El plan de acción que los gobernantes del Caribe deberán firmar en mayo con el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, daría a Washington más libertad de movimiento en materia de lucha contra las drogas y seguridad.
El gobierno de Estados Unidos ha intentado ganar control en esas áreas, para lo cual se apoya en informes según los cuales hasta 40 por ciento de los 200.000 kilogramos de cocaína que ingresan a Estados Unidos transitan por el Caribe.
Una recomendación central del plan de acción se refiere a la instalación de una Fuerza de Seguridad del Caribe, con unidades caribeñas y estadounidenses que actuarían conjuntamente contra el tráfico de drogas y armas.
Las discusiones sobre estos temas serán largas e intensas, ya que Estados Unidos dejó claro su interés de que todas las reuniones previas a la cumbre del 9 y 10 de mayo se centren más en cuestiones de seguridad que en comercio y ayuda.
Las propuestas del borrador de plan de acción estudiadas esta semana en una reunión preparatora en Santa Lucía hacen un llamado a una conferencia regional de seguridad para "antes del 31 de julio", con el fin de diseñar una estrategia regional.
Después de esta reunión, el plan deberá ser sometido a los jefes de gobierno antes del 30 de septiembre.
Los integrantes de la fuerza regional incluirán a representantes de Canadá, Gran Bretaña, Francia y Holanda. El cuerpo realizará reuniones de revisión cada seis meses y elaborará un informe completo para los gobiernos antes del 31 de mayo de 1998 y uno final en 1999.
El borrador del documento también prevé que Estados Unidos proponga "la presencia de aduanas estadounidenses, de la Dea (agencia antidrogas), personal de la guardia costera y activos en la región".
En este sentido, sugiere que Estados Unidos entregue barcos y capacitación para patrullar las aguas caribeñas.
Delegados en las reuniones preparatorias dijeron que si los líderes del Caribe aceptan las propuestas de Estados Unidos, este habrá logrado una significativa influencia en el tratamiento de la situación de las drogas en la región.
Además, señalan que la mayoría de los países del Caribe firmaron el polémico acuerdo "Ship Rider", que permite a personal de Estados Unidos perseguir a sospechosos en sus aguas territoriales y espacio aéreo.
Mientras tanto, el Caribe obtuvo una gran victoria en relación a la reciente política de Estados Unidos de deportar a ciudadanos caribeños a sus países de origen una vez que tengan sentencias penales.
Ahora Estados Unidos se comprometió a "avisar con anticipación a las autoridades sobre la deportación de delincuentes".
La falta de aviso, se quejaron autoridades caribeñas, no permitía preparar la llegada de los delincuentes, cuyas actividades ilegales continúan en general en su país de origen, lo cual supone presiones adicionales sobre el sistema judicial y las cárceles.
Desde 1995, 2.944 delincuentes fueron deportados al Caribe, en general desde Estados Unidos. Del total, Jamaica recibió 2.000, Guyana y Trinidad y Tobago 600 entre los dos, y Barbados, 71. (FIN/IPS/tra-en/bw/cb/lp/ip/97
