Una campaña de hostigamiento de la guerrilla de Colombia contra los trabajadores petroleros, sus familias y las compañías contratistas amenaza la actividad del sector, en la que el gobierno ha centrado sus esperanzas de crecimiento económico este año.
La amenaza se evidenció en un comunicado presuntamente reivindicado por el insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el que se declara "objeto militar" al personal civil y las instalaciones de los campos de Cupiagua, localizados en el oriental departamento de Casanare.
Los campos de Cupiagua y Cusiana, explotados por la estatal Empresa Colombiana de Petróleos en asociación con las trasnacionales British Petróleum, Total (de Francia) y Triton (estadounidense), con reservas de crudo de 36.800 millones de dólares está considerado como el mayor yacimiento de occidente.
Las amenazas llevaron a que en la última semana las labores que realizaban empresas contratistas en cuatro pozos de perforación y dos líneas de flujo que se construyen en el campo petrolero se paralizaran ante el temor de los trabajadores.
Según afirmó el jefe de una de estas empresas que pidió omitir su nombre "lo más delicado es que estan intimidando hasta a las familias de esos trabajadores y se ha creado una situación de pánico".
A causa de las amenazas Ecopetrol divulgó un comunicado en el que señala que "los atentados y la presión de grupos extremistas atentan fundamentalmente contra los intereses del pueblo Colombiano" y directa e indirectamente contra la "sociedad trabajadora de Casanare".
El comunicado indica, además, que las empresas y personas que trabajan en los campos de Cupiagua "los campesinos, la comunidad en general y Ecopetrol misma" son población civil que no puede "ser objeto de acción armada" y llama a los insurgentes a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario.
La estatal petrolera expresó que el proyecto de Cupiagua y Cusiana es el más importante del sector de hidrocarburos en el país y marca el inicio "de un futuro más promisorio" para todos los colombianos.
Para los analistas, la producción de estos campos, de cerca de 700.000 millones de barriles diarios, y el café cuyo precio internacional sobrepasó los tres dólares libra, serían los sectores que llevarían la economía a crecer este año entre tres y 3,5 por ciento frente a 2,1 por ciento registrado en 1996.
Según Ecopetrol, los ataques de la guerrilla a la actividad petrolera, pese a que disminuyeron el último año, han causado al país "considerables pérdidas económicas y ambientales".
Los informes de gestión de la empresa indican que en 1996 se registraron más de 60 atentados dinamiteros contra los oleoductos, que ocasionaron el derrame de más de 100.000 barriles de petróleo y pérdidas en reparaciones de cerca de 10 millones de dólares.
Otro informe del estatal Departamento Nacional de Planeación (DNP) señala que entre 1990 y 1994 se registraron 229 ataques contra la infraestructura petrolera que causaron el derramamiento de 683.214 barriles de crudo y pérdidas por 815 millones de dólares.
Esto costos han sido asumidos por Ecopetrol en 60 por ciento y el resto por las empresas asociadas.
Sólo el oleoducto Caño Limón Coveñas sufrió 190 ataques dinamiteros que ocasionaron a Ecopetrol pérdidas por 514 millones de dólares.
Por esa red se transporta el crudo para exportación desde los orientales campos de producción de Caño Limón al puerto de Coveñas, en el Caribe.
Según el DNP, además del crudo derramado o dejado de producir, los atentados de la guerrilla generan daños incalculables en materia ambiental.
El ELN (segundo grupo guerrillero en importancia de Colombia) declaró "objetivo militar" a la infreastructura petrolera desde 1985 para protestar por los contratos de asociación que Ecopetrol suscribe con las multinacionales, que según los insurgentes atentan contra la soberanía nacional.
El gobierno firmó acuerdos con las multinacionales para financiar con sus aportes sistemas más efectivos en la seguridad que les presta el ejército.
El monto de esos acuerdos no ha sido revelado, pero según se informó sólo una de estas multinacionales destina mensualmente ocho millones de dólares en sobrecostos de seguridad.
Hasta 1996 Ecopetrol pensaba que el negocio del petróleo era tan atractivo para las trasnacionales que éstas tenían incorporada a su estructura los riesgos en materia de seguridad.
Pero en abril la BP suspendió obras para extraer el gas del yacimiento de Piedemonte, en Casanare, hasta tanto el gobierno le asegure que contará con la seguridad necesaria.
El presidente de Ecopetrol, Antonio Urdinola, afirmó que "todas las petroleras están sumamente preocupadas" por el problema de la inseguridad. (FIN/IPS/yf/dg/ip/97
