La búsqueda en Uruguay de desaparecidos durante la dictadura militar se paralizó ante la apelación de una fiscal al fallo del juez que había decidido investigar posibles tumbas clandestinas en cuarteles.
En el centro de la polémica jurídica, que sacudió al sistema político y a los militares, se encuentra una ley de punto final que fue aprobada por plebiscido el 16 de abril de 1989, con el respaldo de 56 por ciento de los votos.
La discusión de la ley en el parlamento y su debate público durante más de dos años estuvo pautada por citaciones judiciales a policías y militares, y la negativa de los mandos a acatar el mandato judicial.
Ante el riesgo de una nueva fractura institucional, la ley se aprobó vertiginosamente a fines de 1986, pero una campaña impulsada por organizaciones humanitarias y dirigentes de todos los partidos políticos logró reunir el número sufiente de firmas para convocar a un plebiscito.
Con el mayoritario respaldo ciudadano en las urnas a la ley se clausuraron las investigaciones judiciales contra policías y militares acusados de violaciones de los derechos humanos.
La norma puso como tope de esas investigaciones el 1 de marzo de 1985, cuando asumió la presidencia Julio Sanguinetti, durante su primer mandato luego de 12 años de dictadura.
Pero la denuncia que a mediados de marzo presentó ante el juez Alberto Reyes el senador centroizquierdista Rafael Michelini, ubicaba posibles delitos luego de la restauración democrática.
Según Michelini, luego del 1 de marzo de 1985, se produjo la remoción de restos de desaparecidos en dos unidades militares donde habían sido sepultados luego de morir a consecuencia de la tortura.
Ese hecho dio pie al juez para abrir una investigación que podía llevar a conocer el destino de algunos de los 32 desparecidos en Uruguay durante la dictadura.
Pero la fiscal Ana María Merello apeló la decisión del juez y dijo que todos los hechos están comprendidos dentro de la ley de punto final, aunque reconoció que es un "caso opinable".
"Los delitos invocados en la denuncia es como si no existieran, porque están amnistiados", dijo la fiscal y le recordó al juez que, según la ley, la última palabra la tiene el Poder Ejecutivo.
Merello recordó que de acuerdo al artículo tercero de esa norma el juez "requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de 30 días", si el asunto investigado está comprendido dentro de la ley.
Ahora Reyes deberá decidir si acepta la postura de la fiscal o mantiene su decisión inicial y pasa los antecedentes a un Tribunal de Apelaciones para que dirima la controversia.
Y en este caso, si el Tribunal entendiera que debió consultarse al Poder Ejecutivo, el futuro de las investigaciones parece definitivamente descartado porque todos los asesores de Sanguinetti han declarado que la ley puso fin a todas las investigaciones.
Sin embargo, Luis Fernando Miranda, hijo del desaparecido Fernando Miranda, tiene una óptica diferente que parece reflejar la posición de un amplio sector de los uruguayos.
"Mientras el tema no tenga solución definitiva va seguir, no porque estemos empecinados y seamos cabeza dura. Es porque la historia y la vida continúa. Tengo hijos y mis hijos quieren saber que pasó con su abuelo", afirmó.
El comandante en jefe del Ejército, Raúl Mermot, declaró al diario El País de Montevideo que ante la actual situación esa rama "se fortalece internamente, porque conjunta espíritu, abnegación y una cantidad de cualidades militares que afloran cuando las situaciones son difíciles".
Las declaraciones de Mermot fueron formuladas en China, donde se encuentra integrando la delegación que acompaña a Sanguinetti en su visita oficial al país asiático.
El mismo día de su partida, 24 horas después de la decisión del juez, Mermot reiteró una orden a las unidades a su mando, recordándoles que ante cualquier intento de ingreso de un juez a las mismas, debería ser consultado personalmente.
El debate generado en Uruguay en torno a esta cuestión se extendió sorpresivamente a la izquierda, un campo ideológico que se disputan el Partido Nuevo Espacio, liderado por Michelini, y la coalición Frente Amplio.
El abogado y catedrático de Derecho Penal Gonzalo Fernández, asesor jurídico del líder del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, rechazó la pretensión de Michelini.
"Como jurista debo atenerme a la caducidad y sepultar fantasías penales. Esta vez el denunciante ni siquiera ha intentado una nueva impugnación de inconstitucionalidad", argumentó Fernández.
El abogado también señaló otra valla para la pretensión de investigar los hechos, porque "la prescripción ha extinguido los delitos".
El Frente Amplio, que representa a un tercio del electorado, aparece con posibilidades ciertas de llegar al poder en los comicios de 1999. (FIN/IPS/rr/ag/hd/97
