La aprobación de una ley que define la violación como delito contra la persona y no contra la castidad se trabó en Filipinas porque algunos diputados no reconocen el abuso sexual de una mujer a manos del esposo como conducta criminal.
Después de un debate que insumió un decenio, los impulsores de la iniciativa, en especial la senadora Leticia Shahani y las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, deberán esperar varios meses más antes de que se convierta en ley.
El presidente de Filipinas, Fidel Ramos, confiaba en que firmaría la norma el viernes de la semana pasada, pero la noche del jueves prestigiosos legisladores de la Cámara de Diputados rechazaron el concepto de "violación marital", que había sido reconocido en lo previo por el Senado.
Esta fue la tercera vez que la ley tropieza con obstáculos en el parlamento filipino.
Organizaciones de defensa de los derechos femeninos sostienen que esta nueva dilatoria confirma la "insensibilidad" de legisladores varones, incapaces de percibir que los abusos sexuales cometidos por maridos son violaciones.
De todos modos, no fue una sorpresa para las activistas, que no pudieron llamar la atención de los legisladores en torno a la cuestión. En ese sentido, recordaron que un diputado, Romeo Jalosjos, está acusado ante los tribunales de violación contra una niña de 11 años.
"Estoy apenada porque pensé que hoy habríamos cambiado la historia", dijo el viernes la senadora Shahani, principal promotora del proyecto.
Las denuncias de violación ante la policía filipina han aumentado hasta alcanzar 3.384 casos en 1996, 50 por ciento más que en el año anterior.
La iniciativa cambia la naturaleza legal de la violación, que pasa de ser un crimen contra la castidad a un crimen contra la persona. De ese modo, enfatiza la naturaleza violenta de esa práctica y facilita las acusaciones en un sistema legal en el cual las mujeres están en desventaja.
El proyecto que impulsa Shahani permite que personas allegadas a la víctima efectúen la denuncia, pues muchas mujeres violadas se resisten a ello para no revivir la traumática experiencia.
El máximo castigo para la violación en Filipinas es la muerte, en especial cuando la víctima es menor de edad o es asesinada.
La versión del proyecto aprobada por el Senado establecía que el esposo que obliga a su cónyuge a mantener relaciones sexuales con él podría ser acusado de violación marital. Pero muchos diputados no estaban de acuerdo con eso, lo que impedía la aprobación de la ley.
Por eso, los senadores evitaron una definición explícita de la violación marital y, en cambio, dispusieron la extinción del crimen si media el "perdón" de esposa a su cónyuge o el casamiento de la víctima con el violador.
A pesar de que Shahani esperaba que la ley reconociera y definiera el carácter delictivo de la violación marital porque "toda mujer tiene control total de su cuerpo, incluso cuando está casada", debió ceder para garantizar la aprobación de la norma.
El hecho de que no se mencione la violación marital no debilita la ley, según Sahani, porque la jurisprudencia ha reconocido su existencia como delito.
Algunos expertos sostienen que habría sido peor si los legiladores hubieran acordado clasificar esa conducta como mero asalto sexual, como llegó a proponerse.
Las activistas alertaron que el "perdón" podría producirse, en realidad, porque la debilidad impuesta por la sociedad a la víctima le impide romper el círculo vicioso del abuso, que incluye factores psicológicos, económicos y culturales.
La primera dilatoria al proyecto se había producido por las resistencias de algunos legisladores a que la definición de violación incluya, además de la penetración genital, otras formas de abuso, como la inserción de objetos en la vagina, el ano o la boca.
La última versión de la iniciativa impone castigos más leves para estos abusos, lo cual trivializa estas formas de violación "tan devastadoras" como la penetración genital forzada, según SIBOL, una coalición de organizaciones de mujeres creada para presionar por la aprobación de la ley.
Muchos de los impulsores del proyecto destacan que amplía la definición de violación al considerar la violación contra víctimas varones, pero las organizaciones femeninas afirman que eso echa una sombra sobre un hecho de la realidad.
"La abrumadora mayoría de las víctimas son mujeres y la abrumadora mayoría de los abusadores de mujeres, niñas, niños y hombres son varones", advirtió SIBOL.
Los legisladores confían en que la ley se aprobará en unos pocos meses, cuando comience una nueva temporada anual de sesiones en el Congreso. Pero, al parecer, la norma que se apruebe será muy distinta de lo que las activistas desean.
"El Congreso pretende definir las experiencias de las mujeres ignorando las voces de las mujeres", dijo Evelyn Ursua, de la no gubernamental Oficina Legal de Mujeres. (FIN/IPS/tra- en/js/mj/pr/97
