La Policía Fiscal de Costa Rica investiga a todas las embajadas acreditadas en esta capital, luego de detectar un millonario fraude con el ingreso y presunta posterior venta de vehículos exonerados de impuestos, informó hoy el jefe del cuerpo.
El director de la Policía Fiscal, Juan Carlos Gómez, dijo a la prensa que las primeras investigaciones fueron realizadas en la embajada de Japón, pero luego se extendieron a las misiones diplomáticas de El Salvador, Nicaragua y Uruguay.
Agregó que a raíz de los resultados de esas investigaciones se dispuso abarcar de una vez a todas las embajadas, pues se sospecha que las anomalías tienen mayores ramificaciones.
La burla al fisco se produciría mediante el ingreso al país de vehículos a nombre de diplomáticos -que no pagan impuestos, y luego aparecen registrados a nombre de particulares.
Gómez dijo que por el momento el monto de lo defraudado mediante ese irregular procedimiento podría ascender a unos 500.000 dólares, pero no descartó que la suma se eleve considerablemente una vez que se avance en las averiguaciones.
El jerarca de la Policía Fiscal anunció que los casos en los que se compruebe irregularidades serán trasladados a la Fiscalía del Estado para que proceda de conformidad con las leyes.
Detalló que las investigaciones en la embajada de Japón llevaron al decomiso de tres vehículos marca Ranger Rover, mientras en la embajada nicaragüense se detectó otra irregularidad con un automotor de la misma marca, modelo 1996.
Indicó que en el caso de la embajada de Nicaragua, el automóvil habría sido importado por la ex funcionaria Pía Caballero Silva, pero apareció en poder de un costarricense de apellidos Soto Rodríguez y registrado a nombre de José Valdelomar.
Además, las autoridades indagan en torno a la importación de un BMW por parte de Julio César Césamo Pena, presunto funcionario de la embajada de Uruguay, automóvil que resultó en manos de un costarricense.
En el caso de El Salvador se investiga la importación de otro Ranger Rover a nombre del embajador Ernesto Ferreiro Rusconi, pero que dice propietario el costarricense Johnny Barquero.
Ferreiro negó cualquier anomalía y sostiene que el vehículo es de su propiedad, pero la policía dice tener pruebas de que quien lo tenía en su poder giró tres cheques por la suma total de 59.000 dólares a nombre de la casa importadora. (FIN/IPS/ug/ag/ip/97
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