Quince mil estudiantes encomendaron a las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, en un referendo sin precedentes, que enfrenten y detengan a los jóvenes que, con los rostros cubiertos, protagonizan desórdenes casi semanales en la entrada al campus en Caracas.
La votación, que insumió toda la jornada del martes, fue convocada por el rector Trino Díaz para conseguir apoyo a un paquete de medidas destinadas a frenar a los encapuchados, excusa para la violencia en casi toda protesta que involucre a esa universidad, la mayor del país.
Escrutadas 16.922 hojas de votación, se determinó que 94 por ciento apoyó la adopción de medidas contra los grupos de revoltosos. Unos 63.000 universitarios, entre estudiantes, profesores y empleados, tenían derecho a voto.
Entre las medidas aprobadas figuran la aprehensión de los encapuchados para entregarlos a las autoridades (74 por ciento a favor) y la colocación de puertas en la entrada del campus que deberán cerrarse cuando actúen los revoltosos (60 por ciento).
Además, se decidió acompañar a las autoridades para preservar los espacios de la universidad (51 por ciento).
Un grupo de nueve jóvenes encapuchados improvisó una rueda de prensa mientras se desarrollaba el referendo y aseveró que seguirán sus protestas "con o sin capucha" y que no se detendrán "mientras en el país haya hambre y represión".
El resultado del referendo "confirma nuestra expectativa de repudio a la violencia y el compromiso de la universidad para seguir expresando su crítica de manera pacífica y democrática", dijo Díaz el miércoles.
El rector destacó que 70 por ciento de los consultados se pronunció a favor de que la universidad sostenga su actitud de protesta, que deberá organizarse de modo "legítimo y masivo".
Para comprender el alcance de la consulta universitaria es preciso remontarse a 1958, cuando una marea revolucionaria y de cambios institucionales recorrió al país luego que el 23 de enero de ese año se derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez y se reimplantó la democracia.
La universidad pública, una vanguardia en las luchas de entonces, ganó un privilegio: autonomía para gobernar sus espacios, de modo que las autoridades policiales o militares solo podían ingresar al campus con permiso del Consejo Universitario.
En los años 60, cuando surgieron guerrillas de orientación comunista, la universidad fue acusada de prestar refugio a la subversión armada, y varias veces su recinto fue allanado.
Una ley de 1970 modificó esa autonomía. Aunque la violencia política disminuyó, persistió el rechazo universitario a todo ingreso policial a sus espacios, así como la inhibición de las autoridades para no multiplicar conflictos con sus incursiones.
En los últimos años, las grandes manifestaciones que parten de la universidad se han hecho cada vez más espaciadas, pero en cambio la conflictividad se concentra a sus puertas, con grupos de jóvenes encapuchados -casi siempre entre 15 y 20- que hacen calistenia de violencia frente a la policía.
Como siguiendo un libreto, los encapuchados interceptan un camión con mercancías o un colectivo de pasajeros, lo incendian, y arrojan piedras, cohetones y cócteles molotov a los policías que van a reprimirlos con granadas lacrimógenas y balas no siempre de goma.
Los automovilistas que transitan por la zona, los pacientes del Hospital Universitario y los estudiantes y profesores suelen perder una jornada de estudio y de trabajo.
Los 20 disturbios registrados entre octubre de 1996 y abril de 1997 dejaron como saldo siete vehículos quemados. En mayo de 1995, individuos armados con fusiles inutilizaron dos camiones blindados de la policía. Un agente policial murió baleado hace dos meses.
Una lluvia de acusaciones acompaña las protestas. Policías han sido acusados de infiltrarse entre los encapuchados, éstos de mascarón de proa de grupos de extrema izquierda, y las autoridades universitarias de prohijar complicidades.
El referendo de Díaz fue criticado por políticos como el senador socialdemócrata Lewis Pérez e intelectuales como el dramaturgo Ibsen Martínez porque "el deber del rector es ejercer su autoridad y no dedicarse a consultarla".
Pero la consulta apuntalará sus medidas y, dijeron profesores y estudiantes ante los micrófonos de radio y televisión, ayudará a que los universitarios, según una tradición de 70 años, reasuman la protesta tras marcar una frontera con los violentos. (FIN/IPS/jm/la/97) olentos. (FIN/IPS
