Un fuerte dispositivo de seguridad precede en Nigeria el aniversario de las elecciones de 1993, cuya anulación interrumpió el proceso para la restauración de la democracia.
"No dejamos ni una piedra sin revisar. Sabemos que individuos inescrupulosos pueden intentar aprovecharse de este periodo para provocar tensión", advirtió una fuente gubernamental.
Las elecciones del 12 de junio de 1993, anuladas por el entonces presidente militar Ibrahim Babangida, están aún frescas en la memoria de los nigerianos, cuando se anuncia un nuevo calendario político para ceder el paso a una administración civil.
El opositor Moshood Abiola, vencedor supuestamente en los comicios de hace cuatro años, permanece en la cárcel, acusado de traición por proclamarse presidente electo. Su caso sugiere a muchos nigerianos que los militares podrían postergar otra vez su regreso a los cuarteles.
La policía advirtió que no se permitirán los actos de protesta en el aniversario de las elecciones, aunque no hay señales de manifestaciones en preparación.
El jefe de policía de Lagos, Abubakar Tsav, aseguró que, según los servicios de inteligencia, "elementos inconformistas" se proponen realizar demostraciones no autorizadas.
"La prohibición de manifestaciones callejeras en el estado (de Lagos) todavía está en vigor y la policía no consentirá que sea ignorada", advirtió Tsav.
"Los grupos que sistemáticamente piden clemencia por quienes cometen delitos contra el Estado deben disuadir a esas personas de intrvenir en actos no permitidos", agregó.
La policía demostró esta semana que está determinada a impedir toda actividad de la oposición, al disolver un encuentro organizado por estudiantes de dos universidades al cumplirse un año del asesinato del prominente activista político Kudirat Abiola.
El Consejo Provisional de Gobierno, órgano máximo del régimen militar nigeriano, analizó "el estado de la nación y de la seguridad", informó el general Chris Garuba, director del Colegio de Guerra.
Así mismo, los jefes de seguridad se reunieron en la norteña ciudad de Kaduna "para considerar todos los problemas de orden público, incluso los atentados con bombas" que se han sucedido desde el último año, comunicó Bukar Usman, director general de Servicios Especiales de la Presidencia.
Zakari Biu, jefe de la fuerza especial antiterrorista, señaló que la policía ha pedido asistencia a España, Estados Unidos y Gran Bretaña para combatir los atentados.
Biu señaló como presuntos responsables de esos hechos a la Coalición Democrática Nacional (Nadeco) y al Consejo de Liberación Nacional de Nigeria. El segundo de esos dos grupos está encabezado por el exiliado Premio Nobel de Literatura Wole Soyinka.
Según aseguró, esas dos organizaciones se proponen "atacar lugares de trabajo" con ayuda de colaboradores nigerianos y extranjeros. El gobierno ofreció 50.000 dólares por informaciones que puedan llevar a la captura de los autores de los atentados.
Ganiyu Dawodu, de Nadeco, rechazó las acusaciones de Biu. Según dijo, se trata de afirmaciones "infundadas" y "descaradamente falsas".
"Nadeco jamás colocó bombas en ningún sitio y no lo hará. La versión de la policía es falsa", expresó Dawodu en una breve declaración pública. (FIN/IPS/tra-en/ro/pm/ip/97