Para las comunidades indígenas de la región amazónica de Ecuador el secuestro se ha convertido en una de las mejores herramientas de negociación frente a las compañías petroleras nacionales y extranjeras.
En menos de un año se han registrado dos casos de secuestro contra trabajadores y expertos petroleros por parte de comunidades indígenas, que finalmente consiguieron sentar en la mesa de negociaciones a los directivos de las empresas y a las autoridades energéticas del país.
El último caso se conoció esta semana y actualmente se encuentra en proceso de negociación.
Este jueves la compañía Tripetrol, de capital ecuatoriano, anunció que suspenderá los trabajos de prospección sísmica mientras no llegue a un acuerdo con la Organización de Pueblos Indígenas de la provincia amazónica de Pastaza (OPIP).
El lunes pasado la OPIP tomó las instalaciones de la petrolera y secuestró a un trabajador, que posteriormente fue liberado.
Los trabajos sísmicos son un paso previo a la explotación petrolera y consisten en detonar poderosos explosivos para analizar las condiciones físicas del terreno.
Según Francisco Grefa, vicepresidente de la OPIP, los pueblos indígenas vieron afectado su territorio por las explosiones, «lo que fue un engaño de las petroleras», pues «habían dicho que no provocarían daños ambientales».
La OPIP agrupa a unas 240 comunidades quichuas de la provincia de Pastaza, que se encuentra 240 kilómetros al nororiente de Quito.
Los quichuas son uno de los siete pueblos indígenas que habitan la Amazonía ecuatoriana, además de los achuar, cofanes, huaoranis, secoyas, shiones y shuares.
Franklin Paredes fue el técnico que permaneció secuestrado durante 48 horas por los indígenas y aseguró que en su cautiverio «nunca existieron presiones ni sugerencias de solucionar el problema mediante coimas».
Los indígenas esperaban una solución pacífica al conflicto, «como finalmente sucedió», anotó Paredes, quien es empleado de la firma estadounidense Digicom, subcontratada por Tripetrol para las obras sísmicas.
El otro incidente, protagonizado por el pueblo achuar en febrero, fue considerado por los indígenas como un acto de justicia, pues las petroleras habrían incursionado a su territorio bajo engaños y sin el premiso de los dirigentes autóctonos.
En esa ocasión fueron secuestrados por una semana cinco técnicos de la firma estadounidense Walsh, que a su vez había sido contratada por la Compañía General de Combustibles San Jorge, de Argentina.
«Actuamos en apego a los principios de nuestro pueblo» que establecen «la defensa de nuestro territorio por sobre todas las cosas», dijo entonces Santiago Kawarim, presidente de la Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar de Ecuador.
Los achuar habían exigido dos millones de dólares para liberar a los rehenes, pero luego de un proceso de negociación entre las autoridades ecuatorianas, la petrolera y los líderes indígenas se llegó al compromiso de no iniciar ningún tipo de trabajo sin el previo consentimiento de las comunidades autóctonas.
Para resolver el conflicto con la OPIP el subsecretario de Medio Ambiente Jorge Albán,anunció que se conformará una comisión de alto nivel, integrada por representantes del gobierno, dirigentes indígenas y directivos de Tripetrol.
Esa comisión discutirá las propuestas tanto de las comunidades indígenas como de la petrolera, «para iniciar una nueva forma de trabajo que evite el surgimiento de nuevos conflictos con la OPIP y otras comunidades», consideró Albán.
Pablo Ortiz, autor de estudios sobre conflictos ambientales en la región andina y amazónica, comentó a IPS que «con diferentes formas de lucha los pueblos indígenas han enfrentado la penetración en su territorio, desde hace muchos siglos».
La Amazonia representa una fuente de recursos muy importante para el Estado «y ha generado conflictos desde que comenzó la explotación del oro, luego del caucho y de la madera y finalmente del petróleo».
Los indígenas han enfrentado a las petroleras «mediante juicios y negociaciones que han demorado muchos años y por eso ahora buscan negociar directamente por cualquier medio», dijo a IPS Rodrigo de la Cruz, asesor técnico de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).
Un ejemplo es el juicio penal que unas 120 comunidades amazónicas del Ecuador mantienen desde 1992 contra la petrolera Texaco en una corte de Estados Unidos, «cuyo proceso se reabrirá luego de haber sido declarado nulo», dijo de la Cruz.
Las comunidades demandaron a Texaco por daños socioambientales irreparables, que habría provocado durante 25 años de explotación petrolera en la Amazonia, y exigen una indemnización de ocho millones de dólares.
El juicio fue declarado nulo por una corte de Nueva York, ciudad donde la Texaco tienen sus oficinas centrales, pues el Estado ecuatoriano se mantuvo al margen de la demanda.
Sin embargo, en mayo, el Ejecutivo ecuatoriano anunció su disposición de apoyar a los 30.000 demandantes, cumpliendo así una de las condiciones del juez estadounidense para continuar con el caso. (FIN/IPS/mg/dg/ip-pr/97
