone de 30 días para responder si corresponde o no la investigación del caso denunciado por Michelini.
Se presume que la respuesta será negativa.
Miles de personas manifestaron a fines de mayo en Montevideo en reclamo de una solución política al tema de los desaparecidos. (FIN/IPS/rr-dg/dg/ip-hd/97
