Responsables del genocidio en Ruanda se escudaron en el estatuto de refugiados que les concedió la Organización de Naciones Unidas (ONU) para llevar la violencia a campamentos de ruandeses exiliados, denunció el grupo African Rights.
African Rights, una organización radicada en Londres, se preguntó en su informe por qué el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) otorgó su protección a soldados y milicianos hutus participantes en el genocidio de 1994.
Esos hombres, derrotados en la guerra civil de Ruanda, "encontraron en los campamentos del ACNUR un escudo para evitar la persecución de la justicia y espadas para asesinar a refugiados burundianos y ruandeses", advirtió el grupo humanitario.
Impidieron "a miles de inocentes ruandeses el regreso a su país en julio de 1994", cuando finalizó la guerra civil, "y durante tres años continuaron su campaña de intimidación y violencia en los campamentos", se señaló en el informe, titulado "Ruanda: John Yusuf Munyakazi, el asesino detrás del refugiado".
John Yusuf Munyakazi, un rico granjero de unos 60 años, no era en realidad un refugiado, ya que no huía de la persecución política, sino de la justicia. Se trata de uno de los protagonistas más conocidos de la matanza de tutsis en Ruanda, afirmó African Rights.
La organización aseguró que unos 4.000 miembros de la minoría tutsi murieron a manos de Munyakazi el 29 de abril de 1994 en la sudoccidental zona de Cyangugu. Munyakazi también intervino en la masacre de 8.000 tutsis en Mibilizi Parish, una localidad de la misma región.
Así mismo, encabezó a un grupo de extremistas hutus que el 13 y el 14 de mayo del mismo año se dieron a la matanza en las occidentales colinas de Bisesero, donde habían buscado refugio 25.000 tutsis
Derrotado el régimen radical hutu, Munyakazi huyó a Zaire (ahora República Democrática de Congo) para organizar incursiones sobre Ruanda y unirse a la persecución contra la minoría zaireña banyamulenge, emparentada con los tutsis.
Fue visto en febrero, en un campamento de refugiados, y "se ignora su actual paredero", indicó African Rights.
El informe "no aporta nada nuevo acerca de los refugiados. Se trata de datos ya conocidos", puntualizó a IPS Paul Stromberg, portavoz del ACNUR en la región de los Grandes Lagos.
"Solicitamos la creación de una fuerza para separar a los refugiados de los criminales, pero la comunidad internacional no aportó tropas", comentó Stromberg.
"Sólo pudimos contar con un contingente de seguridad de las Fuerzas Armadas de Zaire", que "puso fin a la actvidad delicitiva (en los campamentos) y protegió a los socorristas", agregó.
Según Rakiya Omar, codirectora de African Rights, el núcleo del problema fue la falta de una política "lógica" del ACNUR respecto de los ruandeses participantes en el genocidio.
"Hay una gran diferencia entre el ACNUR y otras agencias de socorro". El ACNUR "fue creado después de la segunda guerra mundial para proteger a los perseguidos, y no a culpables de asesinato que huyen de la justicia", dijo Omar a IPS.
"El ACNUR cedió la iniciativa a los responsables del genocidio, que transformaron los campamentos en bases militares para atacar Ruanda y organizar su retorno para completar el exterminio que habían comenzado", agregó
La agencia de la ONU también fue cuestionada por mantener los campamentos de refugiados junto a la frontera de Ruanda.
"Todos sabían que la situación permanecía inestable en Ruanda y que estaba en marcha la matanza de banyamulenge en Kivú del Norte", Zaire, admitió Stromberg. "Pero permanecimos en Bukavu, Goma, porque no podíamos abandonar a las mujeres y los niños" en manos de los soldados y milicianos hutus.
"Nos quedamos allí por la misma razón por la que también continuamos en Kisangani y en otras regiones cuando los rebeldes (hutus) masacraron a refugiados. Nuestra presencia protegía a los mujeres y los niños", aseguró.
"El ACNUR tiene que resolver una cuestión fundamental: a quién se debe conceder el estatuto de refugiado", concluyó African Rights. (FIN/IPS/tra-en/jbk/pm/ff/pr hd/97
