Frenado el diálogo entre el gobierno mexicano y la guerrilla zapatista del sureño estado de Chiapas, los choques entre otro grupo rebelde y el ejército en el estado de Guerrero están alterando el proceso electoral en curso.
Las "razzias" de las fuerzas de seguridad en la zona donde se produjeron las escaramuzas afectan directamente a organizaciones políticas, sindicales y campesinas vinculadas con la oposición de centroizquierda.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) reiteró sus diferencias respecto de los grupos guerrilleros y les solicitó que cesen su accionar armado para facilitar el proceso electoral que culminará con los comicios parlamentarios del 6 de julio.
El insurgente Ejército Popular Revolucionario (EPR), que días pasados tuvo dos enfrentamientos armados con las fuerzas regulares en los municipios guerrerenses de Olinalá y Atoyac, ofreció el domingo replegarse para no interferir en la elección.
Reclamó sin embargo que se retiren de la zona los refuerzos militares enviados por el gobierno federal los últimos seis meses, que según el EPR pasaron de 4.500 a 45.000.
De acuerdo con informes oficiales, en cada uno de los combates, que se prolongaron en ambos casos por alrededor de media hora, participaron un centenar de efectivos gubernamentales y una cantidad similar de guerrilleros.
En el primero de ellos, ocurrido el 24 de mayo en Olinalá, murieron dos combatientes por bando y el ejército reconoció dos heridos en sus filas, pero otras fuentes señalaron que los soldados heridos superaron la veintena, 11 de ellos graves.
En el segundo combate, que se produjo el 27 de mayo en la sierra de Atoyac, murieron tres soldados y dos guerrilleros, según el parte oficial. Hubo además un número indeterminado de heridos.
EL EPR advirtió que no puede dejar las armas, tal cual lo exige el gobierno como requisito para iniciar conversaciones de paz, debido a que es su principal instrumento de defensa.
Simultáneamente los consejeros electorales de Guerrero llamaron al EPR a "decretar el cese de hostilidades bélicas y reencauzarse por vías no violentas".
Dirigentes y militantes de organizaciones campesinas denunciaron que a causa de la búsqueda de guerrilleros intensificada por las tropas gubernamentales se produjeron abusos y actos violatorios de los derechos humanos.
Citaron al respecto allanamientos, "desapariciones" y detenciones arbitrarias, así como torturas e imposición de "confesiones" forzadas.
A su vez, la secretaría de Defensa Nacional, cuyo responsable es el general Enrique Cervantes, negó todas las acusaciones y reiteró que la fuerza armada regular está cumpliendo con su deber de resguardar el orden.
Los consejeros guerrerenses emitieron su pronunciamiento "por la paz y la seguridad del proceso electoral" ante las recientes confrontaciones armadas, las agresiones a representantes y candidatos opositores y la creciente militarización del estado.
El documento llama a los partidos a que "contribuyan a preservar las condiciones del ejercicio democrático" y a las autoridades a que garanticen la transparencia, confiabilidad y credibilidad de los comicios.
A su vez el EPR, en un comunicado suscripto por el "comandante Antonio", declaró que en adelante, y hasta que pase el proceso electoral, si el gobierno no agrede a sus unidades no habrá combate.
Ante los enfrentamientos recientes "diversas voces" han expresado "su preocupación por los acontecimientos y las rpercusiones que pueden tener en la situación política nacional", señaló.
"Algunos temen que estos acontecimientos interfieran con las elecciones y proponen que depongamos las armas, pero no somos nosotros quienes imponemos ese camino ya que el ejército prosigue sus campañas para aniquilarnos", sostuvo.
"La represión desatada contra luchadores sociales y algunos partidos sí puede afectar las elecciones: obliguemos al gobierno a que no lo haga", concluyó.
En otro documento el EPR pide a instituciones religiosas y organismos defensores de los derechos humanos que "en un gesto noble" alguno de ellos tome la iniciativa de recoger los cuerpos de los cuatro guerrilleros caídos en los recientes combates para darles sepultura.
Explica que no pueden ser reclamados por sus familias "por el fundado temor de que el gobierno tome represalias contra ellas". (FIN/IPS/emv/dg/ip/97
