En Cuba, todo lo que se mueve alrededor de la vivienda, desde alquileres hasta ocupaciones ilegales, genera comentarios, rumores y polémicas públicas desde que el gobierno comenzó a aplicar controvertidas disposiciones.
La controversia siguió a la adopción de una serie de medidas para regular las migraciones hacia la capital, el arrendamiento de inmuebles e "indisciplinas sociales" vinculadas con la vivienda.
Unos se preocupan porque creen que ya no podrán aspirar nunca a vivir en La Habana. Otros averiguan cómo hacer para recibir a un amigo en su casa y que las autoridades no piensen que están alquilando.
Programas de televisión y de radio, artículos en la prensa oficial y encuestas a la población se suceden en un intento por explicar las medidas, que podrían convertirse en las más debatidas de los últimos años en Cuba.
"Los sobres que abro vienen cargados de inquietudes sobre viviendas, migraciones y sus conexos", reconoció el periodista Guillermo Cabrera, encargado en el diario oficial Granma de la sección "Abrecartas" (correo de lectores).
Los temas, que podrían parecer independientes, tienen un eje común: la difícil situación de la vivienda en el país del Caribe. En La Habana, una ciudad de más de dos millones de habitantes, es donde el problema se percibe con mayor fuerza.
El vicepresidente del parlamento, Jaime Crombet, dijo el día 3 que La Habana concentra alrededor de 50 o 60 por ciento del crecimiento total de la población de Cuba y aseguró que este fenómeno "crea muchos problemas adicionales".
La capital dispone de 561.000 viviendas, casi la mitad de las cuales está en estado regular o malo, 60.000 son ya irreparables y deben demolerse, y 75.000 se encuentran apuntaladas, según Crombet.
Fuentes oficiales apuntan que en la ciudad 88.000 personas esperan la asignación de una vivienda y 76.000 habitantes, muchos de ellos ocupantes ilegales, moran en unas 23.000 casas localizadas en 188 focos o barrios insalubres.
Crombet reveló que el propósito oficial era construir 100.000 viviendas anuales, 20.000 de ellas en La Habana, programa que se vio fuertemente restringido por la crisis económica estallada en 1990.
Conrado Martínez Corona, presidente del gobierno en la capital, aseguró en abril que este año se invertirán 73,8 millones de pesos (igual al dólar al cambio oficial) en la construcción de nuevas viviendas y 39,1 millones en reparaciones y mantenimiento.
El programa para este período pretende que queden listas unas 7.000 nuevas viviendas en la capital y que se realicen más de 72.000 labores de conservación y rehabilitación en inmuebles familiares.
Pero la mayoría de estas nuevas casas están comprometidas con organismos y con los propios constructores y sólo una pequeña parte se destinará a la solución de los casos sociales acumulados, según el vicepresidente del parlamento.
En esta coyuntura las autoridades se ven obligadas a frenar el flujo migratorio hacia la capital para contrarrestar la acumulación de problemas del fondo habitacional y de los servicios básicos de alcantarillado, agua potable, transporte, combustible doméstico y electricidad.
Por otro lado, pretenden estimular el alquiler de espacios como una vía temporal de solución a la escasez de viviendas y eliminar la "competencia desleal" establecida por los arrendatarios privados a las instalaciones turísticas estatales.
"Con el alquiler se incluye ropa de cama y limpieza. Se ofrece servibar, desayuno, almuerzo y cena, masajes, manicure, auto con chofer, lectura de carta astral, consultas espirituales y de santería, limpieza de santería", anuncia un negocio privado de alquiler de vivienda en un céntrico barrio habanero.
Y como ese hay otros. Mansiones en barrios residenciales, alguna que otra casa con piscina, apartamentos en el mismo centro de la ciudad y varias habitaciones al fondo de un restaurante privado, frente por frente, a uno de los mejores hoteles de La Habana.
La actividad de arrendamiento a turistas o extranjeros residentes en la isla creció, en buena medida al margen de la ley, desde inicios de esta década y cobró fuerza con el impulso oficial al desarrollo del turismo y la legalización del dólar en 1993.
La Ley General de la Vivienda de 1989 autorizó el arrendamiento de hasta dos habitaciones, con o sin servicio sanitario propio, mediante precio libremente concertado y sin someterse a aprobación previa alguna.
