Más de dos años después del escándalo por la venta ilegal de armas argentinas a Ecuador durante la guerra con Perú, el ex ministro de Defensa y el ex jefe de la Fuerza Aérea de Argentina, procesados en la causa, rechazaron hoy su responsabilidad y pidieron que se investigue a los culpables.
La operación se dirigía oficialmente a Venezuela, y el gobierno argentino la había autorizado, pero según denunció un agregado militar peruano los pertrechos estaban siendo descargados en Ecuador en el momento en que ese país se enfrentaba a Lima.
Argentina es garante de paz entre ambos países según tratado suscrito en 1942.
Con la venta ilegal de 8.000 fusiles FAL y 75 toneladas de municiones, algunas en mal estado, Argentina violó además el embargo que pesaba sobre ambos países beligerantes, y lo hizo a través de una transacción realizada por Fabricaciones Militares, una empresa militar de la órbita de Defensa.
"A los que hay que investigar es a los contrabandistas, que son los que tienen la responsabilidad legal por la venta", afirmó este lunes el ex ministro de Defensa Oscar Camilión, quien renunció en julio 1996, antes que el Congreso pida su destitución para que la justicia lo investigue.
Camilión había sido advertido por el entonces brigadier Juan Paulik, jefe de la Fuerza Aérea, sobre la posibilidad de que se concretara el contrabando, pero el ministro ignoró la versión por considerarla infundada. "Era una información muy tenue", se defendió este lunes Camilión.
El proceso a Camilión y al brigadier Paulik fue confirmado el viernes último por la Cámara Federal de apelaciones. Están acusados por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión de denuncia. La justicia sospecha que encubren a los responsables de la operación.
"Estoy disgustado, es totalmente irrelevante un proceso por omisión de denuncia cuando existe un contrabando", señaló el ex ministro, quien admitió sí que podría ser acusado por su responsabilidad política -no penal- como titular de la cartera.
Por su parte, Paulik protestó por la decisión judicial de procesar a quienes desoyeron la gravedad de una denuncia y dijo en cambio que "lo que hay que investigar es quién fue el culpable del contrabando".
Paulik coincidió con Camilión en que la denuncia de Perú debió ser presentada en la cancillería para que tenga relevancia, en lugar de ser transmitida a nivel de inteligencia para terminar siendo difundida por un diario peruano.
Al respecto, la Cámara Federal no se limitó a pedir el procesamiento de ambos ex funcionarios. Tambin recomende al juez federal Jorge Urso que cite a declarar al ex cuado del presidente Carlos Menem, el empresario Emir Yoma.
Yoma fue involucrado por un prófugo en la causa, el vendedor de armas Diego Palleros, quien sugirió que fue el empresario el que recibió la comisión ilegal por la triangulación. Yoma estaría vinculado a la empresa Daforel, que habría recibido 400.000 dólares girados por Palleros.
Desde Daforel -una empresa fantasma uruguaya- se hizo una transferencia de dos millones de dólares a una cuenta que la curtiembre Yoma tiene en un banco de Nueva York. Aunque carece de cargo en el gobierno, Yomas mantiene una relación muy fluida con el Ejecutivo.
La cámara también pidió que se cite a declarar al canciller Guido Di Tella y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo, quienes junto con Menem y Camilión autorizaron la operación a través de un decreto que lleva la firma de todos. (FIN/IPS/mv/dg/ip/97
