Unos 100 líderes aborígenes le dieron la espalda al primer ministro de Australia, John Howard, mientras hablaba en una convención celebrada en Melbourne para conmemorar el reconocimiento de los aborígenes australianos como ciudadanos en igualdad de condiciones.
Los aborígenes protestaron por lo que consideran un intento del gobierno de desacreditar el informe de la Comisión de Derechos Humanos, que describió como "genocidio" a la separación sistemática de más de 60.000 niños indígenas de sus familias, en el marco de una política de asimilación forzosa realizada hasta los años 70.
El informe, ordenado por el anterior gobierno Laborista y encabezado por Ronald Wilson, prestigioso ex magistrado de la Corte Superior, concluye que Australia violó las normas internacionales y por lo tanto es responsable de genocidio y crímenes contra la humanidad.
De 1890 a 1970, entre la décima y la tercera parte de los niños aborígenes de Australia fueron separados a la fuerza de sus familias y comunidades. Muchos fueron reubicados en orfanatos o con familias australianas de raza blanca, sostiene el informe.
El gobierno recibió el informe de la Comisión de Derechos Humanos en abril, tras una investigación de dos años. Pero el Parlamento recién lo iba a analizar la semana pasada, luego de la presión ejercida por líderes aborígenes y grupos de derechos humanos.
Los aborígenes esperaban que el informe condujera al verdadero reconocimiento de injusticias pasadas, pero en lugar de ello el gobierno inmediatamente atacó las revelaciones de la investigación.
El procurador general Daryl Williams declaró que las conclusiones de la Comisión son "sencillamente erradas y equivocadas".
Además, una fuente del gobierno afirmó que Wilson es parcial porque pidió perdón en televisión por dirigir un grupo eclesiástico que aceptó a niños aborígenes separados de sus familias.
La Comisión solicitó a las iglesias involucradas en la separación de los niños aborígenes de sus familias que se disculparan.
Asimismo, exhortó al gobierno que dé plena vigencia a la Convención sobre el Genocidio y otorgue compensación a las víctimas, y a no destruir registros relacionados con el pueblo aborigen, sus familias, comunidades o niños.
El gobierno teme que el informe aliente a los aborígenes a entablar demandas de compensación. La forma en que Howard trató a la comunidad aborigen y al pasado racista de Australia no infunde esperanzas, según sus críticos.
Desde que se convirtió en primer ministro, Howard trató de impedir que el sistema educativo enseñara que Australia fue colonizada por los europeos en un proceso que costó la vida a muchos aborígenes.
Las protestas también se dirigen contra su aseveración de que la historia africana desde el asentamiento blanco en el siglo XVIII no fue caracterizada por el "imperialismo, la explotación y el racismo".
Howard habría dicho que, aunque la práctica de separar a los niños aborígenes de sus familias es condenable, "fue realizada con el mejor de los motivos e intenciones y muchas personas fueron acogidas en hogares donde se les brindó amor".
Pero los aborígenes que pasaron por esa experiencia no opinan lo mismo. Julie Lavelle, una mujer aborigen de 39 años de edad que dirige Link Up, grupo que posibilita el reencuentro de las familias indígenas, ofreció explicarle a Howard el sufrimiento que pasaron las personas al ser separadas de sus familias.
Lavelle fue adoptada por una familia de un suburbio de clase media superior de Sydney, luego de ser separada de su madre a los tres años de edad. Aunque recibió amor, la experiencia la dejó sin identidad y "un agujero" en su corazón.
"Viví 32 años de mi vida sin saber quién era, de dónde venía. Nunca vi a nadie que se pareciera a mí", manifestó.
Cerca de 535 aborígenes separados de sus familias brindaron su testimonio a la investigación de la Comisión.
Muchos hablaron de sus vidas en instituciones gubernamentales o eclesiásticas, donde eran castigados físicamente y se les preparaba para ser sirvientes. Posteriormente, la falta de identidad y autoestima convirtió a muchos en alcohólicos.
"Mi madre recordaba a una chica a la que ataron a un poste y castigaron duramente. Murió esa noche, aún atada al poste", contó Jennifer, indígena trasladada a un hogar en el norte de Nueva Gales del Sur en 1952. Su madre había sido llevada al mismo lugar en 1915.
En la Convención de Reconciliación realizada la semana pasada, Howard presentó sus disculpas "a los compatriotas que sufrieron injusticias por las prácticas de generaciones pasadas hacia el pueblo indígena".
La Comisión de Derechos Humanos consideró que Australia cometió una de las cinco categorías de genocidio definida por la Convención de las Naciones Unidas de Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio, de 1948, que el país firmó y ratificó en 1949.
El informe sostiene que el gobierno australiano cometió la quinta categoría de genocidio, "definida como la transferencia forzosa de niños de un grupo a otro".
Wilson solicitó a los australianos que lean su informe "con el corazón y la mente abiertos". Pero luego de expresar su "tristeza personal" por el pasado, Howard dejó clara su intención de que el asunto no siga adelante.
Paradójicamente, la convención de la semana pasada conmemoró el 30 aniversario del referendo de 1967, que reconoció a los aborígenes como ciudadanos australianos y abolió el derecho del gobierno de promulgar leyes que los discriminaran.
Pero el líder aborigen Pat Dodson dijo que la "disculpa" de Howard no es suficiente.
"Todos los que fueron separados de sus familias deben recibir una compensación monetaria mínima. También se debe pagar por el daño físico, sexual y emocional, por la pérdida económica, el dolor y el sufrimiento", exhortó. (FIN/IPS/tra-en/ks/js/aq-ml/hd-pr/97
