La decisión adoptada el viernes de salida de Perú de la Comunidad Andina tiene su único antecedente dentro del bloque en la traumática exclusión de Chile, en 1976.
Los ministros encargados de la integración andina emitieron un comunicado en que determinan "la salida definitiva" de Perú, por haber manifestado su gobierno que no está en capacidad de cumplir las obligaciones de la zona de libre comercio, tal como se le exigió el día antes en Bogota.
Según análisis hechos en la subregión, el proceso que se vivió en 1976, cuando Chile se apartó del Grupo Andino, tuvo paralelismos, pero también diferencias con el que ahora se desata.
La gran diferencia la han repetido los propios ministros andinos múltiples veces, desde que en agosto de 1992 se abrió la crisis cuyo desenlace se dió ahora: el mundo globalizado de 1997 es muy diferente al de 1976, y Perú y Chile tenían y tienen realidades económicas muy diferentes.
Hay otro elemento adicional, la propia sede de la Comunidad Andina está en Lima, también su actual junta y la secretaría general que la sustituirá desde mayo, y dentro del bloque todos insisten que la separación de Lima sólo es "el penúltimo capitulo", y que volverá en unos meses o pocos años.
"Nos necesitamos mutuamente para entrar al año 2000 y aislado en el mundo de hoy y del escenario integrado regional no se puede avanzar ", explicaron diplomáticos andinos en Caracas.
La consumación de la exclusión peruana del Acuerdo de Cartagena, que dió vida al Pacto Andino en mayo de 1969, es la mayor crisis del bloque en sus casi 28 años de vida, pero se espera que también refuerce la consolidación a los que quedan, si la historia se asemeja a la salida chilena.
La crisis con Chile tuvo una fecha inicial: 11 de septiembre de 1973, cuando un sangriento golpe acabó con el gobierno de Salvador Allende y quedó entronizado el dictador Augusto Pinochet, por casi 17 años.
Su desenlace se produjo el 30 de octubre de 1976, cuando en Lima, durante una cumbre presidencial, se tomaron dos decisiones poniendo fin a la ultima negociación abierta 25 días antes, y se definieron los términos de la exclusión, en vigor de inmediato.
En realidad, el grupo que nació con la voluntad de una plena integración, pero en el plano comercial pasó hasta 1989 dando largas al proceso y estableciendo excepciones que anulaban los avances teóricos, perdió un hijo en el mismo parto.
El 26 de mayo de 1969, Venezuela no se incorporó como fundador, porque el entonces y ahora presidente del país, Rafael Caldera, se molestó debido a que la negociación finalizó antes de marzo, el mes en que llegó al poder, en lugar de dejar el proceso abierto hasta entonces, como había pedido.
Venezuela se sumó finalmente el 13 de febrero de 1973, el ultimo año del primer mandato de Caldera, quien volvió a poder en 1994. Pero pocos meses después se abrió la brecha chilena.
El detonante formal con Chile, según narraron este viernes a IPS figuras de diferentes países andinos que vivieron en primera persona aquel momento y que pidieron anonimato, fue la llamada decisión 24, regulatoria de las inversiones extranjeras
En abril de 1976, el regimen chileno dictó el decreto 600 -aún vigente- que eliminaba todo limite de repatriación de capital para las inversiones foráneas, cuando en el área andina sólo se podían retornar 20 por ciento de las utilidades anuales.
Detrás estaba un cambio radical en las relaciones economicas y comerciales hacia América Latina por parte de Pinochet y su equipo, decididos a impulsar -a contracorriente de la tesis regional de entonces- una política de apertura del mercado chileno en todos los órdenes y a caminar solos.
También había un marco político dentro del grupo, hostil hacia Pinochet, del que era el mayor promotor, paradójicamente, otro general llegado mediante un golpe al poder, el peruano Juan Velasco Alvarado, pero en su caso con una posición de izquierda.
