El temor a los grupos de extrema izquierda, que amenazaron con matar a los candidatos, paralizó la actividad política de Nepal en vísperas de las elecciones municipales del 17 de este mes.
Ningún candidato se presentó en 38 de las 147 aldeas de cuatro distritos del oeste, y en otras zonas de este reino del Himalaya, aspirantes ya anunciados no comparecieron ante el registro electoral.
Los votantes deben decidir la renovación de 4.000 concejos de aldeas, 40 municipalidades y 75 comités de distritos.
La confusión reina entre los partidos políticos desde que los rebeldes maoístas distribuyeron folletos para advertir a los candidatos que "presentarse a las elecciones será como una invitación a la muerte. Sabemos cómo desocupar los cargos en disputa".
"Los políticos locales se niegan a presentarse a las elecciones debido a la amenaza de violencia. El gobierno debe garantizar la seguridad de los postulantes", exigió el diputado Surendra Hamal, que representa el violento distrito de Rolpa.
El gobierno central organiza "una operación de seguridad con participación de 20.000 policías", anunció Krishna Mohan Shrestha, un funcionario policial encargado de la seguridad electoral.
Pero Shrestha no pudo tranquilizar a los políticos, especialmente en los distritos de Rolpa, Rukum, Salyan y Jajarkot, situados en el occidente del país, donde los insurgentes son más activos.
Fue en la zona occidental donde los maoístas, armados de pistolas y armas de fabricación artesanal, declararon en 1995 la guerra al gobierno y atacaron puestos policiales de algunas aldeas.
La mayoría de los habitantes de esos distritos son pobres y fueron influídos por la ideología incendiaria de los rebeldes. La lucha armada tiene el respaldo de dos grupos solidarios con el movimiento de Sendero Luminoso de Perú e integrantes de una alianza mundial de partidos maoístas.
Se trata del Partido Comunista de Nepal-Maoísta (NCPM) y el frente SJM, que pretenden abolir la monarquía constitucional y establecer una república. Sus principales enemigos son el "feudalismo" y el "imperialismo".
Las elecciones locales se realizarán en tres jornadas, y serán las segundas desde 1990, cuando la monarquía se subordinó a una constitución y el estado adoptó la democracia multipartidaria.
Las amenazas del movimiento armado sorprendieron al gobierno, pues oficialmente se afirmaba que la rebelión estaba sofocada.
Al menos 100 personas, entre civiles, policías y rebeldes, murieron desde el comienzo de los enfrentamientos armados, según información de grupos de derechos humanos.
La "guerra popular" lanzada por los insurgentes está orientada por Baburam Bhattarai, del NCPM, un grupo radical que se hizo responsable de la mayoría de las acciones armadas.
Décadas de desidia oficial, la miseria y un sistema de distribución de la tierra que favorece a los ricos, se combinaron para asegurar a los rebeldes respaldo popular en las aldeas más pobres de Nepal, señalan los observadores.
Cuarenta años de políticas de desarrollo no lograron satisfacer las necesidades básicas de la población, y las diferencias son grandes de una a otra región.
La esperanza de vida en Katmandú es de 71 años, y menos de la mitad en los distritos periféricos. Más de 70 por ciento de la población vive por debajo de la línea de la pobreza, según estadísticas del Banco Mundial.
Ninguno de los principales partidos políticos simpatiza con los comunistas de extrema izquierda, aunque el país tiene una larga historia de lucha violenta contra el feudalismo.
El Partido Comunista Unido, poderoso miembro de la coalición gobernante, y el Partido Nepalés del Congreso, el principal grupo opositor, renunciaron a la lucha armada hace sólo siete años, al instaurarse la democracia multipartidaria.
El gobierno no reconoció hasta septiembre último que la rebelión maoísta es un "problema político". El ministro del Interior anunció que el gobierno, controlado entonces por el Partido Nepalés del Congreso, estaba dispuesto a negociar con los maoístas.
Poco después, el primer ministro Sher Bahadur Deuba ordenó la elaboración de medidas de desarrollo para los distritos más pobres, donde la influencia de los rebeldes es mayor.
Pero las dos promesas no se concretaron. El gobierno de Deuba, preocupado por permanecer en el poder, no tenía tiempo para abrir negociaciones con los maoístas ni para preparar un paquete de desarrollo.
La nueva alianza de partidos de izquierda y derecha liderada por el primer ministro Lokendra Bahadur Chand, que se hizo cargo del gobierno en marzo, encaró el problema maoísta con renovado vigor.
Chand convocó a los insurgentes al diálogo, una decisión elogiada por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres.
Pero nada ocurrió en los dos meses siguientes. En una declaración emitida a la prensa este martes, el jefe rebelde Bhattarai rechazó el diálogo propuesto, por considerarlo una artimaña del gobierno para desacreditar la "guerra popular". (FIN/IPS/tra-en/sp/an/aq-ff/ip/97
