Burundi confía en que la cumbre de la Organización de Unidad Africana (OUA) recorte de modo sustancial las sanciones económicas que el mismo foro le impuso el año último como reacción ante el golpe militar.
El Consejo de Ministros de la OUA acordó recomendar el alivio de las sanciones a Burundi y la propuesta está a estudio de los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros de la organización, que este lunes empezaron una reunión de tres días en Harare, la capital de Zimbabwe.
El régimen militar de Burundi cree que la eliminación de todas las sanciones contribuiría a la estabilidad en la región de los Grandes Lagos, según dijo en Harare el canciller burundiano Luc Rukingama.
Rukingama anunció que Burundi pedirá al mandatario de Zimbabwe, Robert Mugabe, presidente entrante de la OUA, que redoble esfuerzos para lograrla paz en Burundi.
El Consejo de Ministros adoptó su recomendación a la vista del diálogo abierto por el presidente de Burundi, mayor Pierre Buyoya, con el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD), el principal entre los grupos rebeldes de etnia hutu.
Pero los combates continuaron y, según Buyoya, fuerzas insurgentes de países vecinos se unieron a los rebeldes burundianos.
Los últimos choques ocurrieron la semana última en Kanyosha, un distrito montañoso situado 15 kilómetros al sur de Bujumbura, la capital de Burundi.
El portavoz del ejército, teniente coronel Isaie Nibizi, dijo a IPS que los rebeldes atacaron el área después de que los militares los obligaron a salir de la vecina Makamba.
Nibiz aseguró que 70 insurgentes y dos soldados murieron en los combates, entre el miércoles y el jueves.
Así mismo, el ejército capturó varias piezas de artillería en el bosque de Kibila, al norte de Bujumbura, donde los rebeldes intentaban hacerse fuertes, de acuerdo con informaciones procedentes de Bujumbura.
El ejército había comunicado previamente la muerte de 30 rebeldes hutus en la nororiental provincia de Cibitoke, fronteriza con Ruanda y la República Democrática de Congo (RDC, ex Zaire).
Unas 150.000 personas murieron y cientos de miles debieron huir de su área de residencia a causa de la violencia que persiste en Burundi desde el asesinato en octubre de 1993 de Melchior Ndadaye, el primer presidente hutu del país.
El ejército, controlado por la minoría tutsi, pudo sofocar la insurrección con que los hutus reaccionaron ante el asesinato de Ndadaye, aunque luego ha debido enfrentar una guerra de guerrillas.
La violencia continúa pese al comienzo de las negociaciones y Buyoya aseguró que soldados y milicianos hutus derrotados en la guerra civil de Ruanda (abril-julio de 1994), y efectivos del ejército del depuesto dictador zaireño Mobutu Sese Seko se han incorporado a las fuerzas insurgentes de Burundi.
Los ruandeses que, según Buyoya combaten Burundi, pertenecieron a las fuerzas acusadas por la comunidad internacional por el genocidio de Ruanda, que se cobró casi un millón de víctimas, entre tutsis y hutus moderados o ajenos al conflicto étnico.
Otras fuentes sostienen que insurgentes ugandeses también se han unido a la rebelión en Burundi. Así mismo, el Frente por la Democracia en Burundi (Frodebu), el mayor de los grupos políticos que formaban el gobierno depuesto por Buyoya, amenazó con tomar las armas.
Buyoya y dirigentes del CNDD se reunieron en febrero y marzo en Roma, con los asupicios de la católica Comunidad de San Egidio, un grupo cuya mediación ayudó a poner fin a la guerra de 1975-1992 en Mozambique.
También se realizan conversaciones en Arusha, Tanzania, a instancias del ex presidente tanzano Julius Nyerere.
Por último, estaba prevista una tercera ronda de diálogo entre el gobierno, el CNDD y otros grupos políticos en Ginebra, con el patrocinio de UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Pero el CNDD se negó, argumentando que la UNESCO no es el ámbito adecuado para las negociaciones.
Mientras, el ejército de Burundi reiteró su compromiso de luchar contra los insurgentes hasta derrotarlos.
"Las conversaciones de paz son tarea de los políticos. Nosotros, los militares, debemos concentrarnos en nuestra obligación, que es defender el territorio nacional hasta que el enemigo interrumpa su actividad criminal", declaró a IPS un alto oficial del ejército.
El gobierno está bajo presión de políticos tutsis, estudiantes universitarios y sindicalistas, que rechazan el dálogo con rebeldes a los que consideran "genocidas".
Pero Buyoya está didpuesto a seguir la vía abierta. Según dijo el 28 de mayo en Kigali, el jefe del régimen militar cree que la paz sólo se alcanzará mediante un acuerdo entre todos los sectores que participan en el conflicto. (FIN/IPS/tra-en/jbk/kb/ff/ip/97
