Con progresos en la reforma del organismo y cuestionamientos a la política antidrogas de Estados Unidos y a violaciones a los derechos civiles en Perú concluyó en esta capital la 27 Asamblea General de la Organizacion de Estados Americanos (OEA).
En el encuentro los 34 países participantes adoptaron acuerdos contra la corrupción, el tráfico de drogas, la pobreza y el terrorismo.
El secretario general de la OEA, el ex presidente de Colombia César Gaviria, reveló el viernes que se había avanzado en la reforma institucional, en base a un proyecto que prioriza una mayor intercomunicación entre los presidentes de los países de la región.
"Esta Asamblea ha servido para mirar qué puede hacer la OEA para resolver los problemas de América y encaminarnos a una cultura de paz y desarrollo, y para conseguir que el proceso de las cumbres hemisféricas de presidentes se articule mejor en nuestra organización", dijo Gaviria.
"La corrupción, la pobreza, las drogas y el terrorismo son factores que desestabilizan la democracia y es necesario erradicarlos con energía para construir el desarrollo dentro de una cultura de paz", manifestó el canciller peruano Francisco Tudella, presidente de la Asamblea.
Estados Unidos no salió bien librado en los acuerdos adoptados por la OEA en Lima, pues respecto de la coordinación de una política antidrogas se rechazó explícitamente que los países miembros adopten medidas unilaterales que afecten a las otras naciones.
Ese acuerdo fue adoptado en relación con el proceso de "certificación" que todos los años realiza Washington para calificar la política antidrogas de los países del continente y someter a sanciones políticas y financieras a las naciones descalificadas.
La propuesta fue presentada por Belice y aprobada por unanimidad, porque la delegación estadounidense prefirió no admitir que el acuerdo aludía a la política de "certificación".
El canciller de Belice, Dean Barrows, explicó que el texto aprobado "demuestra que la comunidad hemisférica rechaza la certificación como ofensiva a la noción de igualdad soberana, a la personalidad de los estados americanos y al compromiso de multilateralismo que se ha adoptado".
A pesar a los esfuerzos de la representación peruana para evitar que los temas internos de su país se discutan durante la Asamblea de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la situación en el país anfitrión.
Los delegados de los 34 países que asistieron a la cita encontraron a Perú envuelto en una áspera confrontación entre el gobierno de Fujimori y la oposición por asuntos vinculados a la legalidad constitucional y los derechos civiles.
"La reunión en Lima fue positiva para la OEA, que avanzó en su agenda temática y en la preparación de reformas institucionales, pero fue casi un desastre para el gobierno peruano, que no salió bien librado por la cuestión de los derechos humanos", comentó el analista local Manuel Romero.
Editor de Gestión, matutino peruano especializado en asuntos económicos, Romero destacó la inoportunidad de algunos de los problemas políticos del gobierno del presidente Alberto Fujimori, para los que la asamblea fue una caja de resonancia que la oposición no desaprovechó.
Durante la reunión de cancilleres americanos, los medios de prensa opositores denunciaron que los mandos del ejército los presionaban como represalia por haber revelado torturas y crímenes atribuidos al Servicio de Inteligencia Militar.
Baruch Ichver, peruano naturalizado y propietario del Canal 2 de Lima, escapó a Miami, Estados Unidos, para evitar ser detenido por presunta difamación contra las Fuerzas Armadas, y según indicios la cúpula castrense demanda la anulación de su nacionalidad peruana para obligarlo a vender el canal.
La Comisión deploró la destitucion de tres de los siete miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, sancionados por haberse opuesto a una ley dictada para favorecer la reelección de Fujimori por segunda vez consecutiva.
El Tribunal fue calificadio por la comisión de la OEA como "factor fundamental para la protección de los derechos humanos".
La declaración exhorta al gobierno de Perú a poner en práctica anteriores recomendaciones para normalizar los procesos judiciales, aludiendo a la ilegalidad de los tribunales militares antiterroristas constituidos por jueces enmascarados. (FIN/IPS/al/dg/ip/97