Por eso, había en el grupo una menor disposicion a dar facilidades especiales a Chile para superar su muy crítica situación económica, destacaron las fuentes.
El clima en que Perú se automarginó de los compromisos comerciales en agosto de 1992 también estaba muy enrarecido politicamente, porque el presidente Alberto Fujimori había dado un golpe en abril, que llevó al entonces gobernante venezolano Carlos Andrés Pérez a romper lazos con Lima.
Un tercer elemento fue que la apertura chilena era una de las condiciones de los impulsores desde Estados Unidos del golpe contra Allende, fiel seguidor de la dominante y proteccionista política de sustitución de importaciones, mediante un desarrollo industrial propio.
En agosto, al problema de "competencia desleal" creado por Chile con su apertura al capital extranjero, como le acusaban sus socios andinos, siguió la decisión de Pinochet de reducir todos los derechos de importación a 10 por ciento.
Fue esa "la gota que derramó el vaso", dijeron protagonistas de aquellos meses en el proceso andino, porque los países del área mantenían aranceles comunes para muchos sectores industriales, cuando se importaban del resto del mundo.
Toda la estructura arancelaria estaba destinada a proteger la producción local, en espera que se consolidara para poder competir con los más avanzados productos del Norte industrial.
La negativa de Pinochet a levantar esa medida y revisar el decreto 600, como exigían los demás paises, abrió el camino a lo que se consumó el 30 de octubre.
Un documento oficial andino de la época, decía que esto sucedio mientras en el pacto se daban pasos importantes en favor de la liberalización del comercio y la inversión, en una flexibilización a la que habia llevado el propio proceso de discusión con Chile.
En la misma cumbre en que quedó decidida la salida de Chile, se firmó el Protocolo de Lima, con importantes revisiones en ese sentido a algunas decisiones y al propio Acuerdo de Cartagena.
Chile debió irse de todas las instituciones del pacto, con excepción de una cultural, otra social y una tercera de salud. Aunque para los aspectos comerciales, el proceso de salida de toda el área económica puede durar hasta cinco años, la exclusión fue instantánea.
La exclusión definitiva de Perú no sólo creará problemas de sede, sino que ese país dejará de beneficiarse de instrumentos como la Corporación Andina de Fomento, de la que recibió en el periodo 1992-96 un total de 2.631 millones de dólares en condiciones muy blandas.
El Acuerdo de Cartagena dice en su artículo 11, dedicado a la denuncia de ese tratado, que "el país miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá comunicarlo a la Comisión" ministerial y máxima instancia decisoria.
"Desde ese momento cesarían para él los derechos y obligaciones derivados de su condición de miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el problema de liberación de la subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años", añade.
Ese plazo, concluye, "podrá ser disminuido en casos debidamente fundados, por decisión de la Comisión y a petición del país miembro interesado".
El ministro venezolano de Comercio, Freddy Rojas, indicó a IPS antes de oficializarse la decisión, que la salida de Perú supone la apertura de un proceso, que según dio a entender, tendrá algún lapso para la reflexión peruana, aunque Lima deja de participar en instancias y reuniones del bloque desde este viernes.
En el caso comercial, al estar Perú fuera de los compromisos en esa materia desde 1992, las corrientes comerciales con los demás socios podrían sostenerse estables, porque se basan en acuerdos bilaterales de preferencia mutua.
La crisis con Perú tuvo su detonante final en la imposibilidad de acercar los plazos para que Lima se incorpore plenamente a la zona de libre comercio subregional, completada en 1993, porque el gobierno de Fujimori quería hacerlo en ocho años y el resto que la desgravación comenzara de inmediato.
Un protagonista chileno, de los que no quería la salida de su país del grupo, dijo este viernes a IPS que él y otros muchos estaban convencidos que el retorno seria inevitable, "pero la historia no fue asi", recordó, como no tendría porque serlo en el caso peruano. (FIN/IPS/eg/dg-ff/if/97