Un decreto ley de este año modificó la legislación vigente al no restringir el espacio que el propietario de una vivienda puede arrendar y estableció la obligatoriedad del pago de impuestos por ejercer esa actividad.
Los ingresos por impuestos sobre el arrendamiento se destinarán a un fondo para la construcción y reparación de viviendas y quedarán exentos de pago los que alquilen sólo a cubanos, por un máximo de 200 pesos mensuales y por más de tres meses.
Cuba tiene un fondo de más de 2,9 millones de viviendas, 84,8 por ciento de las cuales pertenecen por título de propiedad a uno de los miembros del núcleo familiar que la habita, según datos del Instituto Nacional de la Vivienda.
Se estima que entre 8.000 y 10.000 viviendas están en arrendamiento y en ellas fue donde se alojó 21 por ciento de los 339.522 extranjeros que llegaron a Cuba en el primer trimestre de este año.
De acuerdo con Manuel Millares, ministro de Finanzas y Precios, "con una cuota mínima de 20 dólares diarios por 180 días por el alquiler de una sola habitación" los arrendatarios tienen ingresos de por lo menos 3.600 dólares mensuales.
Sin embargo, paralelalemente a un grupo privilegiado que posee las grandes casas y apartamentos en las zonas más demandadas, coexiste otro sector que acudió al alquiler como la única vía de obtener divisas en medio de la crisis y hacerse de los productos de primera necesidad que sólo pueden adquirirse en dólares.
"Vivo sola, tengo un apartamento de dos cuartos que alquilo una o dos veces al mes. No me gusta tener personas desconocidas en mi casa y lo hacía sólo cuando venían muy bien recomendadas", dijo una jubilada de 59 años que hasta 1994 fue profesora universitaria.
No todos los que alquilan tienen las condiciones ideales para hacerlo o cuentan con clientes seguros como para reportar un "lleno completo" a lo largo de todo el mes y, mucho menos, del año.
"Yo no puedo pagar 200 dólares mensuales al fisco, ni siquiera 100. Sobrevivirán los que han acudido al alquiler como un negocio sin guante. Los otros tendremos que dejarlo", dijo la jubilada a IPS.
"El impuesto es una cuota fija para el año completo y es independiente del tiempo de ocupación de la vivienda. El arrendador pagará mientras esté vigente su contrato", afirmó el ministro Millares al semanario Juventud Rebelde, órgano oficial de la Unión de Jóvenes Comunistas.
Expertos locales estiman que esta actividad privada podría haber contribuído a incentivar un sector de turismo de bajos ingresos que opta por Cuba pero no puede enfrentar los gastos de un hotel.
Granma, órgano del gobernante Partido Comunista, afirmó el 20 de mayo que la tendencia al alojamiento fuera de las instalaciones hoteleras pasó de siete por ciento de los visitantes en 1995 a 16 por ciento el pasado año.
Las autoridades se preocupan por la obtención de elevadas ganancias en un sector que no tenía compromisos de aporte al erario, la pérdida de ingresos a las arcas del Estado y el descontrol sobre los extranjeros que llegan a la isla.
La regularización de esta actividad privada se unió a una fuerte ofensiva contra la compraventa ilegal de inmuebles, las construcciones no autorizadas y las ocupaciones de viviendas abandonadas.
"Una tía me mandó el dinero de Estados Unidos. Pagué casi 20.000 dólares por este apartamento y por normalizar los papeles. Dicen que tendré que pagar alquiler toda la vida, pero eso no importa pues tengo mi casa", dijo un hombre de 48 años.
A este padre de dos hijos e ingeniero de profesión no le preocupa tanto que el gobierno estudie la posibilidad de elevar las tarifas de alquiler después de haberlo declarado "arrendatario de por vida" (nunca podrá ser propietario) por haber incurrido en una compra ilegal.
No es el caso de las casi 200 personas que en el primer trimestre de este año fueron regresadas a sus lugares de origen por ocupación ilegal de viviendas y locales o construcciones ilegales.
"Yo sé que puedo legalizar mi situación", dijo una mujer de 38 años que llegó a La Habana hace más de dos años y, como tantos otros, lleva varios días haciendo fila en las direcciones de la vivienda o del carné de identidad de la capital. (FIN/IPS/da/dg/pr/97
