Un senador y un ingeniero paraguayos denunciaron en esta capital que el gobierno brasileño ampara maniobras de corrupción en las que intervino el presidente de Paraguay, Juan Carlos Wasmosy.
Fernando Pfanni, senador del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), dijo durante un juicio público que una auditoria de la represa de Itaipú reveló que una empresa de Wasmosy se apropió de 29 millones de dólares que pertencen a los gobiernos de Paraguay y Brasil.
El ingeniero Ricardo Canese dijo a IPS que Wasmossy es un "testaferro de (el ex dictador Alfredo) Stroessner en Itaipú".
Stroerssner gobernó en Paraguay durante 35 años, hasta que fue derrocado el 3 de febrero de 1989 y desde entonces vive en Brasil bajo asilo político.
Tanto Pfanni como Canese sostuvieron que el gobierno brasileño no ha reclamado, a través del ente que administra la represa binacional, el dinero del cual la empresa de Wasmosy se apropió en forma ilegítima y que pertenece a los ciudadanos de ambos países, que lo aportan a través de sus impuestos.
Ambos dijeron que las autoridades de Itapú niegan información amparándose en que la represa es un ente binacional al margen de las nomras de ambos paises, cuando en realidad sus representantes son designados por los gobiernos.
Los ciudadanos paraguayos declararon el martes durante varias horas ante la justicia uruguaya como testigos en un juicio que se sigue a Federico y Carlos Fasano, director y redactor responsable del diario La República de Montevideo.
Los hermanos Fasano fueron procesados en mayo de 1996 por el delito de "Atentado contra el honor de un jefe de Estado extranjero", por lo cual sufrieron 15 días de prisión.
Con el marco de una campaña local e internacional en defensa de la libertad de expresión fueron liberados por un tribunal superior que declaró ilegal la prisión.
Entre febrero y marzo de ese año La República había publicado una serie de denuncias en las cuales atribuyó a Wasmosy haber robado mediante la participación de su empresa en Itaipú.
El mismo tribunal que dispuso la libertad de los periodistas abrió el camino para que ambos pudieran provar la veracidad de sus denuncias durante un juicio que ahora se está desarrollando.
Canese denunció que la connivencia de Wasmosy con Brasil se inició durante la dictadura de Stroessner, cuando éste negoció en 1975 con la poderosa empresa brasileña Camargo Correa para la primera acción en la represa.
"A todos los paraguayos nos consta que durante la dictadura sólo se podía acceder a negocios grandes siendo cómplice del dictador", dijo Canese al juez Rolando Vomero, quien dirige el juicio oral y público.
Tanto Canese como Pfanni advirtieron que ni las autoridades paraguayas ni brasileñas han reclamado el dinero del cual la empresa de Wasmosy se apropió a través de maniobras con hierro y cemento.
El senador paraguayo añadió que una comisión bicameral del Congreso de su país que él integra analizó las denuncias de corrupción, pero dijo que aún no llegó a ninguna conclusión.
El fiscal Miguel Langón, quien pidió el procesamiento y prisión de los periodistas uruguayos, interrogó en forma minuciosa a los testigos en procura de descalificar su testimonio.
Los hermanos Fasano intentan demostraron que los hechos que ellos denunciaron son ciertos y que antes de su publicación en Uruguay habían sido investigados en Paraguay.
Pfanni y Canesse admitieron al fiscal que ni la justicia penal ni civil de Paraguay habían sancionado a Wasmosy y que tampoco se tomaron medidas administrativas en su perjuicio por la maniobra denunciada.
"La justicia (de Paraguay), inclusive en la Corte Suprema, tiene jueces corruptos y archivó las denuncias", argumentó Canese, quien sorprendió a los asistentes al aportar dos valijas repletas de documentos para avalar sus denuncias.
"Antes de comenzar la construcción de la represa Wasmosy no tenía nada, sólo deudas. Hoy posee bienes por varios centenares de millones de dólares", añadió el ingeniero paraguayo, quien está sometido a un proceso judicial en su país.
Pfanni dijo que algunos empleados de la represa binacional dijeron inicialmente estar dispuestos a declarar ante la comisión parlamentaria, pero luego desistieron, presumiblemente presionados y por temor a perder sus empleos.
Para viajar a Uruguay, Canese, que permaneció varios años en el exilio durante la dictadura de Stroessner, debió tramitar un permiso especial y llegó a Montevideo acompañado por su abogado.
Otros testigos paraguayos comparecerán en una nueva audiencia del juicio que fue fijada para el 16 de julio en Montevideo, tras la cual el fiscal y el juez deberán determinar el destino jurídico de los periodistas uruguayos. (FIN/IPS/rr/ag/ip/97
