Privatizar el sector productivo en Brasil fue relativamente fácil en comparación con el reto actual de reducir el Estado empleador, sin que se vislumbre un sector que lo sustituya en esa función.
El Estado brasileño responde por 25 por ciento de los empleos formales en el país, unos seis millones, y cumplió un papel vital para atenuar la crisis de desempleo en los últimos años, señaló a IPS el economista Marcio Pochmann, de la Universidad de Campinas.
Entre 1989 y 1992, años de recesión, el mercado formal de trabajo en Brasil, que contaba con 26 millones de empleados, perdió 2,1 millones de trabajadores legalmente contratados y registrados, observó el investigador del Centro de Estudios Sindicales y Economía del Trabajo de ese centro universitario.
El crecimiento económico de 18,7 por ciento acumulado de 1993 a 1996 no produjo una recuperación de los empleos formales, añadió Pochman. Con la perspectiva de una expansión menor en este y el próximo año, habrá más desempleo, especialmente si el sector público concreta los despidos que pretende, pronosticó.
Reducir los empleos estatales es un objetivo de la enmienda constitucional que tramita en el Congreso Nacional desde el año pasado, que atraviesa fuerte resistencia, abierta entre los opositores y disimulada entre los oficialistas.
El proyecto, presentado por el Ministerio de Administración, pretende poner fin a la estabilidad de los funcionarios públicos al abrir paso a despidos cuando se comprueba mal desempeño, exceso de personal o si el gasto salarial supera 60 por ciento de los ingresos de gobiernos provinciales y municipales.
La reforma administrativa se hizo indispensable ante la catastrófica situación fiscal de gobiernos locales, según el ministro Luiz Carlos Bresser Pereira y el propio presidente Fernando Henrique Cardoso.
En Alagoas, un pequeño estado del nordeste, la región más pobre de Brasil, los funcionarios no reciben sus salarios hace ocho años.
Las protestas se hicieron violentas. Se registró un aumento de suicidios, atribuido a la quiebra del gobierno, que esta semana no pudo pagar cien millones de dólares de deuda vencida a la banca.
La mayoría de los 27 estados brasileños gasta en salarios más de 60 por ciento de su recaudación, límite fijado por ley. En varios casos, ese costo supera cien por ciento de los ingresos.
A pesar de la insostenible situación fiscal de estados y municipios y el consenso de que se impone reducir el déficit público para consolidar la estabilidad monetaria en el país, no será facil aprobar la reforma administrativa.
El gobierno depende del respaldo de partidos como el Frente Liberal, que tiene sus bases en áreas muy pobres, como el nordeste, donde la desaparición de empleos públicos representaría un total deterioro social, con consecuencias políticas, argumentó Pochmann.
La importancia del sector estatal en el problema del empleo fue destacada en un estudio de otros dos economistas, Paulo Baltar y Jorge Mattoso, también de la Universidad de Campinas, centro de estudios en la órbita del gobierno provincial de Sao Paulo.
De 1989 a 1996, la industria de transformación redujo 15,1 por ciento el total de sus empleados, el sector financiero, 31,1 por ciento, y la construcción, 16,9 por ciento.
La apertura del mercado, que provocó una más que duplicación de las importaciones y forzó una reestructuración industrial, y la estabilización de la moneda desde 1994 generaron esa abrupta pérdida de empleos en términos absolutos, sin contar una numerosa población joven impedida de ingresar al mundo del trabajo formal.
Un agravamiento de la crisis social se evitó en gran parte porque el empleo aumentó 25,7 por ciento en la educación y 15,1 por ciento en salud, áreas que se mantienen netamente estatales, sostienen Baltar y Mattoso. La capacidad de absorción del sector informal también contribuyó.
El Estado brasileño dejó de ser productor en varios sectores tras las privatizaciones de sus empresas siderúrgicas, petroquímicas y mineras desde 1991. Eso representó decenas de miles de despidos efectuados para favorecer las ventas de las empresas y su posterior rentabilidad.
Una siderúrgica que empleaba a 25.000 personas cuando era estatal opera hoy con menos de la mitad.
Ahora se procura reducir los empleos en la administración directa, en los servicios prestados especialmente por gobiernos provinciales y municipales, con un impacto social peligroso, según los economistas de la Universidad de Campinas.
Las consecuencias del tal proceso en Brasil tendría consecuencias más graves que en otros países, por la intensa rotatividad del mercado laboral, otro rasgo sobresaliente de la situación del país.
Cada año, entre ocho y nueve millones de trabajadores brasileños son despedidos y deben buscar nuevo empleo, sumergirse en la informalidad o quedar desocupados. Dos tercios de de los 24 millones de empleados formales están en sus puestos hace menos de tres años, destacó Pochmann.
El sector público es prácticamente la única fuente de estabilidad de trabajo en Brasil, lo que atrae millones de candidatos a cada concurso, a pesar de los bajísimos sueldos ofrecidos. (FIN/IPS/mo/mj/dv lb if/97
