El presidente provisional del Ecuador, Fabián Alarcón, pasará su prueba de fuego en la consulta popular que se llevará a cabo en mayo, al incluirse una nueva pregunta sobre la legitimidad de su nombramiento por el Congreso unicameral.
Alarcón fue designado presidente interino de Ecuador el 11 de febrero tras la destitución de Abdalá Bucaram por haberlo encontrado el parlamento reducido de sus facultades mentales para ejercer el cargo.
"Es un riesgo sin lugar a dudas pero confiamos en que la población responderá positivamente a esta pregunta", dijo Arturo Gangotena, secretario general de la Administración, quien anunció que este martes se incluirá la pregunta en el registro oficial.
La consulta popular fue convocada por Alarcón para "sellar el pasado y abrir un nuevo rumbo al país, y eso sólo se puede dar con la participación del pueblo en las urnas".
"No es que yo dude de la validez y constitucionalidad de lo que hizo el Congreso cuando destituyó a Bucaram y me nombró presidente interino", dijo Alarcón al dar a conocer su decisión de incluir esta pregunta en la consulta popular, que se llevará a acabo el 25 de mayo.
El primer mandatario interino ejerció la presidencia del parlamento cuando Bucaram fue cesado. Para algunos, incluso para la misma vicepresidenta Rosalía Arteaga, Alarcón fue la cabeza de un golpe de Estado parlamentario que contó con el apoyo masivo de la población.
"Yo no puedo ver solamente por ahora sino por mañana y pasado mañana, cuando los hechos históricos se vayan alejando y pueda haber diferentes interpretaciones", arguyó Alarcón.
En realidad "no se trata de una nueva pregunta", comentó Bernandino Echeverría, representante de la Iglesia Católica.
"Se trata de la división de la primera pregunta de la consulta y que gracias a la presión de la sociedad en su conjunto el gobierno accedió a separar", indicó.
Para Echeverría, la decisión del presidente es acertada ya que "de otra manera se quería legitimar al gobierno con un acto turbio que hubiese provocado mayor incertidumbre".
Anteriormente la primera pregunta se refería a si el pueblo estaba de acuerdo con la resolución del Congreso que destituyó a Bucaram y nombró a Alarcón como su sustituto provisional hasta el 10 de agosto de 1998.
Sin embargo, diversos sectores políticos y sociales manifestaron su rechazo a la formulación de la pregunta, pues consideraron que se refería a dos temas distintos: en primer lugar la destitución del presidente y luego la designación de Alarcón como primer mandatario.
"La respuesta a esta pregunta hubiese sido favorable para Alarcón porque venía acompañada de la destitución de Bucaram", dijo a IPS Freddy Ehlers, ex candidato a la presidencia por el movimiento indígena Nuevo País-Pachakutik.
Para Ehlers, es muy probable que la población esté de acuerdo con la designación de Alarcón, pero "para qué hacer cosas que parecen truculentas".
"El presidente ha recogido las demandas de la opinión pública y el rehacer la consulta popular es una muestra de sensibilidad", apuntó Gangotena.
Sin embargo, para algunos bloques legislativos, la consulta popular tal y como se ha planteado "es innecesaria", ya que "el Congreso actuó legítimamente al destituir a Bucaram y nombrar a Alarcón su sucesor", dijo Luis Jarrín, diputado del partido socialdemócrata Izquierda Democrática.
La consulta tendrá un costo de unos dos millones de dólares, que según diputados como Napoleón Saltos, del bloque Pachakutik, "podrían ser utilizados para solucionar los graves problemas sociales que afronta el país".
"Tengo confianza en que la población nos dará su apoyo pero, en caso contrario, me permitiré no adelantar ninguna opinión de lo que el gobierno hará si la pregunta es respondida negativamente", consideró Alarcón.
"Sólo con la consulta se consolidarán definitivamente esos hechos, con un acontecimiento que nadie va a dudar de su legitimidad, ya que es el pueblo expresado en las urnas, es decir, la democracia", concluyó. (FIN/IPS/mg/dg/ip/97
