El asesinato de una agente de los servicios de inteligencia y las torturas a las que fue sometida otra estarían vinculados a disputas internas en los mandos militares de Perú.
El jefe del Servicio de Inteligencia del Ejercito (SIE), coronel Carlos Sánchez, y tres oficiales que lo secundan se encuentran presos y procesados tras haber sido denunciados como torturadores por la agente Leonor La Rosa, actualmente recluida en el Hospital Militar.
El tema capturó el centro de la escena política y se discute en el Congreso si debe ser investigado por la justicia civil o por tribunales militares.
Según la oposición, los tribunales militares actuarían para encubrir no sólo la responsabilidad de los autores de la tortura de la agente La Rosa, dispuesta a "hablar", y el asesinato de la agente Mariella Barreto, sino también para impedir que se sepa el significado de ambos crímenes.
La oposición cree tener la punta de un ovillo que permitirá obtener nuevas evidencias sobre crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por los servicios de inteligencia, pero algunos analistas suponen que, además, revela los entretelones de una intensa pugna en las Fuerzas Armadas.
La Rosa habría sido torturada en los sótanos del Cuartel General del Ejército, cuando era interrogada por sus jefes por ser sospechosa de difundir información sobre algunos operativos en marcha contra la libertad de prensa.
En cuanto al asesinato y poosterior descuartizamiento de Barreto, cometido a fines de marzo pasado, la prensa opositora supone que fue ejecutada por haber proporcionado a algunos periodistas información sobre un crimen masivo, la "matanza de La Cantuta", cometido por el SIE en julio de 1992.
El cuerpo de Barreto, ex esposa de uno de los oficiales del SIE que confesó ante los tribunales haber dirigido el grupo que mató a un profesor y nueve estudiantes de la Universidad la Cantuta, encontrado sin manos ni cabeza en un baldío, fue identificado por sus familiares por un lunar cerca del ombligo.
Según estas versiones, Barreto y La Rosa habrían tenido participación en la matanza de La Cantuta y en los operativos en preparación llamados "Narval", "Bermuda" y "El Pino", para intimidar mediante amenazas y explosivos a la prensa opositora.
Pero otros indicios permiten suponer la existencia de una guerra por el poder en los altos niveles militares, con carácter conspirativo contra la estabilidad del presidente Alberto Fujimori, y que es librada a través de sectores de inteligencia vinculados a ambos bandos.
Ya existían indicios anteriores sobre esta hipótesis, que se reafirma por una de las revelaciones de La Rosa, según la cual en febrero trataron de obligarla a seducir a un coronel ayudante del ex comandante general de la Fuerza Aérea Peruana para someterlo a chantaje sexual.
De acuerdo a la agente policial, la operación se frustró luego que tuvo nuevos problemas con sus superiores, que derivaron en torturas mediante artefactos eléctricos para que confesara haber cometido infidencia.
Sorpresivamente, la semana pasada, poco después que La Rosa se las arreglara para hacer llegar a un canal de televisión sus denuncias sobre torturas, el comandante general de la Fuerza Aérea Waldo Ritcher presentó renuncia sin dar explicaciones, cuando aún le faltan ocho meses para pasar a retiro.
Algunos comentaristas destacan la coincidencia, de la que desprenden que Ritcher era investigado con rudas maneras para forzar su dimisión.
Según el analista Flavio López, hay oposición en el Ejército contra el comandante general, Nicolás Hermosa, desde que su pase a retiro fue suspendido por decisión del presidente Fujimori.
Los servicios de inteligencia del Ejército, a su vez, resisten la imposición del asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, un ex oficial expulsado del arma años atrás, como nuevo jefe del área.
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