La inminente decisión del Senado de Estados Unidos sobre la Convención de Armas Químicas se vislumbra como una gran prueba para el compromiso de Washington con el sistema internacional que lideró por más de 50 años.
La votación, de resultado imprevisible, será también la prueba más importante de la política exterior de la administración del presidente Bill Clinton desde que una mayoría en el Congreso aprobó en 1995 su decisión de desplegar tropas estadounidenses en Bosnia.
Tanto el gobierno como los críticos de la Convención realizan fuertes campañas para influenciar la votación, que se realizará en la noche del jueves tras 18 horas programadas de debate.
Además de telefonear a varios senadores, Clinton dedicó a la causa tres apariciones públicas en igual número de semanas. El domingo, sus secretarios de Defensa y Estado, William Cohen y Madeleine Albright, aparecieron conjuntamente en el programa de televisión Meet the Press para argumentar la ratificación del tratado.
La última vez que los secretarios de Defensa y Estado aparecieron juntos en el programa fue en 1968, en el auge de la guerra de Vietnam.
Está en juego un tratado que prohíbe el desarrollo, la producción, la acumulación y el uso de armas químicas, además de establecer un sistema de verificación por el cual los observadores internacionales pueden realizar inspecciones sorpresivas de instalaciones sospechosas de producir esas armas.
Así mismo, la Convención prohíbe el comercio de productos químicos que podrían utilizarse para fabricar armas con los países que no la ratifiquen.
Firmado por 162 países y ratificado por 72, el tratado entrará en vigencia automáticamente el próximo 29 de abril, "con o sin Estados Unidos", según destacó Clinton en su más reciente pronunciamiento.
Si el Senado no ratifica la Convención antes de esa fecha, Washington quedará excluido de su junta de gobierno y no podrá designar ciudadanos estadounidenses como inspectores.
Además, las compañías químicas estadounidenses no podrán comerciar productos químicos precursores con otras naciones. La Asociación de Fabricantes de Productos Químicos estima que la sanción costaría unos 600 millones de dólares por año en ventas perdidas.
Irónicamente, la Convención fue negociada por dos presidentes republicanos: Ronald Reagan y George Bush. En realidad, fue Reagan quien en 1985 promulgó una ley que exigía al Pentágono la eliminación de sus reservas de armas químicas, y Bush quien decidió en 1991 renunciar unilateralmente a la posesión y uso de esas armas, tras la guerra del Golfo.
Sin embargo, la Constitución de Estados Unidos dispone que todos los tratados internacionales deben ser ratificados por dos tercios de los 100 miembros del Senado.
Para lograr la victoria, Clinton debe convencer al menos a 22 senadores republicanos de que se unan a los 45 demócratas de la cámara.
La tarea no será fácil, dado que tras las elecciones del pasado año, seis republicanos y demócratas partidarios de la Convención fueron reemplazados por republicanos derechistas.
La oposición al tratado está encabezada por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Jesse Helms, quien impidió la discusión del tratado hasta la semana pasada, cuando la Casa Blanca cedió ante su campaña para reorganizar el Departamento de Estado.
Los críticos sostienen que es imposible verificar el cumplimiento del tratado, especialmente en el caso de los países que no lo suscribieron, ya que estarían exentos de las inspecciones. Asimismo, afirman que Washington tendría una falsa sensación de seguridad sobre la posibilidad de un ataque químico.
"La tecnología para elaborar armas químicas está en todas partes, los programas de guerra química son fáciles de disimular, y las respuestas de la comunidad internacional a las violaciones de tratados anteriores fueron poco satisfactorias como para creer que la Convención podría reducir la amenaza química", dijo Dick Cheney, secretario de Defensa del ex presidente George Bush.
Por otra parte, los partidarios de la Convención sostienen que, aunque ningún tratado sobre armas sea plenamente verificable, el que se someterá este jueves a la votación del Senado es el más completo que haya firmado Estados Unidos en los últimos años.
Entre los partidarios de la Convención se encuentra muchos oficiales militares retirados.
Entre los 17 firmantes de una carta enviada el 3 de abril a Clinton solicitando la ratificación del tratado, se incluyen Colin Powell, David Jones y John Vessey (tres ex jefes del Estado Mayor) y el general Norman Schwarzkopf, quien dirigió la guerra contra Iraq en 1991.
El tratado también cuenta con el apoyo de compañías fabricantes de productos químicos, las cuales rechazan el argumento de que el sistema de verificación de la Convención podría dar lugar al espionaje industrial.
"El tratado protegerá nuestros secretos comerciales", porque "sus condiciones de inspección son razonables y apropiadas", declararon nueve compañías químicas.
Los analistas sostienen que detrás de la oposición de los críticos se esconde el rechazo al multilateralismo.
Así mismo, citan al aspirante a candidato presidencial del Partido Republicano en 1996, Stephen Forbes, quien declaró la semana pasada que la Convención es parte esencial de la agenda de Clinton, que incluye "acuerdos multilaterales que afectan la soberanía estadounidense".
En el último mes, Helms trabajó junto a la administración de Clinton para salvar 28 objeciones que planteaban los críticos al tratado, pero piensa exigir la votación de otras cinco reservas que, según Clinton, impedirían la participación de Estados Unidos en la Convención.
Una de las enmiendas aplazaría la inclusión de Washington en el tratado hasta que Rusia lo firme, lo cual, según Clinton, sólo haría menos improbable la adhesión de Yeltsin, y otra prohibiría la participación de Washington hasta que Irak, Libia y otros países renegados lo hagan.
Además, los opositores a la Convención exigen que Clinton certifique que las agencias de inteligencia de Estados Unidos tienen "gran confianza" en que podrán detectar en el término de un año la producción de un agente químico, lo cual es considerado imposible.
La votación del próximo jueves probablemente dependerá de la posición del líder de la mayoría del Senado, Trent Lott. Aunque pertenece a la derecha del partido Republicano como Helms, el senador demostró mayor flexibilidad que este último desde que asumió su cargo hace un año.
Lott, quien ayudó a la administración Clinton a lograr la votación sobre la Convención antes de la fecha límite del 29 de abril, no reveló aún su intención de voto. (FIN/IPS/tra-en/jl/yjc/ml-aq/ip/97
