El debate sobre los desaparecidos en Uruguay, que involucra a gobierno, partidos políticos, militares y Poder Judicial, ganará fuerza este martes, con una manifestación que exigirá la verdad sobre hechos ocurridos durante la dictadura impuesta entre 1973 y 1985.
La manifestación, que se realizará en el centro de la capital, fue convocada por familiares de desaparecidos y organizaciones sociales, políticas y religiosas.
A la cabeza marcharán familiares de los 32 desaparecidos durante la dictadura, de quienes sólo se sabe que fueron detenidos por militares o policías y recluidos en cuarteles del ejército.
Los organizadores de la movilización recogieron el pasado fin de semana miles de firmas para exigir el cumplimiento integral de una ley especial que obliga al gobierno a investigar el destino de los desaparecidos.
Un referendum confirmó en 1989 la llamada ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que puso fin a las actuaciones judiciales relativas a policías y militares de la dictadura acusados de violar los derechos humanos.
Pero la ley de caducidad, promulgada originalmente en 1986, no cerró la investigación sobre lo sucedido con los desaparecidos, y la encomendó al Poder Ejecutivo.
"Reclamamos conocer la verdad sobre las personas desaparecidas. La familia tiene legítimo derecho a clausurar esta larga etapa de dolor", dijo a IPS el senador Rafael Michelini, del centroizquiredista Nuevo Espacio, promotor del pedido de aclaración del destino de los desaparecidos.
El padre del legislador, el también senador Zelmar Michelini, fue secuestrado y asesinado en 1976 junto con otros tres uruguayos en Buenos Aires, donde se había exiliado luego del golpe de Estado de 1973 en Uruguay.
Por su parte, el jefe del Ejército, general Raúl Mermot, pidió "sensatez", y afirmó que "la sociedad y las instituciones que sostienen al Estado están por encima de protagonismos (y) reivindicaciones, e incluso del legítimo dolor", en alusión tácita a los familiares de los desaparecidos.
Mermot sostuvo el domingo, en un acto público, que el debate promovido por Rafael Michelini se ha "transformado en pretexto para un severo enjuiciamiento a nuestra formación de soldados".
El militar también reinvindicó la actuación de los militares durante la dictadura.
"El pueblo que nosotros defendimos nos necesitó, nos apoyó y nos agradeció. ¿Qué hubiese sido de la nación de no haberse neutralizado la acción subversiva?", dijo Mermot.
Al bajar del estrado en el que pronunció su discurso, el jefe del ejército fue saludado con calor por dos referentes de la dictadura: los generales retirados Gregorio Alvarez, último presidente de facto, e Iván Paulós, jefe de inteligencia militar en aquel período.
Más de 5.000 personas pasaron por prisiones militares durante los 12 años de régimen militar, en este país de 3,1 millones de habitantes, y varios miles se exiliaron en países de América Latina y de Europa.
La iniciativa de Michelini también dio lugar a un debate jurídico, y provocó la intervención de la Iglesia Católica.
En el plano jurídico, el juez Alberto Reyes se enfrenta a la fiscal Ana María Merello, quien consideró que la ley de caducidad excluye la investigación judicial del destino de los desaparecidos.
Reyes, en cambio, argumentó que no pretende investigar los hechos que motivaron las desapariciones, sino conocer si existen restos humanos enterrados en dos unidades militares, como lo sostuvo Michelini.
La discrepancia entre Reyes y la fiscal será resuelta en las próxima semanas por un tribunal judicial de apelaciones.
Al margen del asunto de derechos humanos de fondo, el vacío legal sobre la situación de los desaparecidos impide a los familiares realizar trámites sucesorios o presentar demandas contra el Estado por esos hechos.
"Aunque es un derecho que les asiste, sé que la mayoría de los familiares de los desaparecidos no buscan una indemnización económica, sino rescatar la verdad, enterrar a los muertos", aseguró el abogado Ricardo Changala, de la organización humanitaria Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).
La Iglesia Católica presentó un plan para resolver el problema sin el señalamiento público de responsabilidades. El obispo Pablo Galimberti, autor de la iniciativa, propuso que los militares proporcionen la información solicitada a sacerdotes.
Los sacerdotes mantendrían en secreto, como si de una confesión religiosa se tratara, la identidad de sus interlocutores y de los responsables de las desapariciones.
No obstante, la Iglesia Católica no participará en la marcha del martes, pues Galimberti y otros obispos entienden necesario mantener una posición equidistante entre las partes, para facilitar la solución propuesta. (FIN/IPS/rr/ff/hd/97
