EEUU: Agencia de inmigración violaría derechos de mujeres y niños

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos retienen a mujeres y niños extranjeros indocumentados en condiciones violatorias de las normas internacionales y la Constitución nacional, sostuvieron hoy grupos de derechos humanos.

El Proyecto para los Derechos de la Infancia de la organización neoyorquina Human Rights Watch (HRW) lanzó este jueves un informe de 120 páginas basado en entrevistas con funcionarios de inmigración, abogados de inmigrantes y más de 20 niños detenidos en California y Arizona.

Las autoridades estadounidenses muchas veces niegan asistencia legal a los menores, algunos de hasta ocho años, que en su mayoría terminan siendo deportados, sostiene el informe.

"Muchos permanecen detenidos durante meses, aturdidos y temerosos, sin poder hablar con abogados ni con sus familiares", sostiene el documento, titulado "Filtrándose en las grietas".

El Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) de Estados Unidos "siempre se ha negado a cooperar con grupos comunitarios y abogados que desean ayudar a los niños", afirmó HRW.

Por otra parte, la comisionada del INS Doris Meissner aseguró que su institución "se toma muy en serio su responsabilidad de proteger a los menores bajo custodia y les garantiza seguridad física y emocional".

Además, las instalaciones donde se albergan menores bajo custodia del INS satisfacen, en algunos casos con creces, los requerimientos legislativos de seguridad, educación, recreación y servicios de salud, sostuvo Meissner.

"Sabemos que nuestro programa funciona bien", agregó Janna Evans, portavoz del INS, quien observó que la agencia creó recientemente el cargo de Coordinador Nacional de Menores para garantizar la aplicación de las normas sobre el tratamiento de los niños.

Otra organización de derechos humanos acusó este jueves al INS de violar los derechos de las mujeres inmigrantes que son mantenidas bajo custodia mientras se estudia sus solicitudes de asilo.

Muchas mujeres solicitantes de asilo son "encarceladas junto a criminales, obligadas a usar uniforme de presidiario y esposadas cuando son transportadas a hospitales o audiencias judiciales", sostiene un informe publicado por la Comisión Femenina para los Derechos de Mujeres y Niños Refugiados, de Nueva York.

El informe, titulado "Libertad denegada: Mujeres solicitantes de asilo presas en Estados Unidos", señala que las autoridades de inmigración a menudo niegan a las extranjeras indocumentadas servicios que ofrecen a los hombres en la misma situación, como la traducción y la instrucción en inglés.

Además, las mujeres sufren en algunos casos "abusos físicos y verbales en los establecimientos utilizados por el INS" para albergar a los inmigrantes indocumentados, agrega el documento.

Ambos informes fueron publicados 10 días después de la entrada en vigencia de la última ley estadounidense sobre inmigración, que otorga al INS la facultad de deportar inmediatamente a cualquier extranjero que ingrese al país sin la documentación adecuada.

Las únicas excepciones son las de aquellos extranjeros que puedan demostrar "un temor creíble" de persecución, los cuales serán detenidos en cárceles locales hasta que sus solicitudes de asilo sean estudiadas por la justicia.

Los partidarios de la ley argumentan que las medidas son necesarias porque existen muchos inmigrantes que, habiendo solicitado asilo, fueron liberados de la custodia y desaparecieron en la comunidad de extranjeros de Estados Unidos.

Pero la ley permite a "funcionarios de baja jerarquía del INS tomar decisiones de vida o muerte en relación a las personas que solicitan asilo", afirmó Elena Massimino, del Comité de Abogados por los Derechos Humanos.

El INS detuvo en 1994 a unos 10.000 niños de Cuba, América Central, Haití y China, la mayoría sin compañía adulta. Los menores se encuentran en 110 centros de detención, incluidos institutos de beneficiencia y cárceles.

La ley federal estipula que la reclusión no debe pasar de 30 días y que los niños deben recibir atención legal, médica y educativa. Según las normas del INS, los jóvenes deben ser liberados dentro de las 72 horas de su detención, salvo que sean violentos o que intenten escapar.

El informe de HRW, que investigó la suerte de los niños inmigrantes en Los Angeles y Arizona, reveló que las condiciones de reclusión suelen ser "muy malas", aunque existen grandes variaciones.

En un albergue privado de Arizona contratado por el INS se constataron "múltiples, repetidas y continuas violaciones a las normas de la agencia", especialmente en relación a la representación legal que posibilitaría la solicitud de asilo.

"Los niños detenidos (en el albergue) tienen miedo, están solos y no comprenden lo que les ocurre", dijo Lee Tucker, abogado de HRW.

Evans manifestó a IPS que las autoridades de inmigración rescindieron recientemente su contrato con el albergue de Arizona. "Queremos saber más sobre los abusos cometidos", agregó.

HRW halló que los niños detenidos por el INS no reciben información adecuada sobre sus derechos legales o la reciben en inglés, un idioma que no comprenden. El informe añade que los traductores de chino o español son "casi inexistentes".

Otro problema es la ausencia de fondos para la ayuda legal a niños indocumentados. El informe advierte que la situación se agravará por la reciente prohibición de otorgar asistencia jurídica a inmigrantes indocumentados con fondos del gobierno.

Otra dificultad es la doble función que cumple el INS como ejecutor de la ley y tutor legal en el caso de los niños inmigrantes solos, ya que los funcionarios "estructuran su identidad profesional en torno a su papel como representantes de la ley", en detrimento del otro cometido.

En otros países industrializados como Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca u Holanda, los niños solos son puestos en custodia de funcionarios a cargo del bienestar infantil, mientras las autoridades deciden sobre su situación.

El informe de HRW tiene puntos de contacto con un estudio preliminar de la organización Médicos por los Derechos Humanos, de Boston, que entrevistó a personas detenidas en centros contratados por el INS en Michigan y Texas en 1995.

Muchos niños denunciaron haber sido objeto de abuso verbal, físico o sexual durante su reclusión. Las necesidades médicas de los niños también fueron ignoradas. (FIN/IPS/tra-en/jl/ml-aq/hd-pr/97

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