La extradición a Estados Unidos del presunto jefe del narcotráfico colombiano Justo Pastor Perafán dejó a Venezuela satisfecha por el deber cumplido, pero sin roturas visibles en la red que pudo encubrirlo.
Varios políticos pidieron investigar "el sólido respaldo" que Perafán debió conseguir en Venezuela, en cuyo sudoeste fronterizo con Colombia se radicó, pero una indagación judicial apenas hurgó en su obtención de un falso documento de identidad, un delito secundario y relativamente fácil en este país.
En cambio, el paso de Perafán por este país queda como emblemático de que Venezuela ya no es más mero "puente" para el narcotráfico, sino una sólida base para el ilícito comercio de drogas y el lavado del dinero que produce.
Perafán, presunto jefe de los cárteles colombianos de Bogotá y del Valle del Cauca, se radicó en 1996 en el estado venezolano de Táchira (sudoeste fronterizo) con una falsa identidad y allí fue detenido el 17 de abril de este año.
Su captura permitió la cooperación de inteligencia militar y policial de Colombia, Estados Unidos y Venezuela. La tarde del 18 de abril Washington pidió su extradición y luego, en la noche, Bogotá hizo otro tanto.
El diputado Walter Márquez, un socialista de Táchira, pidió investigar las complicidades en las oficinas que proveyeron a Perafán con una nueva identidad, y el gobierno lo acusó de entorpecer la acción de la justicia en busca de extradición.
El ex presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez acusó al gobierno de Rafael Caldera de "displicencia" ante los pedidos de investigar las actividades de Perafán y la red que le apoyó.
Por Venezuela, dijo Pérez hace dos días, "transitan anualmente unas 500 toneladas de droga, y la policía solamente incauta 6.000 kilogramos (seis toneladas, 1,2 por ciento)".
Un informe de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) de marzo de 1996, citado por el semanario Tribuna, indicó que por Venezuela transitan cada año entre 100 y 200 toneladas de droga.
Pero además se ha señalado el auge del lavado de dinero (estimado por la DEA en 1995 en hasta 2.000 millones de dólares anuales) y la creciente compra de haciendas en el sudoeste venezolano, a precio de oro, por presuntos "lavadores".
Además, los interlocutores de Venezuela en el tema drogas, principalmente Colombia y Estados Unidos, llaman la atención sobre el uso de Venezuela para el ingreso y desvío de precursores químicos, luego llevados a laboratorios de droga en Colombia.
Por último, en el extremo noroeste del país se detectan sembrados de marihuana, coca y amapola (insumo de la heroína). EN 1994 y 1995 fueron destruidas más de 1.000 hectáreas de plantaciones, y el año pasado otras 290 hectáreas.
El ministro-jefe de la Comisión Nacional Antidrogas, Carlos Tablante, evocó la condición de Venezuela como vecino del principal productor de drogas en la región y el enfrentamiento que debe hacer a "cárteles que no tienen frontera alguna".
Sin embargo, las declaraciones sobre el tema de las autoridades de Colombia, Estados Unidos y Venezuela, desde el 17 de abril hasta el 22 de mayo, cuando la Corte Suprema venezolana resolvió la extradición, se centraron en esa decisión y no en el "campo minado" de narcotráfico que Perafán deja a su paso.
Las cancillerías saludaron con frases muy semejantes la decisión de la Corte porque "envía un claro mensaje de que Venezuela no será refugio para narcotraficantes".
Pero esas expresiones de deber cumplido dejan para la justicia estadounidense la indagación sobre las actividades de Perafán. Este viernes, cuando ya no había nada que ofrecerle a cambio de eventuales revelaciones, una juez penal lo interogó durante varias horas acerca de su obtención de una cédula de identidad. (FIN/IPS/jm/ag/ip/97
![[Valid RSS]](https://validator.w3.org/feed/images/valid-rss-rogers.png "Validate my RSS feed")