Con la aprobación de la ley que crea la Autoridad del Canal de Panamá, el gobierno panameño avanzó otro paso en la creación del mecanismo que regirá la ruta interoceánica cuando en menos de tres años cese la administración compartida con Estados Unidos.
La ley identifica a la Autoridad del Canal como entidad autónoma de derecho público cuya mision será asegurar el tránsito pacífico e ininterrumpido de barcos de todos los estados del mundo. Fue aprobada el miércoles, con el voto de los 72 integrantes el parlamento nacional.
Pero una cláusula de la ley aprobada que niega el derecho de huelga a los 7.800 trabajadores del canal provocó la reacción de los sindicatos obreros.
Lina Boza, dirigente del sindicato de trabajadores del canal, anunció que su organización presentará una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para la anulación de esa cláusula, que "viola el derecho de huelga consagrado en la constitución" nacional.
Boza puntualizó que los sindicalistas no pretenden paralizar la actividad del canal, sino que sólo intentan evitar el desconocimiento de un principio irrenunciable para los trabajadores.
Frente a esa afirmación, el director de la Comisión de Transición del Canal, Jorge Ritter, replicó que el articulo 304 de la constitución "dispone que el servicio del canal debe darse de forma ininterrupida".
Ambas disposiciones fueron aceptadas por todos los partidos políticos y delegados de la sociedad civil en una ronda de negociación sobre el futuro del canal realizada en mayo de 1996 con los auspicios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Eloy Alfaro, representante de una organización no gubernamental en la Comisión de Transición del Canal, afirmó que la aprobación de la ley se logró "gracias al trabajo de equipo y a la voluntad de servir a una causa común" evidenciada en el proceso de negociaciones.
Alfaro indicó que también hubo buena disposición de los miembros de la Comisión de Transición para recoger todas las sugerencias presentadas.
El parlamentario Mario Quiel, del opositor Partido Liberal Auténtico, calificó los acuerdos como la culminación de "una lucha generacional que involucró a muchos panameños" desde 1903, cuando el naciente Estado independiente cedió a perpetuidad la antigua zona del canal a Estados Unidos.
Según los tratados bilaterales de 1977, Estados Unidos debe abandonar el canal y ceder sus actuales bases militares a la jurisdicción de Panamá el 31 de diciembre de 1999.
Además de disponer de los ingresos por peaje del canal, que actualmente suman 490 millones de dólares al año, la Autoridad del Canal tendrá un presupuesto independiente, aunque sometido a la aprobación de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
El presupuesto no tendrá control previo, como ocurre con el presupuesto regular del Estado, pero un fiscalizador general nombrado por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Legislativo tendrá el cometido de controlar y auditar las operaciones de la Autoridad del Canal.
También se establece un régimen laboral especial, basado en los principios de mérito e igualdad de oportunidades, y los salarios serán similares a los existentes al 31 de diciembre de 1999.
Pero la Autoridad del Canal no pagará ninguna deuda adquirida por la actual administración binacional o por la estadounidense Compañía del Canal de Panamá, que administró la vía interocéanica desde 1903 hasta el 1 de octubre de 1979, cuando entraron en vigor los tratados de 1977.
Los 7.800 trabajadores del canal exigieron una indemnización de 80 millones de dólares por el cese de la relación laboral con sus antiguos patronos.
Panamá forma parte de la actual Junta Directiva que administra el canal, pero los tratados de 1977 cedieron a Estados Unidos, hasta el 31 de diciembre de 1999, todos los derechos de operación del canal.
Entre esas atribuciones se cuentan la elaboración y ejecución del presupuesto de gastos y las relaciones contractuales con los trabajadores. (FIN/IPS/sh/ff/ip/97
